El Gobierno andaluz invoca al “espíritu de Doñana” y pedirá las transferencias de los trenes de cercanías

El Gobierno andaluz que preside Juan Manuel Moreno se ha comprometido, a través de su grupo parlamentario, a pedir al Estado la competencia del transporte ferroviario de cercanías, contemplada en el artículo 64 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. La iniciativa ha partido de los grupos izquierdistas Por Andalucía (la marca regional de Sumar) y Mixto-Adelante Andalucía, en las votaciones de las propuestas de resolución del debate del estado de la comunidad.

El propio Moreno ha votado las dos propuestas desde su escaño. La de Por Andalucía insta a su gobierno a solicitar la convocatoria de la comisión mixta de transferencia para reclamar “el traspaso integral” del servicio de transporte ferroviario que se desarrolle íntegramente en Andalucía a lo largo de la legislatura”; mientras que la de Adelante reclama además “la financiación asociada correspondiente para poner en marcha un plan de interconexión a través del ferrocarril de todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes”.

En la primera jornada del debate, Moreno hizo casi una veintena de anuncios, pero ninguno de ellos aludía a la reclamación de las competencias ferroviarias. Simplemente se limitó a hacer un juego dialéctico: “¿Se imaginan qué haríamos en Andalucía con los 6.000 millones de euros de financiación de los trenes de cercanías?”. Pero de la imaginación no pasó a la concreción.

Fuentes del Gobierno andaluz han explicado que se han sumado a la propuesta invocando el “espíritu de Doñana” para llegar a acuerdos con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, como el que se ha logrado esta semana con el parque nacional. El día anterior, Moreno aludió a ese pacto doñanesco y encargó a su consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, a negociar con el grupo socialista sobre los Presupuestos andaluces y los del Estado. Pero mientas Moreno exhibe su mejor perfil, en el Congreso de los Diputados el PP de Feijóo se dispone a una oposición “proporcional y proporcionada” frente a un Gobierno “radical”.

El PSOE de Andalucía, principal grupo de la oposición, se ha abstenido, lo que ha sorprendido a sus coaligados de Sumar en el Gobierno de la nación. En el acuerdo para la investidura de Sánchez, el PSOE tiene firmado un acuerdo con Esquerra Republicana de Cataluña en el que se compromete a “culminar y ampliar el traspaso integral de la Administración General del Estado a la Generalitat de Cataluña, a lo largo de la presente legislatura, del servicio de transporte ferroviario de Rodalies”. También hay un acuerdo con el PNV para “traspasar la gestión económica de la Seguridad Social” en un plazo de dos años, como figura en el Estatuto de Gernika. En el artículo 63.3 del Estatuto andaluz también se recoge esa competencia, aunque el Gobierno de Moreno no las va a pedir, según las fuentes consultadas.

La portavoz socialista, Ángeles Férriz, ha eludido explicar el motivo de la abstención sobre las competencias ferroviarias, aunque ha aclarado que no se trataba de un error a la hora de votar. “Nuestra posición es la abstención” se ha limitado a responder a preguntas de los periodistas. Poco después, el PSOE envió un confuso comunicado en el que intenta explicarse: “El Gobierno de la Junta no lo ha solicitado formalmente en ningún momento al Estado [el traspaso ferroviario] y, sin embargo, ahora vota a favor a ciegas sin dar ningún tipo de información al respecto”. También recuerda que el PP tumbó una iniciativa del PSOE para constituir una ponencia sobre desarrollo del Estatuto. E insta al Gobierno de Moreno a que ya que ha aprobado pedir esa transferencia la reclame “formalmente”. Media hora después, el PSOE, en otra nota, ha exigido al Gobierno andaluz que explicara en la comisión de Desarrollo Estatutario la justificación de la propuesta.

También el PSOE se ha abstenido a una propuesta de Adelante sobre la reforma del sistema de financiación apoyada por la mayoría absoluta del PP. El grupo popular se ha comprometido a que en el nuevo modelo se incluyan factores socioeconómicos ahora no contemplados como “la población de 0 a 18 años, la tasa de población en riesgo de pobreza, la tasa de desempleo o el índice de temporalidad”. Por el contra, el PP rechazó la propuesta del PSOE de crear una ponencia en el Senado sobre la reforma de la financiación.