Los sindicatos policiales rechazan de plano la cesión de las competencias de inmigración a Cataluña

El rechazo de los sindicatos policiales a la cesión de las competencias en migración a la Generalitat por parte del Estado es unánime. Las organizaciones han criticado duramente la medida acordada con Junts para que, con sus abstención, el Gobierno pudiera sacar adelante al menos dos de los tres decretos sometidos a votación este miércoles en el superpleno del Congreso.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en la Policía Nacional, ha remitido este jueves una carta urgente al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras confirmar lo que califican como “un hecho tan grave”. “Esperamos que el ministro del Interior no falte a sus obligaciones y se muestre en contra y defienda a la Policía Nacional sobre la que ejerce el mando y especialmente preserve las competencias del Cuerpo”, han expresado en un comunicado.

Al igual que los otros sindicatos, que se han manifestado en idéntico sentido, los policías del SUP entienden que ese traspaso de competencias “supone la casi total desintegración de la Policía Nacional en Cataluña”, “un desmantelamiento”, y debilita al Estado. A su juicio, “ceder las competencias de inmigración en Cataluña es un retroceso, ceder no es progresar”, han remarcado desde el sindicato. Además, señalan, la medida va en contra del planteamiento europeo que pretende afrontar el fenómeno de manera global y no regional.

“El Gobierno ha abierto en las últimas horas la puerta al desguace competencial del Estado en una materia muy sensible”, advirtieron desde la Confederación Española de Policía (CEP) a ultima hora del miércoles, cuando comenzaban a desvelarse las contrapartidas de la abstención de Junts en el superpleno que se alargó toda la jornada. “Se trata de un ámbito en el que es vital la unidad de criterio y la visión global de un fenómeno cuyo origen y motivaciones superan ampliamente el enfoque limitado regional”, argumentaban.

Paliar una debilidad parlamentaria

Desde la CEP advierten de que “esta cesión, que se plantea materializar utilizando un mecanismo excepcional contemplado en el artículo 150.2 de la Constitución española y que requiere la aprobación de una Ley Orgánica de desconcentración de esa competencia exclusiva del Estado, no obedece a un proceso sosegado y riguroso de análisis de necesidades”. Aseguran que “tampoco es la conclusión de un debate en el que se haya acreditado que la gestión compartida de las políticas migratorias es más eficaz o va a beneficiar más a los ciudadanos”. En su opinión, “al contrario, la medida responde a la aplicación de un criterio de conveniencia política —plenamente legítimo, pero de consecuencias evidentes en el ámbito migratorio— cuyo fin último no es la mejora de una política pública sino el paliar una debilidad parlamentaria”.

Por su parte, el sindicato Jupol, que rivaliza con el SUP en afiliaciones dentro del Cuerpo Nacional de Policía, ha señalado que la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez supone “un nuevo paso para consumar la salida de la Policía Nacional de Cataluña, a la que pretenden convertir en un cuerpo policial sin funciones”. Según su portavoz, Aarón Rivero, “Se trata de una nueva pérdida de competencias para los policías nacionales en Cataluña, que no atiende a criterios técnicos u operativos, sino a objetivos políticos y partidistas”.

Aunque se desconoce aún el alcance concreto de esta cesión, que podría limitarse a la parcela social y laboral y no a otras con mayor afectación a la actividad policial, los sindicatos han querido defender la importancia de que tanto las infracciones en materia de Extranjería como el régimen sancionador siga estando en manos de la Policía Nacional. El SUP también ha solicitado el amparo de la Unión Europea frente a lo que considera “un riesgo extremo para nuestras fronteras”, y ha advertido al ministro de “que su posición será firme y contundente y de que nunca permitirán “el mercadeo de las competencias de seguridad a cambio de votos”.