La Audiencia Nacional investiga la vinculación entre los CDR y el boicot a la Vuelta Ciclista

La Audiencia Nacional ha puesto bajo la lupa el intento de boicot a la Vuelta Ciclista a España 2023. El magistrado Joaquín Gadea ha abierto una causa para investigar la vinculación entre los grupos independentistas catalanes autodenominados CDR (Comités de Defensa de la República) y el sabotaje frustrado del pasado 28 de agosto, cuando cuatro personas preparaban presuntamente un dispositivo para derramar cientos de litros de líquido (similar al aceite de motor) al paso del pelotón por la provincia de Lleida. El Juzgado Central de Instrucción 6, donde Gadea desempeña labores de refuerzo, ya ha impulsado antes otras causas contra los CDR por delitos de terrorismo.

Este nuevo procedimiento, abierto tras recibir un informe previo de la Policía Nacional, se encuentra todavía en un estado muy incipiente. Tiene como primer objetivo dilucidar si la Audiencia Nacional ostenta las competencias para asumir la investigación, que recayó a finales de agosto en un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Solsona (Lleida), que dejó en libertad a los cuatro arrestados. Eso sí, como contexto, el juez Gadea pone sobre la mesa que los CDR alentaron acciones de boicot contra la Vuelta en los días previos a la prueba ciclista. El magistrado recuerda, además, que estos grupos presentan una “jerarquía” y una “organización estructurada de carácter transversal, que pretende aglutinar al conjunto del independentismo”.

Los CDR nacieron durante el desafío independentista de otoño de 2017, con el objetivo de facilitar la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Entre sus numerosas acciones, que se han sucedido desde entonces, se incluyen cortes de carreteras y vías de tren. Aunque las fuerzas de seguridad también los incluyen entre una posible fuente de amenaza terrorista. De hecho, la Audiencia Nacional mantiene procesados a 12 cdr por conformar una supuesta célula “radical” llamada Equipo de Respuesta Táctica (ERT), cuyo objetivo final era “conseguir la independencia de Cataluña, empleando para ello la violencia en su máxima expresión”. Según el sumario, este grupúsculo preparó un plan para ocupar el Parlament y “defenderlo posteriormente”, además de acumular material para fabricar explosivos.

“Material combustible y deslizante”

La investigación sobre el boicot a la Vuelta comenzó en un juzgado de Lleida por presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal, desórdenes públicos, contra la seguridad vial y contra el medio ambiente. Sin embargo, de forma paralela, la Policía Nacional envió un informe a la Audiencia Nacional el pasado 7 de septiembre. Tras recibirlo, el magistrado Gadea dictó una resolución este martes para abrir sus propias pesquisas. Como primera iniciativa, el juez ha pedido a las fuerzas de seguridad que le remitan cualquier dato o información que conecte a los CDR con los cuatro detenidos (José Oriol Macia, David Farrés, Josep Cassany y Xavier Carpena). Igualmente, ha solicitado que le comuniquen si alguno de los arrestados “aparece relacionado con otras investigaciones vinculadas a los CDR”.

A lo largo de su resolución, el magistrado repasa lo ocurrido. La Policía informó de que el 26 de agosto sorprendió in fraganti a cuatro personas cuando iban a activar un “ingenioso” mecanismo para derramar dos bidones con líquido al paso del pelotón, durante la etapa que se iba a celebrar el lunes 28 de agosto entre Suria (Barcelona) y Arinsal (Andorra). Los agentes descubrieron a los detenidos “en una zona boscosa de la comarca ilerdense del Solsonès”, según el Ministerio del Interior. El artificio, que contaba con un temporizador, se encontraba escondido entre la vegetación: “Incluida la manguera que iba a verter el líquido y que se extendía hasta la citada carretera, dificultando su detección”, destacaron los investigadores.

“Al parecer, pretendían sabotear la Vuelta cuando se disponía a pasar por la comarca del Solsonès, derramando en la carretera C-55 unos 400 litros de un material aparentemente combustible y deslizante”, explica el juez Gadea: “El dispositivo constaba de dos bidones de 200 litros cada uno, rellenos de un líquido negro que desprendía un olor a aceite quemado de vehículo y carburante, unidos entre sí mediante una tubería de riego que asomaba por la parte más alta del túnel y desde donde el flujo de líquido vertería directamente a la carretera. A la tubería se encontraba acoplada una electroválvula de riego automático. A unos dos metros de la electroválvula se encontró, disimulada entre la vegetación, una caja pintada de verde camuflaje que contenía una batería de 12 voltios y un temporizador”.

El magistrado incide en la “gravedad” de la acción frustrada y el potencial daño que se buscaba. “Se trata, además, de un hecho perfectamente planificado y organizado”, remacha en su auto, avanzado por El Mundo y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Según apunta el juez, los autores del plan se encontraban “guiados” por la “voluntad de causar un daño a un indeterminado número de personas”, y adoptaron “numerosas medidas de seguridad” para evitar su vinculación con el boicot —no llevaban sus móviles y “utilizaron senderos secundarios, de compleja transitabilidad, para llegar hasta el punto donde habían instalado el ingenio”—.

Gadea afirma que este sabotaje se “contextualiza en el marco de una campaña de boicot contra la Vuelta, prolíficamente publicitada en las redes sociales por los grupos radicales de ideología independentista, aprovechando el escaparate internacional que supone la [prueba] ciclista para dar visibilidad a su causa”. El 27 de agosto, un día después del arresto de los cuatro sospechosos, los deportistas sufrieron otro peligroso incidente: alguien arrojó artefactos parecidos a una chincheta en la bajada del Coll d’Estenalles, lo que provocó pinchazos a varios ciclistas a un centenar de kilómetros de la meta. Los Mossos abrieron otra investigación por estos hechos.

Tras las detenciones por el sabotaje de los bidones, decenas de personas se concentraron ante los juzgados de Solsona para exigir su puesta en libertad. El propio secretario general de Junts, Jordi Turull, les apoyó: “Pedimos la libertad inmediata de los detenidos. Las actuaciones ‘previas’ y ‘preventivas’ contra actos de protesta del independentismo, ya sabemos qué intención tienen y cómo acaban normalmente. Protestar no es delito”, escribió en Twitter. La juez dejó en libertad a los cuatro el 28 de agosto, pero les impuso una orden de alejamiento de un mínimo de 500 metros de las etapas de la Vuelta.