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Los jueces que obtuvieron el respaldo de la justicia europea reclaman al Constitucional que actúe para desbloquear la renovación del Poder Judicial

El tribunal pone en marcha un informe interno sobre posibles iniciativas para que las Cortes no mantengan paralizados los relevos en el órgano de gobierno de los jueces

Poder Judicial
El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, reunido con el presidente por suplencia del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, en la propia sede del Consejo el 24 de noviembre en Madrid.Raúl Salgado (Pool Moncloa) (EL PAÍS)
José María Brunet

Los seis jueces que consiguieron el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) para que se siga intentando la renovación del Consejo General del Poder Judicial han reclamado al Constitucional que actúe ya para conseguir el desbloqueo de las negociaciones. Dichos jueces pidieron primero el amparo del órgano de garantías, que se limitó a inadmitir su recurso por estimarlo fuera de plazo. La justicia europea consideró que con esa respuesta se había vulnerado el derecho de los demandantes a obtener una tutela judicial efectiva, y que la justificación del órgano de garantías para desatender su caso no suponía un argumento suficiente. Esta sentencia del Tribunal de Estrasburgo es firme desde el pasado 22 de septiembre, y lo que han reclamado ahora dichos jueces es que el Constitucional reaccione y actúe para tratar de impulsar la renovación del órgano de gobierno de la magistratura. En una primera respuesta, el tribunal ha anunciado este viernes que se pone en marcha la elaboración de un informe interno sobre las posibilidades de actuación que tiene para impulsar que se renueve el Poder Judicial.

Los demandantes persiguen que desde el Constitucional se le recuerde al Parlamento que tiene pendiente de cumplimiento una serie de trámites que hubieran tenido que llevarse a cabo incluso a pesar de que los partidos no estén negociando para renovar el Consejo. La petición de amparo de los jueces, y de su asociación, la Francisco de Vitoria, la segunda de la carrera judicial en número de afiliados, es que las Cortes empiecen por cumplir con la obligación de oír a los candidatos propuestos como vocales del Poder Judicial, cuando se presentaron en 2018. La tesis de los reclamantes es que la parálisis de los partidos no puede traducirse en una parálisis de las cámaras. Y para ello pidieron el amparo del Constitucional, que inadmitió su recurso sin entrar en el fondo del asunto, motivo por el cual luego los demandantes consiguieron el respaldo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Ante la nueva petición de los jueces José Antonio Baena Sierra, Rafael Estébez Benito, Mónica García de Yzaguirre, Manuel Jaén Vallejo, Juan Luis Lorenzo Bragado y María Tardón Olmos, el Constitucional ha respondido este viernes con un comunicado en el que da cuenta de que ha asumido el asunto el propio presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido.

La primera decisión adoptada ha sido la de encargar un informe jurídico interno, para examinar qué es lo que en concreto puede hacerse desde el Constitucional para que se aborde la renovación del Poder Judicial. La sentencia de Estrasburgo no imponía actuaciones específicas, pero el amparo concedido a los demandantes dejaba claro que en todo caso el órgano de garantías debía evitar que no se examinase a fondo la petición de los jueces y tratar de que, en consecuencia, no siguiera paralizada la renovación del Poder Judicial. Por la primera respuesta del tribunal tras el fallo de Estrasburgo queda claro, por otra parte, que no habrá resolución inmediata, porque el estudio interno encargado será analizado ya a partir de inicios del año próximo por la Sala Primera del Constitucional.

Lo que el órgano de garantías va a examinar a partir de ahora, por tanto, es si cabe acceder a la petición de los demandantes en el sentido de que anule su acuerdo anterior, por el que rechazó su primer recurso. Y también analizará qué es lo que puede hacer para conseguir que las Cortes cumplan sus obligaciones y sigan tramitando las candidaturas de los jueces que se presentaron como candidatos a vocales hace cinco años, todo ello después de que la sentencia de Estrasburgo haya dejado claro que lo que no cabe es mantener la inacción.

La propia presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Siofra O’Leary, subrayó en su visita a España el pasado 5 de octubre que la justicia europea puede intervenir “cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces”. O’Leary hizo esta afirmación al repasar algunos de los casos más significativos en que el Tribunal de Estrasburgo ha corregido decisiones de la justicia española. La presidenta del TEDH se refería en los mencionados términos a la sentencia de este tribunal por la que estimó que el Constitucional español vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al inadmitir un recurso de amparo de seis jueces españoles ante la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)

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