Las cárceles se llenan con el verano
La población reclusa, estabilizada en torno a los 56.000 internos tras una década de descensos, registra sistemáticamente picos en el segundo trimestre del año sobre cuyas causas los expertos no se ponen de acuerdo
El verano es época de vacaciones. La grandes ciudades se vacían y el consiguiente éxodo llena los lugares turísticos. Sin embargo, estos últimos no son los únicos que registran en estos meses su pico de ocupación anual. Las cárceles españolas repiten desde hace años un fenómeno sobre cuyos motivos los expertos en estadísticas penitenciarias no se ponen de acuerdo: la población reclusa crece sistemáticamente durante la primera mitad del año hasta alcanzar su pico en el segundo trimestre y, en la mayoría de los casos, en junio. Luego, inicia un descenso hasta el final de año. “No conocemos la causa, pero evidentemente no es casual”, señalan fuentes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. “Es consecuencia de la menor actividad de la administración de justicia en agosto”, apuntan desde el Departamento de Justicia de la Generalitat.
El pasado mes de junio había 56.672 presos en España, según los datos de las tres administraciones que gestionan centros penitenciarios (el Ministerio del Interior y los departamentos de Justicia de la Generalitat catalana y el gobierno vasco). La cifra supone, de hecho, 920 reclusos más de los que había a finales de 2022, cuando eran 55.752 y, por tanto, supuestamente refleja un repunte en el número de presos tras una década de descensos continuados que se estabilizaron tras la pandemia. Sin embargo, los expertos penitenciarios insisten en que sacar cualquier conclusión con un dato de mitad del año lleva a error precisamente por el fenómeno de que la población reclusa se incrementa en el primer semestre para descender, con picos de sierra, en la parte final del año.
Desde 2019 ―exceptuado 2020, cuyos datos no se tienen en cuenta a efectos estadísticos por estar distorsionados por la pandemia y el confinamiento― este fenómeno se repite, según los datos desglosados por meses a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Así, en las cárceles dependientes de Interior, aquel año el pico se registró en abril, con 51.076 internos, para descender hasta los 50.129 el 31 de diciembre. En 2021 el máximo número de internos se contabilizó a comienzos de julio, con 46.854, para descender a 45.963 a finales de año. Y en 2022, en el inicio del verano había 47.086 internos frente a los 46.468 con los que acabó el año. A finales de junio de este año, las cárceles dependiente del departamento de Fernando Grande-Marlaska acumulaban 47.086 reclusos dentro de la ya habitual subida del primer semestre del año en un nuevo pico.
En las prisiones catalanas el fenómeno se reproduce de modo similar en fechas similares. Así, en mayo de 2022 (7.858 internos) y de 2021 (8.004) y en junio de 2019 (8.539) se registraron los picos de reclusos que posteriormente descendieron a final de año. En junio de este año había 8.039 reclusos, de nuevo una cifra pico. Sin embargo, en Euskadi, cuyo gobierno autonómico asumió la gestión de los centros penitenciarios en octubre de 2021, el único año del que hay datos completos, 2022, no se cumplió la norma. En junio de ese año había 1.516 reclusos, cifra que aumentó a 1.571 a final de año, aunque entonces se estaban produciendo el traslado de presos de ETA desde las prisiones del resto del Estado, un proceso que culminó el pasado marzo.
Fuentes del Departamento de Justicia de la Generalitat creen que el descenso del número de internos que se registra tras el verano “es consecuencia de la menor actividad de los órganos administrativos” y, en concreto, de la justicia, para la que agosto es inhábil. En este sentido, señalan que “ese retraso provoca que las altas en el sistema de ejecución penal [ingresos en prisión] se reduzcan mientras que las bajas continúan su ritmo normal. Si se producen más bajas que altas, la población penitenciaria baja y, posteriormente, se recuperan las cifras habituales”, concluyen.
Antonia Linde, directora del Grado de Criminología en la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y una de las mayores expertas internacionales en tendencias de la criminalidad, no ve una “causa clara” que explique el fenómeno. “Que un interno esté en prisión no depende de que haya sido detenido en un mes concreto, ni siquiera de la sentencia, sino que depende de cuándo un juez ejecuta la sentencia, es decir, manda la orden de ingreso en prisión”. Por ello, y a falta de un muestreo mayor de datos, Linde relaciona también este fenómeno con “dinámicas procesales de los jueces”.
Los funcionarios de prisiones tampoco encuentran una única explicación a que haya más reclusos a principio de verano, y apuntan a una multiplicidad de causas. Francisco Llamazares, de la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), vincula el aumento de la población reclusa en verano “por los robos y hurtos a turistas que desembocan en condenas cortas que cumplen en meses y, por tanto, luego baja la población reclusa”. En una línea similar, Joaquín Leyva, de Acaip-UGT, el sindicato mayoritario entre los funcionarios de prisiones, considera que “en esos meses [de verano] hay un mayor número de presos preventivos [sin condena firme] por un incremento tanto de la actividad criminal como judicial para combatirla, que en pocos meses salen en libertad condicional”. Jorge Vila, del sindicato CSIF, también apunta a “más excarcelaciones” en el segundo semestre, pero sin concretar las causas de ello.
Menos reclusos, más funcionarios y un acuerdo
En diciembre de 2009, las cárceles españolas registraron su ocupación más elevada, con 76.073 internos. El endurecimiento del Código Penal en la reforma de 1995 había hecho que de los 48.600 internos que había en 2003 se pasase en solo seis años a esa cifra. Sin embargo, la siguiente reforma, la de 2010, que rebajó de manera notable las penas para, entre otros delitos, los de tráfico de droga en pequeña escala cambió el sentido de la curva. Fueron también los años de la generalización de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad para sustituir las penas de privación de libertad para los delitos leves contra la seguridad vial y de violencia de género. Ese descenso fue continuo hasta 2016 y, tras dos años de estancamiento, la pandemia y el confinamiento provocaron una nueva bajada que hizo que a finales de 2021 hubiera 55.097, el número más bajo. En 2022, el aumento fue de tan solo 655 internos.
En paralelo, el número de trabajadores penitenciarios en las cárceles dependientes de Interior alcanzaba el 30 de junio una cifra récord: 25.345 entre funcionarios y personal laboral. Solo un año, en 2010, hubo un número mayor de trabajadores en las prisiones de Interior, con 25.448, aunque entonces los destinados en las tres prisiones vascas (unas 600) dependían de Interior y ahora son funcionarios del Gobierno vasco.
Los sindicatos observan estas cifras con recelo ya que consideran que las ofertas públicas de empleo que han permitido este aumento no han solventado, en su opinión, las carencias de personal. Jorge Vila, de la CSIF, insiste en que en la actualidad “hay 4.000 vacantes sin ocupar”. Joaquín Leyva, de Acaip-UGT, cree que “el problema [de personal], lejos de solucionarse, sigue estancado”. Pese a ello, la conflictividad laboral en las cárceles ha descendido tras años de enfrentamiento entre sindicatos y administración. El motivo: el acuerdo firmado entre Interior y cuatro organizaciones sindicales en marzo, que supuso una simplificación en la clasificación de los centros penitenciarios de los nueve grupos que había a tan solo tres. Dependiendo del grupo al que pertenezca el centro en el que se trabajaba, los trabajadores recibían cantidades distintas de complemento salarial. El cambio ha permitido actualizar las retribuciones con subidas mensuales que van desde los 130 a los 295 euros mensuales.
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