La maría ya no deja ver los bosques

Levantaron un campamento al más puro estilo de los narcos colombianos. Desplegaron lonas sujetas a los troncos de un denso pinar, las cubrieron de vegetación y, debajo, instalaron todo lo necesario para secar las plantas. Instalaron una tubería para captar agua de una acequia del río Chíllar en Nerja (Málaga, 21.450 habitantes). Y habilitaron un área de acampada para cocinar y dormir. Todo ello tras deforestar dos hectáreas en pleno Parque Natural de las Sierras de Tejeda, Alhama y Almijara donde plantar marihuana. Tanta, que cuando la Guardia Civil llegó encontró casi 500 kilos de cogollos ya secos y otra tonelada más ya envasada lista para su transporte. “Los materiales debieron llevarlos en helicóptero, porque pesan muchísimo y es un sitio de barrancos a más de dos horas a pie de cualquier sendero”, afirman sorprendidos los agentes que protagonizaron la Operación Camp durante el otoño pasado.

Las zonas rurales se han convertido en las favoritas de las mafias. Cuanto más aislamiento, mejor. Solo necesitan un lugar alejado, un río del que captar agua, un bosque que no sea difícil talar y buena orientación para obtener muchas horas de sol. Este es un negocio redondo —evita costes de intermediarios— y seguro, porque limita la exposición a los cuerpos de seguridad. Tiene, además, bajas penas de prisión. “Y da muchísimos beneficios”, subraya el fiscal especial antidroga de Marbella, Carlos Tejada: un kilo cuesta 1.000 euros en España y puede llegar a los 9.000 en el norte de Europa. Por ello, numerosos grupos criminales han dejado el complejo tráfico de cocaína y hachís para dedicarse al cannabis. “Lo más preocupante es que habitualmente se custodian por personas armadas”, señala la última memoria de la Fiscalía en Andalucía. En 2020, por ejemplo, tres guardias resultaron heridos al ser recibidos a tiros en un terreno donde crecía cannabis en Cádiz.

Allí, en Málaga o Almería, las operaciones contra la marihuana en áreas rurales son frecuentes gracias a su buen clima. Pero en los últimos años se encuentran por todas partes. Incluso en zonas donde la primavera ofrece nevadas, como en los Pirineos. “Siempre pensé que aquí no tendríamos, pero para mi sorpresa ya hay plantaciones a montones”, relata el subinspector de los Mossos d’Esquadra Cèsar Jou, jefe de la División de Investigación Criminal del Alt Pirineu i Aran, donde solo en 2023 desmantelaron una docena de plantaciones e intervinieron ocho toneladas listas para distribuir, es decir, 27 toneladas de plantas. “Desde 2018, su presencia ha aumentado de manera significativa”, subraya Jou, “pero ocurre en muchos otros territorios”, advierte. La Guardia Civil, por ejemplo, se hizo con 32.370 kilos de cogollos en Castilla-La Mancha en noviembre de 2022. Es el último año con datos publicados en la Estadística Anual sobre Drogas, que refleja el gran crecimiento de los cultivos de la planta en España. “España se ha convertido en país productor de marihuana y derivados del cannabis”, subrayó el Ministerio del Interior para argumentar la puesta en marcha, en noviembre de 2021, del Plan Nacional de Actuación contra la Criminalidad Asociada a la Producción y Tráfico de Marihuana.

El número de kilos incautados por las fuerzas de seguridad se ha cuadruplicado en el último lustro hasta alcanzar los 126.000 en 2022. El crecimiento está liderado por Valencia —donde la cantidad se multiplicó por 11, pasando de menos de 5.000 a casi 55.000 kilos de cogollos— y Cataluña, que pasó de 5.300 a 36.700 en el mismo periodo. Las plantas intervenidas rozaron en 2022 los tres millones, más del triple que en 2018. “El aumento es exponencial año a año”, insiste uno de los agentes del Grupo Roca de la Axarquía, al este de Málaga, donde en 2023 ha habido una veintena de operaciones de la Guardia Civil en otros tantos pequeños municipios.

