La Fiscalía investigará a la Delegación del Gobierno en Murcia por la ‘rave’ de Fuente Álamo
La denuncia de Vox, dirigida también al Ayuntamiento de la localidad, apela a una posible omisión de deber de perseguir delitos o a un presunto delito contra el medio ambiente
El vicepresidente de la Región de Murcia, José Ángel Antelo, de Vox, ha denunciado ante la Fiscalía a la Delegación del Gobierno en la comunidad autónoma y al Ayuntamiento de Fuente Álamo por una posible omisión de persecución de delitos y un presunto delito contra el medio ambiente en relación con la macrofiesta ilegal que se celebró en ese municipio la semana pasada.
El líder regional de Vox, que además de vicepresidente es consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio, ha presentado la denuncia la mañana de este lunes, según ha confirmado a los periodistas el fiscal superior de Murcia, Luis Díaz Manzanera, durante un acto en el que han tomado posesión de sus cargos cuatro nuevos fiscales que harán labores de refuerzo.
Según ha indicado, la denuncia del vicepresidente está dirigida contra la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, que organizó el dispositivo de la Guardia Civil que trató de velar la seguridad de la fiesta y en el que participaron en torno a un centenar de agentes. También denuncia el vicepresidente al Ayuntamiento de Fuente Álamo —en manos del PP—, responsable de la coordinación con la Policía Local, que trabajó mano a mano con los guardias civiles durante los siete días que duró la rave, del sábado 30 de diciembre, cuando miles de personas se instalaron en el circuito de velocidad en desuso que hay a las afueras del municipio, hasta el viernes 5 de enero, cuando se desmontó el último de los siete escenarios que habían estado emitiendo música a lo largo de esos días. Antelo incluye también en su denuncia a un dirigente regional de Podemos, aunque el fiscal superior no ha especificado de quién se trata ni de qué se le acusa.
La denuncia, según ha explicado el fiscal superior, está ya en manos de la fiscal de área que investigará este caso y que incoará diligencias para determinar si realmente hay indicios de que la Delegación del Gobierno central y el Ayuntamiento omitieran su deber de cometer delitos o hayan incurrido en delitos contra el medio ambiente. En función a las conclusiones a las que llegue, se archivará el caso, o bien se abrirán nuevas diligencias de investigación.
El dirigente de Vox ya exigió el pasado 2 de enero a la alcaldesa de Fuente Álamo, la popular Juana María Martínez, que convocara una Junta Local de Seguridad “extraordinaria y urgente” con el objetivo de abordar “los posibles hechos delictivos e infracciones administrativas que se puedan desprender de la celebración” de la fiesta ilegal, que llegó a congregar en sus momentos más álgidos a unas 8.000 personas. En un comunicado, Antelo advertía entonces de que los asistentes a la fiesta estaban ocupando de forma ilegal el circuito de velocidad, que nunca ha llegado a estar en uso y que es de titularidad municipal, y también incumpliendo la normativa autonómica en materia de celebración de espectáculos. Apelaba también a la trasgresión de la Ley 2/2017, de 13 de febrero, en su disposición adicional octava, sobre régimen de control previo de los espectáculos públicos y actividades recreativas ocasionales o extraordinarias. Por todo ello, Antelo exigió “actuaciones inmediatas para frenar esta fiesta ilegal” ante “la manifiesta carencia de iniciativa para afrontar esta situación por parte de la Delegación del Gobierno” cuya titular, la socialista Mariola Guevara, fue designada el pasado 12 de diciembre y ni siquiera había tomado oficialmente posesión de su cargo, ya que lo hará en la tarde de este lunes.
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