Sin fecha de juicio por las huelgas: “Lo peor es que de esto depende que pueda cuidar a mi hijo”

Basilio Hernández presentó en diciembre una demanda por cese laboral que aún continúa en el cajón de los juzgados. Este extremeño de 47 años explica que demandó a su jefa tras ser despedido un día después de sufrir un accidente en el trabajo. “Todavía no la han admitido a trámite”, cuenta Víctor Fernández, su abogado, que hace una semana llamó al juzgado para pedir explicaciones y le comunicaron que el retraso se debía a la huelga de los letrados de justicia. “Esto debería haberse resuelto en febrero”, señala Fernández. La oleada de protestas de diversos sectores de la justicia ha ralentizado la puesta en marcha de miles de procedimientos judiciales.

“Yo apoyo cualquier huelga, pero esta me ha afectado muchísimo”, sostiene Mirella Lozano, teleoperadora de 40 años. Esta relata desde su casa en Baza (Granada) que presentó una demanda en diciembre porque su empresa le denegó la petición de adaptación de jornada por conciliación familiar. Lozano dio a luz en septiembre y tres meses después planteó la posibilidad de teletrabajar para poder cuidar de la niña, pero la compañía para la que trabaja se opuso. El juicio, que estaba previsto para el 31 de enero, fue cancelado por la huelga de los letrados. “Lo peor fue que no me daban fecha nueva y poder cuidar de mi hijo dependía de esto”, explica Lozano y añade que finalmente se celebró a mediados de abril.

La tormenta no parece que vaya a amainar. Los 45.000 funcionarios de Justicia, en huelga indefinida desde el 17 de abril, exigen a la ministra Pilar Llop una subida salarial digna “en línea con la aprobada para los letrados”, que finalmente aceptaron el aumento de sueldo de hasta 450 euros del Gobierno –frente a los 600 que pedían–, después de dos meses de paros que han provocado la suspensión de más 350.000 juicios y vistas. A los funcionarios se suman los abogados de turno de oficio que salieron a protestar frente al Congreso el pasado jueves para reivindicar mejoras en sus retribuciones, y los jueces y fiscales que amenazan con paros indefinidos a partir del 16 de mayo (en plena campaña electoral).

En el caso de Hernández, el proceso está completamente paralizado. El extremeño asegura estar muy cabreado: “Llevo un año esperando que [la empresa] me pague lo que me debe. A lo mejor denuncio a los jueces para que me paguen también porque no pienso esperar otro año más”. Según su testimonio, el 12 de octubre del año pasado se dio un golpe en la pierna con un hierro mientras realizaba tareas de carga y descarga. Tras comunicárselo a sus superiores lo despidieron sin pagarle nada, por lo que decidió poner una denuncia, siempre según su versión. “Te partes la pierna, te dan de baja, no te pagan ni la seguridad social ni la empresa... y los abogados y los jueces están de huelga... Me siento olvidado”.

Elena Otero y su hijo de 12 años también se han visto afectados por esta huelga. El dinero que le embargaron a su expareja correspondiente a la pensión alimenticia del niño se encuentra retenido en un juzgado de Madrid desde hace seis meses. “Yo en noviembre ya debería haber tenido resuelto esto”, asegura indignada Otero, y señala que el proceso ahora está estancado. Mariló Lozano, presidenta de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA), apunta que estas situaciones producen un perjuicio económico, “en ocasiones irreparable” y de mucha angustia vital y emocional. Elena cobra el salario mínimo vital y recibe ayuda económica de su familia, lo que le permite aguantar hasta que se resuelva su caso. “Soy afortunada de contar con ese apoyo, pero imagino que no todo el mundo lo tiene. Hay niños que pueden estar pasando hambre al no recibir el dinero de la pensión alimenticia”.