El Supremo cita a declarar el 12 de diciembre al senador popular Manuel Baltar por por conducir a 215 kilómetros por hora

El Tribunal Supremo ha ofrecido al expresidente de la Diputación de Ourense y actual senador del PP, Manuel Baltar, que comparezca voluntariamente a las 10.00 horas del 12 de diciembre por la causa abierta en su contra por un presunto delito contra la seguridad vial, después de que fuera sorprendido en abril circulando a 215 kilómetros por hora al volante de un coche oficial. En una providencia, la instructora de su causa en el Supremo, la magistrada Ana Ferrer, le ofrece esta posibilidad que permitiría al Supremo seguir instruyendo el caso sin necesidad de solicitar ya al Senado el suplicatorio necesario para investigar a los aforados. De esta forma, si Baltar acude al Supremo, el tribunal podrá decidir, en función de lo que declare y del resto de pruebas que existan, si ve indicios necesarios para juzgar a Baltar por un delito contra la seguridad vial o, por el contrario, archiva la causa. Si en ese momento el tribunal opta por actuar contra el senador, ya sí que tendría que reclamar el suplicatorio a la Cámara alta.

La decisión de la instructora de citar al expresidente de la Diputación de Ourense se produce solo 24 horas después de que el Supremo abriera la causa contra él, después de que el juzgado de Zamora sobre el que recayó la causa inicialmente (los hechos se produjeron en esta provincia) se inhibiera tras acreditar que el que fuera líder del PP orensano es ahora senador. El Supremo solicitó informe a la Fiscalía, que se mostró favorable a investigarle.

El exceso de velocidad por el que ahora se le investiga ya le costó en parte a Baltar su puesto en la diputación de Ourense, del que dimitió en junio para facilitar que la entidad tuviera un presidente del PP, según argumentó tras dejar el cargo. El PP perdió la mayoría absoluta en la provincia en las elecciones municipales del 28-M y, para mantener el poder, dependía de un pacto con el partido independiente Democracia Ourensana, dirigido por Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de la capital provincial. Pero los escándalos en torno a Baltar, con la investigación por un supuesto delito contra la seguridad como ejemplo más reciente, complicaban el pacto y el líder popular dio un paso al lado. Antes del 28-M, Baltar había hecho todo lo posible, y conseguido con éxito, por demorar hasta después de las elecciones una posible condena por exceso de velocidad.

La normativa establece que la infracción por exceso de velocidad en vías interurbanas es un delito contra la seguridad del tráfico si se supera en más de 80 kilómetros por hora la velocidad máxima permitida por el reglamento. No obstante, existe un margen de error en los radares que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es de un 5% en los radares fijos, y de un 7% en los radares móviles. En el caso de la A-52, donde fue interceptado Baltar, el máximo es 120 kilómetros por hora y el radar era fijo, por lo que el límite de velocidad para no entrar en los márgenes del ámbito penal era de 210 kilómetros por hora y lo rebasó en cinco.