La presidenta del Tribunal de Estrasburgo avisa de que cuando hay “bloqueo político” para nombrar jueces los tribunales pueden “intervenir”

La presidenta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), Siofra O’Leary, ha defendido este jueves la intervención de la justicia europea “cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces”. O’Leary hizo esta afirmación al repasar algunos de los casos más significativos en que el Tribunal de Estrasburgo ha corregido decisiones de la justicia española. La presidenta del TEDH se refería a la sentencia de este tribunal por la que se estimó que el Constitucional español vulneró el Convenio Europeo de Derechos Humanos al inadmitir un recurso de amparo de seis jueces españoles ante la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El Tribunal de Estrasburgo consideró que el Constitucional español se limitó a rechazar la petición de amparo de dichos jueces porque habían presentado su recurso fuera de plazo, pero no acompañó a esta decisión de “una adecuada motivación”. Dado que estaba pronunciando su conferencia ante el propio tribunal de garantías español, O’Leary añadió que “no quisiera ser inoportuna con mis anfitriones al mencionar este caso”, que “nos recuerda que las dificultades en relación con la organización del poder judicial y el sistema de justicia pueden manifestarse de distintas maneras en muchos Estados europeos”. Pero el mismo caso —prosiguió— también subraya que “cuando se producen bloqueos a nivel político en relación con el nombramiento de jueces, los tribunales nacionales y europeos pueden tener que intervenir en defensa tanto de la independencia judicial como del buen funcionamiento de un Estado democrático de derecho”.

O’Leary, que antes de su intervención ha sido recibida por Felipe VI en compañía de Cándido Conde-Pumpido, presidente del Tribunal Constitucional, también se refirió al mismo problema en otro momento de su conferencia, al afirmar que el Convenio Europeo de Derechos Humanos “no impone normas uniformes en toda Europa en relación con una multitud de cuestiones”, entre ellas “la organización de los sistemas judiciales”. En todo caso, precisó en relación con la petición de amparo de seis jueces de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), en defensa de los candidatos a formar parte del Consejo del Poder Judicial, que el Tribunal de Estrasburgo constató en este asunto “una violación del Convenio [Europeo de Derechos Humanos]” al considerar que no existía “una jurisprudencia reiterada sobre el cómputo del plazo legal que hubiera sido previsiblemente aplicable” al caso de los demandantes. Por otra parte, la queja de dichos jueces prosperó en el tribunal de Estrasburgo porque en España el Constitucional “había sido la única instancia jurisdiccional” que hubiese podido conocer a fondo “la situación denunciada por los demandantes”.

La presidenta del TEDH mencionó este asunto como significativo en relación con España tras referirse a las más de 26.000 sentencias que ha dictado dicho tribunal en más de 60 años, en los que ha resuelto más de un millón de demandas. O’Leary hizo también referencia en sus conclusiones a que a lo largo de dichos decenios el tribunal de Estrasburgo “ha desempeñado un papel crucial en la preservación y protección de los valores europeos comunes de la democracia pluralista”. Pero dejó también un mensaje de advertencia, al manifestar que “la fortaleza y estabilidad de nuestras instituciones es esencial para la preservación de nuestro modo de vida”, cuando “además de las fuerzas centrífugas que nos afectan a todos en Europa, España se enfrenta a sus propios desafíos internos”.

O’Leary comentó en la recepción posterior que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) es consciente del “impacto” de los recursos presentados contra la sentencia del procés. No dio fechas para su posible resolución, pero sí manifestó que en el Tribunal de Estrasburgo hay pleno conocimiento de la relevancia e interés del caso. El pasado 22 de septiembre, el TEDH emplazó al Estado español a responder seis preguntas antes del 12 de enero de 2024. Entre otras cuestiones, el TEDH, preguntó si el fallo del Supremo hizo una “interpretación imprevisible o expansiva del delito de sedición y/o malversación de fondos contraria al artículo 7 del Convenio”, alegación que es uno de los ejes del recurso de los condenados en la sentencia del procés. Dicho artículo establece que “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según el derecho nacional o internacional”.

En otro apartado de su conferencia, O’Leary se refirió a las consecuencias de la guerra en Ucrania como especial reto para la justicia europea, y explicó que son 15.000 las demandas acumuladas por el TEDH contra la Federación Rusa. Añadió que el de Estrasburgo “es el único tribunal internacional que, por el momento, está examinando en cuanto al fondo los acontecimientos ocurridos en Ucrania desde 2014 hasta la invasión de febrero de 2022″. Siofra O’Leary afirmó asimismo que “la guerra de Ucrania ha reconfigurado las fronteras jurídicas y políticas de Europa y ha alterado drásticamente su estructura de seguridad”.