Grande-Marlaska, guante de seda y mano de hierro

Fernando Grande-Marlaska, bilbaíno de 60 años, lleva un lustro al frente del Ministerio del Interior, donde ha ejercido con guante de seda y mano de hierro. Del mismo modo que en junio de 2018, nada más tomar posesión, recibió a los inmigrantes del Aquarius con banda de música en Valencia o anunció la retirada de las concertinas de cuchillas en las vallas de Melilla, su actitud y decisiones políticas ante las sucesivas crisis migratorias de los últimos años le han granjeado duras críticas de distintos sectores de la izquierda. Además, destituyó de manera fulminante a dos de los más carismáticos mandos de la Guardia Civil: en agosto de 2018 al coronel Manuel Sánchez Corbí (exjefe de la UCO, Unidad Central Operativa) y, en mayo de 2020, al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del operativo policial en Cataluña que intentó parar el referéndum ilegal del 1-O de 2017. Ambos ceses, que han acabado en el Tribunal Supremo, enrarecieron su relación con el Instituto Armado.

Tampoco le tembló el pulso cuando, nada más ser confirmado en su cargo en el segundo Gobierno de Sánchez, en enero de 2020, cesó a su propia secretaria de Estado, la socialista valenciana Ana Botella, y al director de la Guardia Civil, Felix Azón. En las mismas fechas destituyó al inspector de policía, médico y responsable del Servicio de Riesgos Laborales, José Antonio Nieto González, cuando este envió una recomendación interna para usar mascarillas y guantes ante el peligro, aún no dimensionado en España, del coronavirus.

“Ni pena ni miedo”, lleva tatuado Marlaska en su muñeca. Curtido como juez en el País Vasco y designado vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP en 2013, al ser fichado por Sánchez se instaló en la residencia del ministerio con su marido y sus perros, anunciando otra manera de entender la seguridad más “humanitaria” y combatiendo de manera rotunda cualquier manifestación homófoba y cualquier delito de odio contra el colectivo LGTBI. Del mismo modo, ha rechazado siempre la vinculación entre inmigración y delincuencia que enarbola la extrema derecha.

Pero ese discurso humanitario, que también empleó al culminar el proceso de acercamiento de los presos etarras a las cárceles vascas (en contra de las asociaciones de víctimas), ha chocado una y otra vez con su gestión de otro frente: el de los problemas derivados del fenómeno migratorio, su verdadero talón de Aquiles, que le ha obligado a engrasar las relaciones con Marruecos en más de una ocasión y a proyectarse en Europa. Las imágenes de las personas hacinadas tras llegar en cayucos a las islas, los traslados opacos de migrantes y las devoluciones en caliente (en frontera) han provocado las críticas de la izquierda.

La gestión de las sucesivas crisis migratorias ha pasado siempre por Marruecos que, a cambio de hacer de poli malo en el control de fronteras, ha exigido el apoyo de España a sus intereses sobre el Sahara Occidental. La acogida “por razones humanitarias” del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en un hospital de Logroño en abril de 2021 provocó una gravísima crisis diplomática con el país vecino. Marlaska, receloso de esas atenciones dedicadas al líder saharaui, logró ponerse de perfil y salir airoso del entuerto, que le costó el puesto, en cambio, a la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. Como represalia, Marruecos dejó entrar por la frontera de Ceuta a 10.000 personas en dos días. El fin del conflicto diplomático vino después de que España, por primera vez en décadas, cambiara su posición de neutralidad y tomara partido por Marruecos en el conflicto del Sáhara.

El ministro fue reprobado en el Congreso por su gestión de la tragedia de Melilla en junio de 2022, donde murieron al menos 23 personas sin que se les prestara auxilio. Sus intervenciones en el Parlamento visibilizaron su enfado y su carácter, que muchos tacharon de chulesco. Y sobrevivió en el Gobierno, pese a que su cese fue reclamado a diestra y siniestra.

Durante este último mes, la llegada de cayucos a Canarias ha superado la de la crisis de 2006 y ha obligado a Marlaska, además de a viajar a Senegal para tratar de frenar la salida de embarcaciones e iniciar devoluciones, a articular precipitadamente un sistema de reparto de personas por las comunidades autónomas, ampliamente contestado por la oposición y por muchos presidentes autonómicos. Son más de 32.000 los migrantes que han llegado a España por la ruta canaria en lo que va de año.

No eran pocas las voces que entendían que ya era “un ministro quemado” y auguraban su cambio de destino a alguna embajada americana. Sin embargo, Marlaska ha sido en todo momento extremadamente fiel a Pedro Sánchez. Sin ir más lejos, la semana pasada acusaba de “deslealtad constitucional” al CGPJ por mostrarse contrario a la amnistía para los encausados del procés, una medida que él mismo rechazaba hasta hace poco por considerarla fuera del ordenamiento jurídico. Durante la sesión de investidura, el presidente del Gobierno le expresaba así de nuevo su confianza: “Tenemos un extraordinario ministro del Interior en la persona de Fernando Grande-Marlaska”. Este lunes ha confirmado que continúa en su puesto.