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La derecha no logra europeizar el debate sobre la amnistía en la Eurocámara

Reynders destaca durante un pleno con escasa asistencia sobre el asunto en el Parlamento Europeo que Cataluña es un asunto interno de España, pero promete analizar “muy de cerca” la ley

UE
El presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, este miércoles en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia).RONALD WITTEK (EFE)
María R. Sahuquillo

Bruselas es la gran bala que el Partido Popular quiere activar contra la amnistía para los encausados en el procés. Pero este miércoles, en un pleno en el Parlamento Europeo sobre el asunto impulsado por los populares, el comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders, no le ha dado munición para la crítica. “La situación de Cataluña sigue siendo un tema interno de España que se dirimirá según su Constitución”, ha remarcado el liberal belga durante un debate bronco y de alta tensión al que han asistido menos de un centenar de los 705 eurodiputados. “El debate y análisis sobre la ley de amnistía ha de producirse en España, dentro del marco constitucional español y ha de empezar en el Parlamento español”, ha zanjado Reynders, que ha explicado que la Comisión, como guardiana de los tratados, analizará el encaje del proyecto de ley “para asegurar su compatibilidad con el derecho comunitario”. Y ha prometido que seguirá “muy de cerca” y de de forma “muy cuidadosa y objetiva” la cuestión. La evaluación de Bruselas solo concluirá, además, cuando estén presentadas todas las enmiendas al texto legal.

El PP, apoyado por el Partido Popular Europeo (PPE), que ha hecho de la amnistía y de la situación en España un tema crucial mientras se prepara para las elecciones europeas de 2024 en las que afronta una dura competencia con una ultraderecha que le gana terreno, no ha logrado europeizar el debate, como quería. Aunque la mitad de los oradores han sido europeos —fundamentalmente del PPE, de ECR (la familia de Vox) y ultraconservadores de grupos no adscritos— la reducida asistencia ha sido prácticamente española. Han intervenido también varios socialdemócratas portugueses, un alemán y un finlandés que han defendido que la amnistía es un asunto que únicamente compete a la soberanía de España y a su marco constitucional.

En este argumento ha incidido también la secretaria de Estado de Exteriores, Ángeles Moreno, que ha intervenido como representante del Consejo de la UE, que España preside este semestre. La importancia para el Ejecutivo de Sánchez de la presidencia rotatoria que termina en diciembre espolea los esfuerzos del PP de obtener una respuesta rápida del Ejecutivo comunitario que pueda dañar al Gobierno. Los populares, Vox y Ciudadanos están muy pendientes de Bruselas tras la carta de Reynders en la que hace dos semanas pidió “explicaciones” sobre la medida cuando aún no había siquiera un texto legal y no se había firmado el acuerdo entre PSOE y Junts sobre la amnistía, que propició el apoyo de los independentistas a la investidura de Sánchez. Reynders ha insistido este miércoles en que las “preocupaciones” que manifestó al Gobierno español trasladaban las inquietudes de cientos de ciudadanos que han escrito a Bruselas, así como las de representantes políticos.

En un tono durísimo, el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, que se ha implicado muy a fondo en la campaña de la rama popular española contra la amnistía, ha atacado al presidente del Gobierno de España. “Tarde o temprano Alberto Núñez Feijóo será presidente mientras Sánchez va a pasar a la historia como aquel que violó el estado de derecho”, ha dicho el socialcristiano alemán, que también preside el grupo popular en la Eurocámara. Weber, que ha asegurado que la amnistía abona el riesgo para que se celebre un nuevo referéndum de independencia, había puesto grandes esperanzas en que el PP llegara al Gobierno en España. Los populares europeos han ido perdiendo terreno en la UE y España es uno de los países más poblados e influyentes.

Weber ha enumerado que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) —que tiene el mandato caducado desde hace cinco años y cuya renovación ha bloqueado el PP— se opone a la amnistía. Y ha hablado de las movilizaciones en las calles e incluso ha citado al expresidente del Gobierno socialista Felipe González, que ha criticado la medida propulsada por su propio partido, el PSOE. “Escucha, Europa, el grito de millones de españoles que dicen no a una amnistía que crea ciudadanos de primera y de segunda”, ha dicho Dolors Montserrat, eurodiputada popular y vicepresidenta de grupo del PPE en la Eurocámara, en el debate, muy subido de tono y en el que la vicepresidenta de la Eurocámara Evelyn Regner, que lo moderó, ha tenido que llamar al orden a los oradores.

Pese al jarro de agua fría que ha supuesto el bajo perfil de la declaración de Reynders —ha dedicado, de hecho, gran parte de su tiempo a instar a España a renovar el CGPJ—, el PP se ha mostrado satisfecho con lo sucedido en Estrasburgo y cree que Bruselas “ha sacado los colores a España”, según fuentes de la formación política, donde se ve como una victoria que el comisario de Justicia haya repetido que estudiará la ley.