Una de las operaciones más llamativas, Abulaga, nació el pasado verano cuando agentes de Medio Ambiente alertaron de que una balsa de extinción de incendios se vaciaba a un ritmo desconcertante. La Guardia Civil comprobó la existencia de una bomba que sustraía el agua y la llevaba hasta Sierra Bermeja, donde un área de alto valor ecológico —cercana al lugar donde el fuego calcinó 15.000 hectáreas en 2021 y 2022— había sido deforestada para cultivar un millar de plantas. Hubo tres detenidos. En la misma época, la Guardia Civil arrestó a otras 14 personas implicadas en el cultivo de 12 toneladas de marihuana en un bosque del Pirineo aragonés, donde se encontraron 12.000 plantas durante la Operación Captum, desarrollada en las comarcas de Sobrarbe y Ribagorza (Huesca) donde un año antes se intervinieron —en la Operación Periculum— 44.382 plantas en nueve parajes recónditos casi inaccesibles. En ambos casos habían cortado árboles y arrasado con la masa forestal para disponer de más espacio de cultivo. En el mismo otoño de 2022, los Mossos d’Esquadra desmantelaron otra gran plantación en Forat de Bulí (Lleida) donde los traficantes habían talado 220 árboles y habían dejado sin ramas un centenar más. Las lista de actuaciones policiales reciente en zonas aisladas es interminable: Tarragona, Girona, Sevilla, León, Ciudad Real…

Aislamiento, agua y sol

Para los cuerpos de seguridad que trabajan en el mundo rural, como los que integran los 140 Grupos Roca en todas las comunidades autónomas, salvo País Vasco y Cataluña, las investigaciones relacionadas con marihuana son ya casi rutina. Estos equipos nacieron en 2011 para vigilar expresamente los robos en explotaciones agrícolas y ganaderas, pero los agentes explican que han pasado de encontrar pequeños cultivos para autoconsumo a grandes zonas con miles ejemplares promovidas por organizaciones internacionales. Principalmente, son albaneses, polacos, chinos, holandeses o españoles. A veces nadie se entera de que llegan ni que se van. “Intentan pasar desapercibidos, no quieren problemas con nadie”, explica un experimentado Policía Nacional.

La operativa desarrollada por las organizaciones criminales responde a unas características similares. Lo habitual es que una persona de confianza explore un territorio hasta que encuentra el lugar propicio. Debe tener tres requisitos principales. El primero, el aislamiento de áreas residenciales o senderos, de ahí que prefieran comarcas afectadas por la despoblación. La segunda, un curso de agua —extraída con bombas y generadores, dadas las altas necesidades de miles de plantas— y, la tercera, una orientación que permita el máximo de horas de sol. También seleccionan bosques que no sean muy densos para facilitar el aclarado forestal, que realizan con hachas y sierras mecánicas. La madera obtenida la reciclan para construir sus campamentos, mesas, sillas o camas, así como los estanques donde almacenan el agua y la mezclan con fertilizantes de crecimiento y floración. A veces también levantan invernaderos con lonas opacas que abren y cierran para agilizar la cosecha. Luego roturan el suelo, plantan y realizan el mantenimiento. Tras la cosecha, secan los cogollos en el mismo lugar y los envasan al vacío. Luego los almacenan y los distribuyen, poco a poco, en vehículos hacia el norte de Europa.

“Es un esfuerzo enorme, pero cada vez son más especializados. Y aprenden: antes hacían una gran plantación con 15.000 o 20.000 ejemplares. Ahora prefieren varias parcelas de 2.000 o 3.000 plantas. Saben que alguna caerá, pero se aseguran el resto”, subraya el subinspector Cèsar Jou, que lideró a finales del año pasado una operación en la que se encontraron 27.000 plantas, que en el mercado tendrían un valor de 49 millones de euros. Como en otras, había personal que permanece en la zona para trabajar en la cosecha. Su actividad contamina el suelo por el uso de fertilizantes químicos que pueden afectar a la flora y la fauna y daña el medio ambiente por la deforestación o la modificación del curso de riachuelos para la extracción irregular de agua. Genera, además, numerosos deshechos —hierros, sacos de plástico, botellas, restos de comida, bombonas de butano, herramientas o incluso placas solares— y supone un gran riesgo de incendio por el uso de generadores, pero también porque los guardianes suelen fumar.

Los agentes policiales destacan las dificultades para detectar estos cultivos, porque a veces ni los drones los encuentran. No solo por el aislamiento, también porque vigilar en pleno bosque conlleva numerosos problemas. Entre ellos las medidas de seguridad, como “el refuerzo de vallado perimetral, sensores de movimientos y cámaras de visión nocturna o sistemas de videovigilancia”, según destaca la memoria de la Fiscalía de Andalucía. También hay bandas que instalan trampas en los alrededores. Ya sea una simple cuerda escondida que al pisarla hacen sonar una campana o mecanismos que activan tubos cargados con cartuchos. “Tenemos un agente con la pierna llena de perdigones”, subraya Jou. La presencia de armas es cada vez más frecuente entre el personal que guarda y mantiene los recintos, sobre todo debido al temor a los robos por parte de bandas rivales. Por eso lanza un consejo: “Si alguien se encuentra con una de estas plantaciones, que no se acerque, ni haga fotos. Que se vaya y luego nos avise. Es muy peligroso”, concluye.