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Las promesas de Sánchez se enfrentan a la oposición de 11 comunidades gobernadas por el PP

Parte de los compromisos anunciados por el presidente del Gobierno en el debate de investidura son de competencia autonómica en un mapa territorial dominado por la derecha

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la tribuna de invitados durante el debate de investidura en el Congreso, este miércoles.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la tribuna de invitados durante el debate de investidura en el Congreso, este miércoles.Claudio Alvarez

La batería de medidas anunciadas por Pedro Sánchez durante su discurso de investidura, este miércoles, se enfrentará a un muro de contención territorial del PP, dispuesto desde ya a plantear una oposición férrea a un Gobierno que “nace de un fraude”, en palabras de Alberto Núñez Feijóo. Porque muchas de las promesas afectan directamente a competencias autonómicas, y necesitarán del consiguiente desarrollo en cada territorio. Una cuestión central en esta legislatura, pues será la primera vez que un presidente del Gobierno tenga que lidiar con tantos máximos responsables autonómicos del partido contrario —11 en concreto y del PP—, inmersos en una contienda sin cuartel contra el Ejecutivo central, recrudecida tras las negociaciones del PSOE con las fuerzas nacionalistas para lograr la mayoría parlamentaria. Una resistencia salvaje que el propio Sánchez mencionó desde la tribuna del hemiciclo. “Soy consciente de que esta competencia está en manos de las comunidades autónomas, pero nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados”, apuntó sobre las listas de espera en Sanidad. “Por eso vamos a poner en marcha, con los gobiernos autonómicos que lo deseen, un plan para lograr una reducción drástica”, añadió.

Tras las elecciones autonómicas del 28-M, el PP gobierna en 12 comunidades —preside Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid, Murcia y cogobierna en Canarias—, frente a las tres comandadas por el PSOE —Asturias, Castilla-La Mancha y Navarra—. Un frente territorial a la contra diametralmente opuesto al de la legislatura pasada, en la que los socialistas lideraban nueve Ejecutivos autonómicos y eran el socio de coalición minoritario en otros dos.

Los mandatarios populares disparan ya desde todo los flancos. Primero, porque varios barones han formalizado durante los últimos días una petición expresa para convocar una conferencia de presidentes con carácter urgente —no se reúne desde la cumbre en la isla de La Palma de marzo de 2022—, lo que refleja el cambio de fuerzas del mapa autonómico. A lo que han sumado declaraciones institucionales contra la futura ley de amnistía emitidas desde sus propios Consejos de Gobierno. Y, con la investidura ya materializada, se han apresurado en lanzar dardos contra Sánchez desde cada uno de los territorios. Entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha augurado una legislatura “convulsa” y “complicadísima”; para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, el nuevo Ejecutivo “destroza el Estado de derecho y queda en manos de los enemigos de España”, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso se ha reafirmado en que llamó “hijo de puta” a Sánchez en sede parlamentaria.

En este escenario, con el viento de cara tendrá que navegar Sánchez, que en su discurso de investidura desgranó compromisos focalizados en la colaboración con las administraciones autonómicas, con un objetivo: el refuerzo de los servicios públicos. “Los recortes que se aplicaron en nuestro Estado del bienestar durante la etapa de gobierno del PP dejaron a muchas comunidades sin recursos para atender las necesidades de sus ciudadanos y las obligaron a endeudarse (...) ¿Qué ha hecho este Gobierno? Auxiliar a las comunidades. Entregarles más recursos que en ningún otro momento de nuestra historia”, incidió.