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Euroescépticos

Las críticas más duras han llegado desde la extrema derecha de Vox (de la familia europea ultraconservadora ECR), que pese a su carácter euroescéptico —clama contra los “burócratas de Bruselas”— ha acudido a la Eurocámara contra la amnistía, donde ha llegado como oyente incluso Santiago Abascal, presidente de la formación. En Estrasburgo, el eurodiputado Jorge Buxadé ha repetido el argumento de que la medida de gracia es “un golpe de Estado”. Buxadé ha acusado al presidente del Gobierno de ser un “narcisista” y un “egoísta”. “Stalin estaría orgulloso de Sánchez”, ha asegurado Buxadé, que también ha hablado de las movilizaciones en las calles. Protestas en las que en algunos casos se han visto banderas anticonstitucionales y agujereadas para quitarles el escudo constitucional. Vox, que tiene en su ideario elementos contrarios a la Constitución, como la abolición del Estado de las autonomías, se apoya además en una supuesta anticonstitucionalidad para criticar la amnistía.

Mientras, el PSOE y sus socios del Gobierno han defendido la amnistía y han acusado al PP y a la ultraderecha de no asumir ni digerir el resultado de las elecciones del 23 de julio que no dieron mayoría a los populares para gobernar ni siquiera en coalición con la ultraderecha. “Ante la mayor crisis constitucional de la democracia española solo hay dos caminos: el fracasado de la imposición y la amenaza o el camino del diálogo, el entendimiento y la reconciliación”, ha señalado la líder de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, Iratxe García, que ha afeado al PP que hable de Estado de derecho cuando tiene bloqueada la renovación del CGPJ que tanto preocupa a Bruselas.

“¿Cómo puede jactarse el Partido Popular de ser garante de la unidad de España, cuando durante el gobierno de Mariano Rajoy tuvo lugar la mayor crisis territorial de la historia de la democracia española con dos referéndums y una declaración unilateral de independencia?”, ha lanzado García. La líder de los socialistas y demócratas ha acusado a Weber de mentir por decir que la proposición de ley de amnistía ampara delitos de terrorismo. En realidad, y al contrario de lo que afirmó García, sí que los ampara: solo quedan fuera de la amnistía los autores de delitos de terrorismo condenados con sentencia firme. Los hechos del procés no han dado lugar todavía a ninguna condena por terrorismo, y mucho menos firme; por tanto, las causas del procés en las que se está investigando un posible delito de terrorismo abiertas en la Audiencia Nacional sí serían amnistiadas.

El eurodiputado de Junts Toni Comín, que se beneficiará de la amnistía cuando se apruebe, ha recordado a Weber que los un tribunal alemán descartó que durante el procés hubiera rebelión y sedición, cuando analizó la euro-orden emitida contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

“La amnistía es un mecanismo jurídico extraordinario, pero no es ajeno a nuestra tradición jurídica”, ha resaltado la eurodiputada de La Izquierda María Eugenia Rodríguez Palop. “Está plenamente normalizada en Europa y en España se utiliza desde el siglo XIX”, ha añadido “Se adapta a nuestro sistema constitucional y nuestra democracia se inicia con la amnistía del 77, refrendada en los tribunales. Claro que a ustedes no les gustó la Constitución ni tampoco esa amnistía. Le gustan más las amnistías fiscales o los indultos masivos sin control parlamentario”, ha remarcado la eurodiputada en el pleno.

El eurodiputado de Ciudadanos (de grupo liberal Renew), Adrián Vázquez, que busca su espacio de cara a las elecciones europeas de 2024, ha comparado la situación en España con la deriva autoritaria de Polonia y Hungría, apercibidos y multados por Bruselas por sus incumplimientos constantes con sus reformas de la justicia para controlarla, las leyes de medios y los ataques contra la minorías, las personas LGTBI o los derechos de las mujeres. Varsovia y Budapest nada tienen que ver con la ley de amnistía en España, pero la comparación es un argumento que repiten (cada uno a su medida) también el PP y Vox —esos últimos para criticar un supuesto doble rasero de Bruselas―. Así, la mayoría de los eurodiputados no españoles que ha intervenido en el debate en contra de la amnistía ha seguido esa senda. Como el ultra francés (no alineado) Nicolas Bai. “Somos testigos de una amnistía criminal por motivos políticos y Bruselas se calla”, ha dicho. O el eurodiputado del PPE François-Xavier Bellamy, que ha asegurado que los socialistas y demócratas y la izquierda “siempre han elevado su voz sobre Hungría y Polonia” y no lo hacen, en este caso, con España.

En Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha declarado: “Como español, me apena ver al principal partido de la oposición secuestrando un asunto tan importante para la UE como es el Estado de Derecho para difundir sus bulos nacionales”. El jefe de la diplomacia española ha lamentado que el PP intente trasladar un debate interno a las instituciones comunitarias “para dar la senciación de que es un tema europeo” y ha concluido que esa actitud demuestra que está “incapacitado para gobernar”, informa Miguel González.

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Sobre la firma

María R. Sahuquillo
Es jefa de la delegación de Bruselas. Antes, en Moscú, desde donde se ocupó de Rusia, Ucrania, Bielorrusia y el resto del espacio post-soviético. Sigue pendiente de la guerra en Ucrania, que ha cubierto desde el inicio. Ha desarrollado casi toda su carrera en EL PAÍS. Además de temas internacionales está especializada en igualdad y sanidad.
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