Poco y en parches: las cárceles españolas resisten la amenaza del fentanilo

La amenaza del fentanilo, la droga cuyo consumo causa estragos en EE UU, aún no ha saltado los muros de las cárceles españolas. Entre diciembre de 2019 y julio de 2023, tan solo se produjeron 15 incautaciones de este opioide en las prisiones dependientes del Ministerio del Interior, según los datos facilitados a EL PAÍS por fuentes penitenciarias. Además, de ellas, más del 90% correspondieron a parches adhesivos transdérmicos, una presentación farmacológica que libera de manera lenta el principio activo y, por tanto, alejado del formato en polvo que se inyecta, se inhala o se fuma. Los departamentos de Justicia de la Generalitat catalana y el Gobierno vasco, comunidades con competencias en materias de prisiones, aseguran no haber realizado hasta el momento ninguna incautación de esta sustancia en los centros penitenciarios bajo su gestión.

Dos de las incautaciones se produjeron en la prisión de Burgos, según reveló en su último número La Voz del Patio, un periódico que elaboran los reclusos de este centro. La primera fue de 20 parches y se le intervino a un preso que había regresado de un permiso de salida. La segunda, de tres apósitos de 12 miligramos de fentanilo cada uno, se hizo en una de las celdas del Centro de Inserción Social (CIS), donde cumplen sus condenas presos en semilibertad, según confirman fuentes penitenciarias. Ninguno de los dos internos tenía prescripción médica para esta sustancia, que se utiliza para tratar episodios de dolor muy severo. El fentanilo es un medicamento 50 veces más potente que la heroína y 100 más que la morfina, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU.

La mínima presencia de esta droga en las cárceles coincide con la también reducida aparición hasta ahora en las calles de España. En los últimos seis años, las fuerzas de seguridad ha intervenido tan solo 379 gramos de esta sustancia, según datos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), que recopila la información de todas las policías, incluidas las autonómicas. De esta cantidad, tres cuartas partes (291 gramos) correspondieron a una única actuación, de 2018, en el puerto de Ceuta. Desde entonces, las cantidades incautadas por la policía rozan la insignificancia —en 2022 fueron 40 gramos y, en los nueve primeros meses de este año, tres gramos—, sobre todo si se compara con las aprehensiones de cocaína (58,3 toneladas intervenidas en 2022), marihuana (126 toneladas) o hachís (318,9 toneladas).

La última incautación se produjo el 16 de noviembre en La Línea de la Concepción (Cádiz), cuando la policía detuvo a un pequeño traficante con ocho comprimidos de un medicamento que contiene fentanilo. En octubre, había sido detenida en Logroño una mujer acusada de haber falsificado recetas médicas con las que consiguió más de 10.000 pastillas de otro fármaco con esta sustancia en su composición. La investigación concluyó que no las quería para traficar, sino para su propio consumo.

Muy distinta es la situación en EEUU, donde el fentanilo ha saltado de las consultas médicas y las farmacias a las calles y, una vez distribuido en su forma ilegal, ha engrosado la llamada epidemia de los opiáceos, responsable de miles de muertes. En este país, se considera a esta droga la responsable de la peor crisis sanitaria de su historia reciente, solo a la altura del sida en los años ochenta y la pandemia de la covid-19. La sustancia fue en 2022 responsable de las dos terceras partes de las 110.000 muertes por sobredosis en este país, un récord histórico. Ese mismo año, la DEA (siglas en inglés de la agencia estadounidense contra el narcotráfico) se incautó de 50,6 millones de píldoras falsas y de 4.500 kilos de polvo de fentanilo. El pasado julio, Washington convocó a 84 países para establecer una “alianza mundial” contra esta droga.

En España, las fuerzas de seguridad están alerta ―Policía Nacional y Guardia Civil están instruyendo a sus agentes en el manejo de los eventuales alijos que se aprehendan, dada su alta toxicidad―, pero aún no se han disparado las alarmas. Un informe policial incidía recientemente en que las mínimas cantidades de esta sustancia intervenidas hasta ahora “muestran, de momento, un panorama alejado de las noticias alarmantes que en los últimos tiempos aparecen en los medios de comunicación sobre el peligro que supone el fentanilo y su aparición en España”. El último informe de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas sobre el consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales en España apunta en el mismo sentido. En 2021, último año recogido en el estudio, se notificaron 17 fallecimientos por drogas en los que estuvo presente el fentanilo, muy lejos de las cifras de EEUU. El año anterior habían sido 20 casos y, en 2019, 19.

Los médicos también creen muy improbable que en España se replique la crisis de los opioides que está sufriendo Estados Unidos. Es un fenómeno que observan con atención, pero consideran que allí tiene raíces muy distintas. “En su sistema, un paciente puede ir a 10 médicos distintos a por recetas, eso aquí es imposible”, señala Ancor Serrano, coordinador del Grupo de Trabajo de Dolor Neuropático de la Sociedad Española del Dolor (SED). En España existe un gran control de las recetas y se usa solamente para dolores muy severos.

A grandes rasgos, existen dos tipos de fármacos que se basan en el fentanilo. Un grupo es el de liberación rápida, que proporciona un alivio inmediato de los dolores. Está indicado sobre todo para patología oncológica y se administra fundamentalmente en el ámbito hospitalario. Las recetas de estos fármacos tienen que ir visadas por la inspección, un control extra al que están sometidos algunos medicamentos para evitar el fraude y el consumo inadecuados, ya sea porque son muy caros o muy peligrosos, como sería el caso del fentanilo mal empleado.

Son estos formatos de liberación rápida, que pueden ir desde pastillas hasta algo parecido a piruletas, los principales responsables de la crisis de los opioides en Estados Unidos, donde los pacientes se han saltado de una u otra forma las prescripciones médicas y donde se ha traficado para su uso como estupefaciente.

La otra forma de aplicación son los parches de liberación lenta ―el formato que representa la inmensa mayoría de las incautaciones en las cárceles españolas―, que hacen efecto durante 72 horas y que también están indicados únicamente para dolores muy severos. Estos están sujetos a receta médica, pero no tienen el control del visado de la inspección. No obstante, según señala Alicia Alonso Cardaño, que coordina el grupo de trabajo de opioides de la SED, la receta electrónica hace que los médicos puedan saber el uso que los pacientes hacen, si tratan de conseguir más del que realmente les hace falta. “No hay que bajar la guardia con esto”, señala. La médica explica que esos casos, aunque se producen, son raras excepciones.