Drones y punteros láser traen de cabeza a los aeropuertos

Las aeronaves pilotadas por control remoto, comúnmente conocidas como drones, y los punteros láser se han convertido en un quebradero de cabeza para los responsables de seguridad de los aeropuertos españoles. Desde 2019 y hasta el pasado 26 de noviembre, el Ministerio del Transportes ha contabilizado 1.728 incidentes provocados por alguno de estos artilugios. De ellos, 431 se han producido en 2023, que se ha convertido así en el año que mayor número registra del último lustro, según detalla el Gobierno en una reciente respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

Según este documento, solo ocho de los sucesos registrados en estos cinco años ―todos ellos con drones― afectaron al tráfico aéreo en España, provocando desvíos o retrasos de vuelos. Los dos últimos, este año. Diferentes estudios han corroborado que una de estas aeronaves de tan solo un kilo de peso puede ocasionar graves daños a un avión si colisionan en pleno vuelo. Los punteros deslumbran a los pilotos y pueden, incluso, causarles una leve ceguera momentánea en las fases críticas de aproximación, despegue o aterrizaje de las aeronaves.

Según recoge la respuesta parlamentaria, en 2019 se produjo el avistamiento de 132 drones en aeropuertos y se notificaron 298 deslumbramientos de pilotos con punteros láser. Al año siguiente, el de la pandemia y, por tanto, con severas restricciones de movilidad, la cifra de sucesos conocidos se desplomó a 58 con vehículos aéreos no tripulados y 127 con punteros. Estos números repuntaron en 2021 (68 y 208, respectivamente), cuando aún había restricciones de viaje. En 2022 las cifras se incrementaron a 74 drones y 332 con puntero, para en los primeros 11 meses de este año contabilizarse 80 y 351 respectivamente.

De los ocho que tuvieron “afección a la operación aeroportuaria”, el informe señala que en 2019 se produjo uno. Según detallan fuentes del gestor Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), ocurrió en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid-Barajas y provocó el desvío de dos aviones y algunos retrasos. Al año siguiente, el aeródromo madrileño sufrió otro, el más grave hasta la fecha, que desembocó en 21 desvíos. En 2021 fueron tres (dos en el aeropuerto de Ibiza y otro en el de Jerez, que provocaron en todos los casos retrasos) y uno más al año siguiente (en Fuerteventura, que provocó un desvío). En 2023 ya se han registrados dos. Uno en el aeropuerto de Zaragoza, el pasado 11 de octubre, que obligó a desviar tres aviones, y el último en el de Málaga, después de que una compañía aérea informó de un posible impacto en una de sus naves que no provocó daños.

La respuesta parlamentaria destaca que “solo una mínima parte de la totalidad de las incidencias registradas (inferior al 2%) requirieron la activación de los protocolos operativos establecidos para estos casos, dado que fueron avisos para los que, o bien no se pudo constatar una segunda confirmación cualificada de la presencia del dron, o bien su avistamiento se produjo fuera de las zonas de riesgo determinadas en dichos protocolos”. El documento añade que “en todos los aeropuertos se ha implantado un sistema de gestión de la seguridad operacional que evalúa de forma continua los peligros que afectan a la operación concreta de cada aeropuerto y definen, cuando es necesario, las medidas mitigadoras necesarias para mantener el riesgo detectado a un nivel tolerable o aceptable”.

El comandante José Luis Fernández, de la Jefatura Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil, señala que, hasta ahora, los incidentes en aeropuertos con aeronaves por control remoto son fruto en su práctica totalidad de la “imprudencia” de sus dueños. “Se compran o les regalan un dron y lo vuelan sin saber que existen limitaciones e, incluso, prohibición de sobrevolar en numerosos espacios”, añade. Entre estas zonas están las relacionadas con la defensa nacional, infraestructuras estratégicas, áreas naturales protegidas, aglomeraciones de edificios en lugares habitados y, por supuesto, los aeropuertos. Para estos últimos, la legislación detalla que no se pueden volar drones y aeromodelos a menos de ocho kilómetros de su punto de referencia.

El mando del instituto armado detalla que, para activarse el protocolo de actuación ante la supuesta presencia de un dron, no es suficiente con que alguien asegure haber visto una de esas aeronaves cerca de un aeropuerto: “Se necesitan observadores cualificados, como dos pilotos de aerolíneas diferentes o un miembro de las fuerzas de seguridad”. El comandante Fernández detalla que, cuando finalmente se confirma la presencia de uno de estos artilugios, un equipo Pegaso (Policía Especialista en Gestión Aeronáutica y de Seguridad Operacional) de la Guardia Civil se desplaza para neutralizarlos, entre otros medios, con la ayuda de fusiles antidrones Jammer, que arrebatan con ondas el control del aparato a su propietario en pleno uso. Si su propietario es identificado, se enfrenta a multas que van hasta los 90.001 euros si la infracción la comete un particular o hasta los 225.000 si el responsable último es una empresa especializada.

En el caso de los punteros láser, la imprudencia deja paso a la intencionalidad. El teniente Felipe Álvaro Sanz, responsable del equipo Pegaso de la Guardia Civil en el aeropuerto de Madrid-Barajas, reconoce la dificultad para localizar a los autores del deslumbramiento de pilotos: “Necesitamos que los pilotos transmitan las coordenadas precisas sobre el lugar donde creen que procede la luz. Incluso así, cuando llegamos al lugar suele no haber ya nadie”, añade. El Sindicato de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla) elaboró en 2019, junto a la Unión Sindical de Controladores de Aéreos, una guía en las que instan a los pilotos que sufran un deslumbramiento por estos haces de luz a que informen a la torre de control “inmediatamente, dando la información más precisa que puedas del lugar desde el que crees que se está emitiendo”.

“Proponemos una batería de medidas que incluyan la prohibición de punteros láser de alta potencia que puedan afectar a las aeronaves, junto con campañas de sensibilización sobre las sanciones penales que afectan a aquellas personas que pongan en grave riesgo a una aeronave, así como garantizar la efectividad de las sanciones que se impongan. Es crucial que la sociedad comprenda los riesgos que estos dispositivos representan para la seguridad de los pasajeros y la tripulación”, afirma Daniel Escohotado, vicepresidente de Sepla y comandante de B787. La ley de seguridad ciudadana, la conocida como ley mordaza, considera “la proyección de haces de luz, mediante cualquier tipo de dispositivo, sobre los pilotos o conductores de medios de transporte que puedan deslumbrarles o distraer su atención y provocar accidentes” como una infracción muy grave sancionable con multas de de 30.001 a 600.000 euros.