Pedro Sánchez, durante su intervención en el debate de investidura este miércoles en el Congreso.
Pedro Sánchez, durante su intervención en el debate de investidura este miércoles en el Congreso. Claudio Álvarez
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La gratuidad de todo el transporte público colectivo (desde trenes a autobuses) para menores, jóvenes y desempleados a partir del 1 de enero fue, a falta de conocer detalles, el principal anuncio de Sánchez. Pero se trata de una medida que el Gobierno deberá implementar en cooperación con las comunidades. La lista de compromisos del presidente también contempla un fuerte desembolso en sanidad pública que pondrá a prueba a las comunidades del PP y hasta dónde quieren llegar en la confrontación con La Moncloa. “Es inadmisible que un ciudadano tenga que esperar más de tres meses para tener una primera consulta con un médico especialista o 200 días para operarse de una hernia que le impide levantarse de la cama”, expuso Sánchez antes de reafirmar su plan de reducción en las listas de espera. Los cargos socialistas consultados entienden que los presidentes autonómicos del PP difícilmente podrían justificar la renuncia a esos recursos si contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos de sus territorios. “Antepondrían sus intereses partidistas”, razona un ministro.

Desde la dirección del Partido Popular aseguran que no se darán instrucciones a los barones para actuar en un frente común. Mientras, los territorios miran con recelo las promesas, aunque sin rechazarlas del todo, según varios gabinetes consultados. “Primero, que las escriba. Luego, ya veremos. Todo suena a lo de sí es sí”, sostienen en el equipo de Ayuso. “El Gobierno regional lo que exige es que el gasto de las medidas propagandísticas que anunció en el debate que son competencia autonómica vayan acompañadas de financiación. Si no, quedará en eso, en anuncios vacíos de cara a la galería”, añaden fuentes del entorno del presidente de Murcia, Fernando López Miras.

La reacción airada de los barones del PP al compromiso del PSOE con ERC de condonar el 20% de la deuda de Cataluña, unos 15.000 millones de euros, más 1.300 en intereses, ha dado paso a una tensa expectación tras los reiterados mensajes en público de ministros del Gobierno a que la medida será aplicable y extensible a todas las comunidades autónomas. “Con independencia de su color político y de que estén acogidas o no al Fondo de Liquidez Autonómica”, recalcó Sánchez en el debate de investidura, en una clara alusión a Madrid, que a diferencia del resto de autonomías de régimen común —es decir, todas salvo Euskadi y Navarra— no se acogió a este órgano que creó el Ejecutivo de Mariano Rajoy y optó por no tener ninguna deuda con el Gobierno central, financiándose por su cuenta en los mercados. Ayuso ha presumido de que Madrid no tiene deudas con el Estado, pero debe más de 33.650 millones de euros a bancos e instituciones públicas.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante un acto en Madrid este lunes.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, durante un acto en Madrid este lunes. FERNANDO ALVARADO (EFE)

La posición de las comunidades del PP es incómoda para Génova, puesto que los territorios no comparten los mismos intereses. “Si se le ocurre a alguien condonar un solo céntimo a quien sea, tiene que empezar por la Comunidad Valenciana”, se pronunció su presidente, Carlos Mazón. El de Andalucía, Juan Manuel Moreno, sostiene que su comunidad “está bien gestionada y no necesita que se le perdonen deudas” del FLA, pero reclama 17.800 millones al Gobierno, ya que mantiene la reivindicación del fondo de compensación transitoria para recuperar 15.000 millones “en los que el actual sistema ha perjudicado a Andalucía con respecto a la media de España desde 2009”, según fuentes de la Junta. Unas posiciones que contrastan con la de otros dirigentes, como el murciano López Miras: “No queremos las migajas de un acuerdo entre Sánchez y los separatistas”.

Entre otras medidas, Sánchez también prometió aumentar el bono al alquiler que ya se puso en marcha la legislatura pasada, advirtiendo de nuevo a las comunidades gobernadas por el PP que aún no han desarrollado plenamente las bonificaciones. “Ojalá lo hagan”, dijo. De forma menos precisa, y como “apoyo a la clase media”, anunció ayudas para la reforma de viviendas e incentivos fiscales para que los propietarios se animen a sacarlas al mercado del alquiler. Pero en materia de vivienda, las estrategias de la izquierda y la derecha sí chocan frontalmente. Como es el caso del tope al alquiler impuesto en la Ley de Vivienda, que ha de ser aterrizado por los gobiernos autonómicos declarando zonas tensionadas. Algo que gobiernos como el de Ayuso, en uno de los territorios más afectados por el alza de los precios, rechazan de plano.

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