Centro de menores Zambrana de Valladolid: 800 incidentes en un año y récord de bajas laborales

El reguero de noticias asusta. Un interno muerto tras una trifulca con un guarda de seguridad, motines contra los instructores, puñaladas cuando salen de permiso, agresiones intramuros… todo en el centro de menores Zambrana de Valladolid. El espacio, administrado por la Consejería de Familia de Castilla y León y con unos 60 usuarios, acoge a los residentes más conflictivos de la comunidad, con amplio historial delictivo para su edad. Los trabajadores del Zambrana, desde educadores a vigilantes, denuncian una precariedad laboral causante de múltiples bajas por ansiedad o abandonos de quienes no aguantan más: hasta 22 de los 86 educadores de atención directa. Este año han sufrido más de 800 incidentes, incluyendo ataques físicos. La Junta destinó unos ocho millones de euros en 2023 a una empresa subcontratada para su funcionamiento, mientras la plantilla denuncia un círculo vicioso: a menos efectivos, más insubordinación.

El día a día se ha convertido en un suplicio. Actuales y anteriores empleados, que piden anonimato por sus cláusulas de confidencialidad, admiten que el desempeño nunca resulta sencillo por las condiciones de los jóvenes: habitualmente de bajo perfil socioeconómico, con experiencias a sus años “que ni tú y yo juntos en toda nuestra vida” y con problemas educativos de base muchas veces solucionados con hostilidad y violencia. La convivencia con chavales con entornos complejos y actitudes disruptivas, divididos por perfiles en áreas, puede propiciar estallidos de agresividad, enfrentamientos verbales o físicos y desmanes difíciles de capear para los adultos. Portavoces de Familia ratifican la complejidad: “Por el perfil de los menores es habitual en centros de estas características que se produzcan situaciones de conflicto”. El secretario del comité de empresa y delegado de prevención, José Miguel García, matiza las versiones oficiales, pues a la exigencia del Zambrana se enfrentan con sueldos mensuales de unos 1.200 euros “sin ningún plus de penosidad ni peligrosidad”, 1.500 para los más veteranos. Estos salarios propician que los especialistas busquen alternativas laborales o mejor remuneradas o menos duras, reduciendo así la experiencia de los empleados.

El director técnico de Atención a la Infancia, Tomás Montero, asume los picos críticos derivados de una mayor presencia de internos, pasando “de unos 45 a más de 60″. “En épocas de altas ocupaciones las necesidades se hacen evidentes”, reconoce, pero defiende la función del Zambrana y matiza que los menores implicados en percances o violencia son minoría frente a quienes mantienen la compostura dentro de su conflictividad. Montero detalla que el actual contrato de adjudicación vence el 30 de junio y para entonces confía en “atender algunas de las reclamaciones”. García explica que “la gran mayoría [de los internos] muestra comportamientos adaptados y cumple sus medidas”, pero hay unidades extremas autoras este 2023 de más de 800 incidentes, con 33 “agresiones físicas”, 10 de ellas a educadores. “El resto corresponde a amenazas, consumos de sustancias, faltas de respeto, no seguir indicaciones y muchas agresiones psicológicas”, describe el trabajador: “La mayoría son adolescentes, con lo que conlleva en emociones, con pocos límites en su entorno familiar, bajos niveles de frustración y tolerancia. Puedes estar realizando las actividades tranquilamente y en dos segundos tener un incidente por la mayor bobada”, indica, y define al Zambrana como “la última” de las oportunidades dadas por el sistema a autores de delitos de entidad. Algunos de ellos, cuando cumplen 18, prosiguen sus penas en la cárcel. Fuentes de la Fiscalía de Menores de Valladolid valoran la acción del centro, pero reconocen que las bajas laborales y la escasez de profesionales dificulta manejar a los muchachos.

El representante de los trabajadores, con 20 años en esas instalaciones, denuncia que en los últimos meses se ha vivido un motín y un conato de otro, algo inédito “en 16 años”, y culpa a la jefatura. “¿Quién ha organizado, impulsado y supervisado esas actuaciones? ¿Un subdirector de gestión o un director que no tienen experiencia ni cualificación para esas funciones?”, se pregunta, y destaca que la figura clave de la subdirectora técnica, coordinadora entre educadores, técnicos y juzgados, pasó seis meses vacante hasta que el tema llegó a las Cortes y de pronto se cubrió el puesto. Entre disputas políticas, hechos intramuros: en septiembre un trabajador fue abofeteado y empujado por un interno entre amenazas como “te voy a matar” o “ahora voy a coger un pincho que tengo en la habitación y la voy a preparar”, según el parte al que ha accedido EL PAÍS.

El delegado de prevención cita frecuentes episodios donde los permisos retribuidos o bajas médicas no atendidas merman la cantidad de educadores o vigilantes. El comité de empresa ha exigido a la gerencia de Servicios Sociales cambios en las jornadas laborales, pues al reducirse las ocho horas anteriores quedaron tramos con menos personal y más peliagudos para los presentes. También reclaman reducir la temporalidad de los contratos, mejorar los calendarios de hasta ocho días seguidos para no saturar a la plantilla y mejoras económicas. Familia se ha abierto a la “revisión de las prescripciones del contrato, por lo que el vigente no se prorrogará” cuando venza en junio y se compromete a aumentar los profesionales, recuperar las tandas de ocho horas e incrementar las plantillas “asociado al aumento de menores o a situaciones de mayor conflictividad”. Falta hace, resume una educadora. La empleada muestra un diagnóstico médico de “ansiedad” que le hizo perder seis kilos, con problemas de sueño o digestivos: “Es un destrozapersonas, nadie sabe lo que estamos pasando y en qué estado mental nos han dejado”.