La lucha contra el narco se atasca en los juzgados de Málaga

El 2 junio de 2020 un ciudadano serbio fue cosido a balazos mientras caminaba por Marbella (Málaga). Dos hombres montenegrinos le esperaban y, tras dispararle, huyeron en una motocicleta. La investigación no fue fácil, pero varios detalles llevaron a detenerlos como responsables del asesinato a finales de ese mismo mes. Más de tres años después, sin embargo, los presuntos delincuentes siguen en prisión provisional y el juicio aún no se ha celebrado. Es lo que ocurre en al menos una quincena de ajustes de cuentas ocurridos en los últimos años en la Costa del Sol y en varios casos más con el narcotráfico como trasfondo: las detenciones se producen, pero los juzgados no dan abasto para resolver los casos a tiempo y muchos acusados quedan en libertad durante años a la espera de juicio o beneficiados por acuerdos derivados de los retrasos. Solo en 2022 hubo algo más de 4.000 personas detenidas por narcotráfico en esta provincia —cifra similar a la de 2021— y se incautaron 90 toneladas de droga, según los datos de la Subdelegación del Gobierno en Málaga.

Las quejas policiales sobre la lentitud de la justicia son un clamor en la Costa del Sol. Los agentes que trabajan para desmantelar organizaciones criminales se frustran cuando ven que hay delincuentes que salen a la calle días después de ser detenidos y el juicio tarda años en celebrarse. O comprueban cómo los letrados utilizan argucias legales para alargar al máximo el proceso y forzar así acuerdos para sus representados e incluso posibles rebajas en la condena por dilaciones indebidas, como relatan otras fuentes policiales. Es lo que ocurrió esta primavera con el llamado clan de Los suecos, que se juzgó casi cinco años después de que sucedieran los hechos y donde Fiscalía y defensas ya buscaban un acuerdo mientras se celebraba el juicio con jurado popular. Salvo el autor material de dos asesinatos, el resto de implicados recibieron penas similares o por debajo del tiempo que ya habían pasado en prisión provisional.

“El sistema penal funciona muy mal”, se queja un veterano policía de Málaga. Un fiscal abunda: “Es culpa de nadie y de todos a la vez. Podría ir más ágil, pero no siempre, porque hay plazos que cumplir”. Hay trámites obligatorios, explica, como las comisiones rogatorias (petición de información a otros países), que interrumpen las instrucciones más de medio año, y hay también abogados “que lo recurren absolutamente todo” para retrasar los juicios al máximo en busca de beneficios para sus clientes. “Los medios son los que son”, cuentan otras fuentes de la Fiscalía malagueña, que subrayan que, aunque se dedican muchos recursos a la lucha contra el narcotráfico, hay tantas organizaciones criminales en la zona que la tarea es compleja. El Ministerio del Interior tiene contabilizadas más de un centenar de mafias en la provincia. “Están todos aquí”, sostiene otro policía especializado en la lucha contra los narcos.

“Se permiten todo tipo de peticiones que demoran la instrucción sine die. Al final siempre hay dilaciones indebidas o al menos un caldo de cultivo para que nadie tenga ya mucho interés en luchar por una condena seria y adecuada. Eso provoca que todos los implicados quieran pactar a la baja y ahorrarse trabajo”, asegura un agente que ha participado en alguna de las más importantes operaciones policiales del litoral malagueño en los últimos años. Allí se creó en 2004 el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (Greco) como tentáculo directo de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) central. Fue una respuesta al incremento del crimen organizado en la costa malagueña, al igual que en 2019 nació un equipo especializado en ajustes de cuentas dentro de Udyco Costa del Sol para investigar el creciente número de asesinatos en Marbella, que en 2018 había superado la veintena. Su efectividad desde entonces ha sido evidente: los 18 casos en los que han participado desde su creación están ya resueltos. En 2022, las diferentes unidades de Udyco desarticularon 60 grupos criminales, según datos del Gobierno.

Fuentes de Fiscalía replican que las instrucciones de la mayoría de casos de grandes organizaciones de narcotraficantes son complejas por la larga investigación y por la presencia de personas de numerosas nacionalidades. Subrayan que el español es un sistema judicial garantista y que hay que cumplir con todos los pasos que impone. “Una comisión rogatoria, que en estas causas siempre hay que pedirlas, tarda entre seis y nueve meses”, explican estas fuentes. Otros casos habituales son los recursos de apelación, que suelen tardar en resolverse en unos cuatro meses, o el retraso que se acumula en diversas pruebas que se realizan en la instrucción, como las de balística, que a veces se extienden durante siete u ocho meses.

Ausencia de refuerzos

Una de las razones del colapso está relacionada con el hecho de que el aumento de recursos policiales no haya ido de la mano de un refuerzo en el sistema judicial. Es algo que también se ha evidenciado en la provincia de Cádiz, otra de las zonas con más operaciones relacionadas con el narcotráfico. Lo señalaba en junio la fiscal jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán, durante un encuentro en Málaga. “Se aumenta el trabajo policial, las incautaciones, las detenciones, y se refuerzan los efectivos policiales, pero no ha habido la suficiente preparación de los órganos judiciales y fiscales con incremento de medios humanos y materiales para enfrentar el incremento de casos”, dijo. El fiscal delegado Antidroga en Málaga, Fernando Bentabol, destacó también entonces la dificultad de condenar a los líderes del crimen organizado, en muchos casos porque “las medidas de investigación que se necesitan son mucho más sofisticadas” de las que disponen actualmente.

En Málaga hay, cada año, decenas de operaciones contra el narcotráfico y contra los delitos relacionados, como los ajustes de cuentas con o sin fallecidos. En la provincia, sin embargo, solo hay dos personas del ministerio público con dedicación exclusiva en la sección antidroga. El propio Bentabol en la capital y otro especialista para Marbella y Estepona, Carlos Tejada, nombrado Fiscal Delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en junio de 2022 como respuesta del Gobierno a la avalancha de casos en la Costa del Sol. Otra media docena de fiscales —y dos funcionarios— compaginan esta con otras tareas en la capital. “Están todos agotadísimos”, subrayaba a Bentabol a EL PAÍS ya en 2021, cuando destacaba que hay causas que llegan fácilmente a los 4.000 folios y exigen varias semanas de trabajo para preparar la calificación “y, mientras tanto, los profesionales deben también asistir a juicios, despachar papeleo o hacer guardias”. La escasez de juzgados hace, además, que los juicios se programen, a veces, a un año vista.

La memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2022 ya reflejaba que la justicia en la comunidad se percibía como “lenta y poco eficiente”. Y subrayaba que si el sistema judicial “no ha colapsado” es debido “al alto concepto de la responsabilidad que siguen exteriorizando quienes trabajan día a día en los Juzgados”. Y todo ello pese a la, según el documento, “deficiente planta judicial, a las plantillas de funcionarios infradotadas o mal dimensionadas” y a los problemas informáticos. “A nuestro pesar, la justicia, en parámetros políticos, no es una prioridad”, continuaba la memoria, que pedía responsabilidad a la clase política porque, de lo contrario, “un día, la justicia colapsará”.