El acuerdo más tardío entre PP y Vox, para gobernar Murcia, refuerza la sintonía en educación y política fiscal

El acuerdo de Gobierno entre PP y Vox para gobernar conjuntamente Murcia, la quinta comunidad autónoma que será regida por un Ejecutivo de populares y ultras, ha sido el que más se ha hecho de rogar, pero también el más corto de los surgidos tras las elecciones autonómicas del pasado 28 de mayo. Ambos partidos han concretado en 30 las medidas para sortear la repetición electoral en la Región, hacer otra vez presidente al popular Fernando López Miras y conceder a la formación de Santiago Abascal dos consejerías, una con rango de vicepresidencia, y el nuevo Defensor del Pueblo. Con el compromiso para Murcia, las derechas refuerzan su sintonía en materias como educación y fiscalidad.

En el pacto para regir la Comunidad Valenciana PP y Vox concretaron el acuerdo en 50 medidas, mientras que para el de Extremadura fueron 60 y en Aragón, 80. El alcanzado en marzo de 2022 para Castilla y León, la primera comunidad gobernada conjuntamente con las dos fuerzas más a la derecha del arco parlamentario, se fraguó con 11 “ejes de gobierno” y 32 “acciones”. En Baleares, los ultras pactaron con el PP abstenerse en la investidura de la popular Marga Prohens, tras acordar 110 puntos programáticos.

Todos los acuerdos omiten referencias explícitas a violencia machista o violencia de género. En el caso de Castilla y León, el asunto se saldaba con una mención a una nueva ley de “violencia intrafamiliar”, un concepto esgrimido por Vox en contraposición al de la ejercida por motivos de machismo contra las mujeres. También se empleaba el mismo término en el pacto de la Comunidad Valenciana, alcanzado este junio. En Extremadura, la mención fue a la “violencia contra la mujer” que se repite, en singular o en plural, en Aragón, en Baleares (en este caso también se habla de “violencia intrafamiliar”) y ahora en Murcia.

En Educación, los acuerdos hablan de “garantizar la neutralidad ideológica” del currículo escolar y la enseñanza (Murcia y Extremadura) y de consolidar “un modelo educativo (...) libre de adoctrinamiento ideológico” (mención idéntica en el caso de Castilla y León y Baleares), pero ni el pacto aragonés ni el valenciano refieren esas formulaciones.

También hay coincidencia entre PP y Vox en la eliminación y reducción de impuestos. Se acuerda que Patrimonio se elimine en la Comunidad Valenciana, Baleares —progresivamente— y Extremadura, mientras que en Aragón se establece en un mínimo de 700.000 euros. En esa comunidad el de Sucesiones se bonificará al 99%, como en Murcia, y se eliminará en la Comunidad Valenciana y Baleares. Los acuerdos estipulan que se reduzca el tramo autonómico del IRPF en todos los territorios: en el caso aragonés para financiar actividades extraescolares y en Murcia para los salarios “medios y bajos” y para los hogares con niños menores de 12 años.

Las fórmulas usadas para justificar los acuerdos son similares. Se habla de que obran para formar gobiernos “estables”, “fuertes” o “sólidos” y en un solo caso, el extremeño, además, se dice que el Ejecutivo será “eficiente”. El reciente murciano especifica que el acuerdo se logra “en aras de la gobernabilidad en España”, tras el anuncio de Vox de apoyar al investidura de Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno. Son parecidos también los objetos de las medidas acordadas, con menciones al sector agrario o la caza, pero cada acuerdo se ha reservado peculiaridades. Si el de Castilla y León se encabezaba por la defensa de la “igualdad ante la ley” de los ciudadano, en el valenciano y en el balear la primera medida alude a la defensa de la unidad de España; en Extremadura, a la eficacia y transparencia en la gestión de impuestos; en Aragón, a revisar los salarios de los sanitarios; y, en el más reciente, el murciano, a aprobar un Plan Hidrológico Nacional, una actuación que excede las competencias autonómicas.

Más poder para Vox en Castilla y León que en el resto

En cuota en los ejecutivos, los acuerdos han resultado más beneficiosos para los ultras en el caso de Castilla y León que en el resto. En el Gobierno castellano y leonés los de Santiago Abascal se hicieron con una vicepresidencia y tres consejerías (Industria, Comercio y Empleo; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y Cultura, Turismo y Deporte), mientras que en la Comunidad Valenciana se quedaron con la vicepresidencia (con competencias de Cultura), la consejería de Agricultura y la de Justicia, Interior y Gobernación.

En el caso de Aragón, Vox tiene bajo su mando la consejería de Agricultura y Ganadería y otra de Despoblación, Desarrollo Territorial, que tiene rango de vicepresidencia. En Extremadura, el acuerdo ciñó la presencia de la ultraderecha a una única cartera, la de Gestión Forestal y Mundo Rural, pero con una miscelánea de competencias en infraestructuras rurales, control de incendios, patrimonio natural, caza, pesca y toros. En la Región de Murcia, los ultras han arañado la nueva consejería de Interior, Seguridad y Emergencias, con rango de vicepresidencia, y otra de Fomento. Además, se crea la figura del Defensor del Pueblo de la Región, que ocupará alguien designado por Vox. En cambo, en Baleares el acuerdo no contemplaba la participación de Vox en ninguna consejería y el PP gobierna en solitario.