Los vocales conservadores del Poder Judicial piden un pleno para replicar a los ataques a los jueces en el Congreso

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha solicitado formalmente la convocatoria de un pleno extraordinario para abordar las críticas y descalificaciones dirigidas a los jueces por varios portavoces parlamentarios en el debate de este martes en el que el Congreso rechazó la proposición de ley de amnistía al procés. El reglamento del Consejo prevé que haya que convocar pleno si lo piden cinco vocales. En este caso suscriben la solicitud nueve miembros del órgano, todos ellos elegidos a propuesta del PP.

El escrito con el que se solicita la celebración del pleno critica a su vez a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, por haber actuado con “aquiescencia” y “mutismo” ante las críticas a los jueces, que fueron especialmente virulentas en el caso de la portavoz de Junts, Miriam Nogueras. Esta calificó de “prevaricadores” a los jueces españoles en varios pasajes de su intervención. Los vocales que han firmado el escrito para pedir la celebración del pleno extraordinario son: Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y Wenceslao Olea.

A su vez, el presidente interino del Consejo, Vicente Guilarte, ha hecho este miércoles un llamamiento a los representantes públicos a no cuestionar la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial. “Lo que no guste deberá combatirse a través del sistema de recursos y de instancias superiores”, ha manifestado Guilarte en el acto de inauguración del curso 2024-2025 en la Escuela Judicial, del que formarán parte los 119 jueces y juezas en prácticas de la 74ª promoción. La comisión permanente del Consejo ya hizo público el día 19 un comunicado en el que mostraba su respaldo al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón tras las críticas que le dirigió la ministra Teresa Ribera, quien le atribuyó “cierta querencia” a pronunciarse en “momentos políticos sensibles” sobre cuestiones políticas.

“Hago de nuevo un baldío, pero insistente llamamiento institucional a que nos dejen en paz, a que no cuestionen la imparcialidad de los integrantes del Poder Judicial, cuyo proceder se guía por completo por la legalidad”, ha reclamado Guilarte.

Acusaciones y críticas de mayor calado, como la de prevaricación hacia García-Castellón y otros jueces se escucharon el martes en el debate de la ley de amnistía, en particular en las intervenciones de partidos socios del Gobierno. Ante estas palabras, los vocales conservadores del Consejo han pedido un pleno extraordinario con un único punto del orden del día: el “pronunciamiento sobre las declaraciones vertidas ayer, 30 de enero, en la Sesión Plenaria del Congreso de los Diputados, por oradores de varios grupos parlamentarios ante la aquiescencia y mutismo de la Señora Presidenta de las Cortes”. Junto a la solicitud del pleno extraordinario se adjuntan una serie de informaciones sobre la sesión parlamentaria, aparecidas en los medios de comunicación, todas ellas resaltando las imputaciones y críticas dirigidas a jueces que han intervenido en diversas causas relacionadas con el procés, como los magistrados Manuel García-Castellón, Manuel Marchena y Joaquín Aguirre.

Durante el pleno de este martes, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, con conexión directa con el expresidente catalán Carles Puigdemont, huido de la justicia española, reclamó “una amnistía integral que no deje a nadie atrás, a nadie fuera”. La dirigente independentista descalificó en media docena de ocasiones a la justicia española, y en concreto a la cúpula judicial, como “prevaricadora” y rechazó lo que tildó de pretensión del PSOE de aplicar una “amnistía selectiva” cuando entiende que los máximos responsables judiciales del Estado toman medidas “arbitrarias” y “se sacan delitos del bolsillo” para “hacer política” y “perseguir” de esa manera a los mandatarios catalanes independentistas. Gerardo Pisarello, diputado de Sumar, formación que integra el Gobierno de coalición, también habló en la Cámara baja de “jueces prevaricadores”.

Puigdemont también se sumó a las críticas a los jueces a través de las redes sociales y obtuvo la réplica del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuando ya había terminado el debate parlamentario. En un post en X –antes Twitter-, Puigdemont habló de la judicatura española como una “máquina de picar derechos fundamentales”. El fiscal general hizo público un comunicado expresando su rechazo a “todas aquellas declaraciones que cuestionan que España es un Estado de derecho consolidado” y reconociendo la labor de la judicatura “en la preservación y amparo de los derechos constitucionalmente reconocidos a toda la ciudadanía”.

El presidente interino del Poder Judicial ha agradecido que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, saliera al paso de las palabras que se escucharon en el Congreso, y ha secundado sus palabras de rechazo a las manifestaciones contra los jueces y la judicatura. “No deben olvidar que también ellos, quienes nos insultan, son parte del poder legislativo de un Estado que los acoge y les brinda su Tribuna”, ha valorado Guilarte.

La petición de los vocales conservadores también adjunta la declaración que realizó la permanente del Consejo el 19 de enero en la que se sostenía que las acusaciones de lawfare —utilización política de la justicia― “merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional, merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos”. La convocatoria de un pleno persigue que este tipo de réplicas a las críticas a los jueces sea asumida por el máximo órgano del Consejo.