El Ejército abre una investigación al militar al que se le incautó una pistola durante las protestas de Ferraz

El Ejército de Tierra ha abierto una investigación después de que agentes de la Policía Nacional incautaran la noche del sábado una pistola a un militar en los aledaños de la calle de Ferraz de Madrid, donde se encuentra la sede nacional del PSOE y donde, desde hace más de dos semanas, se producen protestas contra la amnistía a los encausados del procés alentadas por la ultraderecha, que suelen terminar con disturbios. Los agentes intervinieron el arma sobre las 22.00 en la calle de Marqués de Urquijo, en un control de seguridad a un alférez del Ejército de Tierra destinado en la Academia General de Zaragoza, al que se cacheó y detectó la pistola. La policía le intervino el arma, con guía de pertenencia —el documento que acredita la titularidad de un arma— y TIP, la tarjeta de identificación personal y profesional, confirman fuentes de la Delegación del Gobierno de Madrid.

El militar afronta una propuesta de sanción por infracción de la Ley de Protección de Seguridad Ciudadana, como adelantó El Confidencial y ha confirmado este diario. El militar, alumno de cuarto curso de la Academia, se enfrenta a una multa de entre 601 y 30.000 euros por infracción grave. A su vez, según fuentes del Ejército de Tierra, este ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido y depurar responsabilidades. Según estas mismas fuentes, el militar ha declarado que vive en la calle de Marqués de Urquijo y que había bajado a la calle a acompañar a su novia; y que, a la vista de cómo estaba la situación, decidió llevarse consigo el arma.

Además, el alférez se arriesga a ser expulsado de la Academia General Militar (AGM) de Zaragoza, donde también estudia la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, según fuentes jurídicas castrenses. La Ley de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas considera falta grave “el incumplimiento de las normas reglamentarias relativas al armamento, material y equipo”. Y esta normativa prohíbe a los miembros del Ejército de Tierra “portar armas de fuego en establecimientos públicos y lugares de reunión, concentración, recreo o esparcimiento” cuando no estén de servicio.

El militar, según las fuentes consultadas, será objeto de un expediente disciplinario, en el que deberá aclarar por qué llevaba la pistola encima en el momento en el que lo registró la policía, en el centro de Madrid un sábado por la noche. Al tener la condición de alumno, la sanción que se le podría imponer es de una multa de hasta 15 días, arresto hasta 30 días o expulsión del centro docente.

Ese expediente es independiente del que se le podría abrir si se comprueba que ha participado en las manifestaciones ante la sede del PSOE y ha vulnerado, de alguna forma, el deber de neutralidad de las Fuerzas Armadas. También puede ser expulsado si ha vertido “expresiones contrarias”, ha realizado “actos irrespetuosos” o ha adoptado “actitud de menosprecio” hacia las instituciones del Estado y las personas que las representan. Por ejemplo, si insultó al presidente del Gobierno.

Medio centenar de militares franquistas retirados pidieron el viernes al Ejército que destituya a Pedro Sánchez, que fue investido el día anterior presidente del Gobierno con 179 votos a favor y 171 en contra. En su caso, el Ministerio de Defensa ha alegado que, al estar ya jubilados, no están sujetos al régimen disciplinario de las Fuerzas Armadas y no puede tomar medidas contra ellos.

Los militares y policías pueden tener licencia de armas de tipo A para uso privado, es decir, al margen de su actividad. El reglamento de armas señala en el artículo 118 que disponen de la licencia A los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas y del Cuerpo de la Guardia Civil, en sus distintas categorías, así como los integrantes de las Escalas Superior, Ejecutiva y de Subinspección del Cuerpo Nacional de Policía equivalentes de los Cuerpos de Policía de las Comunidades Autónomas. En estos casos “podrán poseer tres armas cortas, aparte de las que reciban como dotación reglamentaria para el ejercicio de sus funciones”.

La ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, establece en el artículo 18, relativo a las comprobaciones y registros en lugares públicos, que los agentes de la autoridad “podrán proceder a la ocupación temporal de cualesquiera objetos, instrumentos o medios de agresión, incluso de las armas que se porten con licencia, permiso o autorización si se estima necesario, con objeto de prevenir la comisión de cualquier delito, o cuando exista peligro para la seguridad de las personas o de los bienes”. El artículo 36 considera infracción grave “portar, exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas de modo negligente, temerario o intimidatorio, o fuera de los lugares habilitados para su uso, aún cuando en este último caso se tuviera licencia, siempre que dichas conductas no constituyan infracción penal”.

El balance de la decimosexta jornada de protestas en Ferraz dejó una afluencia de 1.500 manifestantes, frente al máximo de 8.000 personas que se alcanzó en la concentración del pasado 9 de noviembre. Este sábado hubo seis detenidos, todos hombres mayores de edad: dos por atentado a la autoridad y desórdenes públicos, uno por desórdenes públicos y tres por atentado a la autoridad, resistencia, desobediencia y amenazas.

Fuentes de la Policía se mostraban anoche preocupadas porque las protestas contra la medida de gracia coincidían con una marcha paralela organizada por la Falange, que partió de la Plaza de Colón rumbo a Ferraz. Pasadas las 22.30, un grupo de manifestantes de la primera línea comenzó a empujar las vallas colocadas por las Fuerzas de Seguridad y los antidisturbios se prepararon para disolver la concentración, que tuvo lugar tras la manifestación que reunió a casi 200.000 personas en el centro de Madrid dos días después de la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno con los apoyos de Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.