Una víctima de torturas durante el franquismo, ante el juez: “Empezamos a romper el muro de impunidad del régimen”

El Juzgado de Instrucción Número 50 de Madrid ha tomado declaración este viernes a Julio Pacheco por su denuncia de haber sufrido torturas por parte de varios miembros de la Brigada Político-Social en 1975. Uno de ellos era, según Pacheco, el comisario jubilado José Manuel Villarejo, a quien el querellante acusa de haberle propinado “golpes y puñetazos por todo el cuerpo”. La declaración ha durado casi dos horas y ha contado con la participación de la Fiscalía de Memoria Democrática, además del testimonio de la esposa de Pacheco, Rosa García. A su salida, en torno a medio centenar de manifestantes han recibido entre aplausos al declarante, que ha mostrado su satisfacción por haber “empezado a romper el muro de impunidad del régimen franquista”.

Pacheco y García abandonaron el Juzgado celebrando haber gozado de la posibilidad de denunciar “por primera vez en España” lo que vivieron las víctimas del franquismo: “Que sea la primera vez que un juez te escucha en sede judicial significa que se puede romper la impunidad y obtener Justicia en el Estado español. El primer paso está dado”.

El abogado de Pacheco, Joaquín Lara, ha afirmado a este periódico que durante el testimonio de Pacheco ante la jueza este “ha identificado sin duda” a Villarejo “como uno de los policías que participó en las torturas”. Y que “le propinó golpes y puñetazos por todo el cuerpo”.

El comisario jubilado Villarejo acumula numerosas causas con la Justicia en los últimos años. En julio fue condenado a 19 años de prisión por la ejecución de tres proyectos de espionaje para empresas y particulares que buscaban perjudicar a sus adversarios. Villarejo se encuentra actualmente en libertad, después de que la Audiencia Nacional rechazase a finales de julio su ingreso en prisión al concluir que no existe riesgo de fuga.

Los hechos denunciados por Pacheco se remontan al 24 de agosto de 1975, cuando era un estudiante y militaba en el Partido Comunista. Según su relato, detenido por la policía franquista y estuvo retenido durante siete días en la Dirección General de Seguridad, donde fue presuntamente sometido a “continuas torturas durante los interrogatorios” por parte de los agentes. Además del mencionado Villarejo, el resto de policías señalados son Álvaro Valdemoro, José Luis Montero Muñoz y José María González Reglero.

La magistrada Ana María Iguacel admitió en mayo la querella “por un supuesto delito de crímenes de lesa humanidad y torturas” durante el franquismo. Desde la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Cequa) celebraran que este viernes se haya producido la declaración, ya que consideran que es la “primera vez” que una querella contra crímenes cometidos durante el franquismo prospera en España.

Víctimas de distintos crímenes relacionados con la dictadura franquista han declarado con anterioridad, pero ante la Justicia argentina. Concretamente, ante la magistrada María Servía de Cubría, que desde hace una década instruye una causa contra los crímenes del franquismo. En España existe un precedente en 2012, cuando algunas víctimas de estos crímenes declararon ante el Supremo como testigos solicitados por la defensa del juez Baltasar Garzón, acusado entonces de prevaricación por abrir una causa contra los crímenes del régimen —y de la que resultó absuelto—.

Medio centenar de personas pertenecientes a Ceaqua y otras asociaciones como Amnistía Internacional, La Comuna o Iridía se han congregado desde las 9.45 a las puertas de los Juzgados de Plaza Castilla luciendo pancartas que rezaban “Verdad, justicia y reparación” y “Rompamos el muro de la impunidad”.

Las asociaciones presentes en la concentración han explicado que en los últimos años las denuncias por crímenes supuestamente cometidos durante la dictadura han sido admitidas a trámite, pero los delitos se han declarado prescritos o neutralizados por la ley de amnistía de 1977. Además, sostienen que algunas de las querellas fueron archivadas incluso después de que se promulgara la vigente Ley de Memoria Democrática.