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El Gobierno pide a Marruecos que no deje embarcar a senegaleses sin visado en vuelos con escala en España

Exteriores reclama a Rabat que anticipe la exigencia de permiso para entrar en el espacio Schengen para evitar el colapso de las salas de inmigrantes inadmitidos de Barajas

España inmigrantes Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, durante la comisión de su departamento, este lunes en el Congreso.Carlos Luján (Europa Press)
El País

El Gobierno español ha pedido a Marruecos que impida embarcar en vuelos a terceros países con escala en España a aquellos ciudadanos senegaleses que no tengan visado de entrada en territorio Schengen ―27 países que comparten el espacio europeo sin fronteras―, aunque no lo necesiten para acceder a su último destino, según ha revelado la Cadena SER. Con esta medida, el Ministerio del Interior trata de cortar el flujo de inmigrantes que ha colapsado las salas de inadmitidos del aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, parte de los cuales son senegaleses.

El Ministerio del Interior ha calificado estas escalas de “fraudulentas”, ya que la intención de los pasajeros no sería llegar a su destino último, sino quedarse en España aprovechando la escala de su vuelo. Sin embargo, al impedirles embarcar en Marruecos, se les privaría de su derecho a solicitar asilo, según denuncia la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR). Entre el 1 de diciembre y el 15 de enero se tramitaron un total de 847 solicitudes de protección internacional en el aeropuerto madrileño, un número inaudito.

La Embajada de España en Rabat ha remitido una “nota verbal” (documento diplomático) al Ministerio de Asuntos Exteriores, Cooperación Africana y Marroquíes Residentes en el Exterior de Rabat en el que le pide que “se adopten las medidas necesarias para impedir temporalmente el embarque en vuelos comerciales con destino a terceros países que no forman parte del espacio Schengen y tránsito aeroportuario en España a los titulares de pasaporte ordinario senegalés en el que no figure visado Schengen estampado en al menos los dos años anteriores al viaje”. Se excluye así a los titulares de pasaporte diplomático y a quienes tengan visado Schengen en vigor (su vigencia ordinaria es de dos años).

La Embajada solicita a las autoridades marroquíes que mantengan esta medida “hasta la entrada en vigor de la obligatoriedad del visado de tránsito aeroportuario para los titulares de dichos pasaportes, prevista para el próximo 19 de febrero”.

Con esta petición, España externaliza a Marruecos el control de los inmigrantes senegaleses y anticipa la aplicación de una medida que aún no ha entrado en vigor. “Es una vuelta de tuerca más a la externalización de fronteras, dejando en manos de Marruecos el control de las personas que necesitan acceder a España, posiblemente para pedir protección internacional”, lamenta Estrella Galán, directora general de CEAR. “Si se quiere poner en marcha una verdadera medida, que se aplique el artículo 38 de la ley de asilo, que contempla la posibilidad de pedir asilo en delegaciones diplomáticas de terceros países y así no tendrían que montarse de esta manera en un avión y, aún menos, en una patera”, añade.

Senegal no es el único país afectado, desde el 20 de enero también se exige visado a los ciudadanos en tránsito de Kenia. El 19 de enero, durante su visita a Rabat, el ministro Fernando Grande-Marlaska ya anunció que, “si hay que introducir visados de tránsito, se introducirán en su forma debida para evitar estas situaciones”, pero no detalló a qué países se aplicarían y, de momento, ha dejado fuera al propio Marruecos, de donde son naturales muchos de los inmigrantes recluidos en las cuatro salas que han habilitado en Barajas, de los que al menos una veintena se han fugado, según fuentes policiales. Las condiciones de hacinamiento e insalubridad en que se encontraban los inmigrantes, entre los que hay numerosos menores, llevaron a tres jueces a pedir en diciembre pasado al Ministerio del Interior la adopción de “medidas urgentes” y al Defensor del Pueblo a hacer varias sugerencias a los ministerios implicados ante la posibilidad de que se esté sometiendo a los solicitantes de asilo a un “trato degradante”.

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