El Gobierno se compromete a subir el sueldo de los abogados del turno de oficio en cinco comunidades

El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha comprometido este jueves a incrementar los baremos que fijan la remuneración de los abogados del turno de oficio en las cinco comunidades que no tienen transferidas las competencias en Justicia (Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla). Bolaños ha alcanzado este compromiso con la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, con la que se ha reunido dentro de la ronda de contactos que está manteniendo con todos los agentes del sector desde que tomó posesión de la cartera de Justicia. “Han de tener una retribución digna, justa para el trabajo que hacen”, ha admitido Bolaños en referencia a las retribuciones que reciben ahora estos profesionales, que garantizan el acceso a la justicia de las personas con menos recursos.

La actualización de las retribuciones del turno de oficio, congeladas desde hace cinco años, es una de las reivindicaciones de este colectivo, al que se dedican alrededor de 44.000 profesionales de la abogacía en España. Sus miembros llevan años denunciando el maltrato institucional al que, aseguran, están sometidos y hace unos meses protagonizaron movilizaciones para reclamar un incremento de las retribuciones y cobrar por todo el trabajo que prestan, ya que ahora hay servicios que no se retribuyen. Según los últimos datos (de 2021, pero desde entonces no ha habido cambios) ofrecidos por el Consejo General de la Abogacía Española, los abogados de oficio cobran de media 134 euros por cada asunto en el que intervienen, aunque hay diferencias entre Comunidades, ya que aquellas con competencias transferidas negocian de forma interna las cuantías. El ministro ha acordado con la presidenta de la Abogacía sentarse para negociar a principios de año el aumento de las retribuciones de las comunidades dependientes del ministerio, que reciben los importes más bajos de toda España. “Es absolutamente imprescindible actualizar los baremos”, ha señalado Ortega.

Durante la reunión, el ministro ha informado también a la presidenta de los abogados de la intención del Ejecutivo de impulsar dos leyes que afectan directamente a este sector. La primera, una reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita, de 1996. “Hay que modernizarla, incorporar nuevos supuestos que antes no existían y garantizar la posibilidad de que los ciudadanos tengan acceso de forma gratuita a la Justicia”, ha recalcado Bolaños en una comparecencia conjunta posterior ante los medios de comunicación. La segunda norma es una ley orgánica del derecho a la defensa, que estaba en tramitación en la legislatura anterior, pero se quedó sin completar por el adelanto electoral. El ministro ha recalcado que será “pionera” en la UE. “España va a ser vanguardia en garantizar ese derecho. Se trata convertir el servicio público de la Justicia en lo que ha de ser, un servicio público de calidad”, ha afirmado Bolaños.