Las asociaciones progresistas de jueces y fiscales piden la dimisión en bloque del Poder Judicial
Juezas y Jueces para la Democracia y la UPF acusan a la actual mayoría conservadora del órgano de “servilismo a opciones partidistas” y de actuar “sin credibilidad” y “sin legitimidad”
La Unión Progresista de Fiscales (UPF) y Juezas y Jueces para la Democracia han pedido en un comunicado conjunto este lunes la dimisión en bloque del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con su presidente provisional, Vicente Guilarte, al frente. Ambas asociaciones de la izquierda judicial afirman que, “pese a que el art. 122.3 de la Constitución española establece que la duración de su mandato son cinco años, el actual lleva diez”, pues debería haberse renovado en 2018 por un acuerdo entre el PSOE y el PP, pero los populares han ido demorando esa negociación. En este tiempo se han sucedido “tres presidentes”, subraya el comunicado, y el Consejo “cuenta cada vez con menos vocales, que dejaron de serlo por fallecimiento, jubilación o renuncia”. Ahora ocupan su puesto 16 de los 20 integrantes iniciales. Esta “anormalidad institucional” ―explican― “supone un evidente perjuicio para la sociedad y la organización judicial”. Por otra parte, acusan a la actual mayoría conservadora del Consejo de “servilismo a opciones partidistas” y de actuar “sin credibilidad” y “sin legitimidad”.
“En este triste quinto aniversario [este lunes se cumplen cinco años desde que el CGPJ debió renovar su composición] reclamamos (…) la dimisión del presidente y vocales del Consejo General del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de quienes, anteriormente, constataron que no cabía prolongar irregularmente la duración de su mandato”, manifiestan las dos asociaciones. El comunicado subraya que el Tribunal Supremo padece cada vez más vacantes, la mayoría de las presidencias de Audiencia y Tribunales Superiores de Justicia están en funciones y la falta de liderazgo del CGPJ entorpece el trabajo de juzgados y tribunales. También destacan que “quienes acuden al Poder Judicial a litigar, profesionales del derecho, y la sociedad en general, sufren los perjuicios de esta situación”. El CGPJ tiene prohibido por ley desde 2021 realizar nombramientos mientras siga en funciones, lo cual ha redundado en un aumento de vacantes en la cúpula judicial.
El comunicado conjunto añade que “las numerosas excusas que opone el Partido Popular para mantener su bloqueo durante años ya ni siquiera merecen comentario” y, “en cambio, (…) quienes permanecen como vocales del CGPJ contribuyen decisivamente a mantener esta situación que vulnera la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial”. A juicio de la UPF y Juezas y Jueces para la Democracia, “personas que por su profesión y responsabilidad están obligadas a garantizar el cumplimiento de ambas, y del ordenamiento jurídico, prolongan su mandato sin credibilidad, sin legitimidad y sin rubor alguno”.
Sobre la conducta de la mayoría conservadora que pervive en el Consejo, el comunicado afirma que “un grupo mayoritario de vocales del CGPJ se permite intervenir en el debate partidista sobre una proposición de ley que ni siquiera se había presentado en las Cortes [en referencia a la proposición de ley de amnistía], retrasar el preceptivo informe sobre proyectos de Ley, como el de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que aún no han emitido, opinar con su cargo caducado y en funciones sobre la idoneidad del Fiscal General del Estado y demorar deliberadamente durante semanas la renovación del Tribunal Constitucional”, en alusión al retraso del último relevo de magistrados de esta institución, entre septiembre de 2022 y enero de 2023.
El comunicado afirma que dichos vocales han contribuido con su proceder “al desprestigio de una institución” que, consideran, “se encuentra en franca descomposición”. Las dos asociaciones manifiestan que “hay un vergonzante abandono de funciones propias e imprescindibles, que no producen réditos políticos a quienes sin motivo legítimo les mantienen en el cargo, única preocupación desde hace demasiado tiempo de sus integrantes”. Explican que prueba de todo ello es la sentencia 581/2023, de 22 de septiembre, dictada por el Tribunal Supremo, para condenar al Consejo General del Poder Judicial por incumplir su obligación de regular la carga de trabajo de la carrera judicial a efectos de salud laboral, o que anulara varios de sus nombramientos para el Tribunal Supremo o presidencias de Tribunal Superior de Justicia.
El comunicado añade que la actuación de dichos vocales “afecta directamente al derecho al juez natural predeterminado por la ley, pues las comisiones de servicio que acuerdan con la excusa de reforzar juzgados y tribunales se verifican sin criterios objetivos y eludiendo el escalafón”. En definitiva –―terminan diciendo las asociaciones―, los vocales de la actual mayoría del Consejo “abusan de su función, hace cinco años caducada, incumplen la Constitución que juraron acatar y manchan la imagen de imparcialidad de la judicatura con su servilismo a opciones partidistas”.
