La población reclusa cae a mínimos históricos al bajar los delitos y frenarse los juicios

El número de presos en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior ha descendido a mínimos históricos durante la pandemia. La pasada semana, permanecía 48.184 reclusos, cifra similar a la que se registró en 2003, acelerando de manera significativa el descenso sostenido de la población reclusa iniciado en 2010. En ello ha influido la reducción de la criminalidad y la ralentización de la justicia durante el confinamiento, según expertos penitenciarios. Antes de la crisis, ingresaban al mes en prisión una media de 2.000 personas. En abril fueron 806.

En enero de 2009, cerca de 74.000 presos estaban recluidos en las cárceles españolas, que registraban sus índices de ocupación más altos. El endurecimiento del Código Penal en la reforma de 1995 había hecho que de los 48.600 internos que había en 2003 se pasase en solo seis años a un 52% más. Sin embargo, la siguiente reforma del Código Penal, la de 2010, que rebajó de manera notable las penas para, entre otros delitos, los referidos al tráfico de droga en pequeña escala, cambió el sentido de la curva, que inició un proceso descendente continuado desde entonces hasta 2016. Fueron también los años de la grave crisis económica, que también influyó en el descenso de las cifras, pero sobre todo de la generalización de las condenas a trabajos en beneficio de la comunidad (cerca de 80.000 al año en la actualidad) para sustituir las penas de privación de libertad para los delitos leves contra la seguridad vial y de violencia de género.

En enero de 2016, la población reclusa había bajado ya hasta los 52.676 internos y, aunque el descenso continuó, lo fue de una manera menos acusada. “Se entró en una fase de meseta, en el que las cifras se mantuvieron año tras año ligeramente por encima de los 50.000 internos”, detalla Miguel Ángel Vicente, asesor de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Así, en enero de 2017 había 51.186 reclusos; un año después eran 50.763; y a comienzos de 2019, 50.612. En enero de 2020, bajaron a 49.998.

Sin embargo, esa cifra se incrementó en los primeros meses del año. El pasado febrero eran 50.449 los internos. Y a mediados de marzo, justo cuando el Gobierno decretó el estado de alarma e Instituciones Penitenciarias decidió aislar las prisiones para minimizar el riesgo de contagio, la cifra se situó en 50.685, la más alta del año. A partir de ese momento, la población reclusa ha descendido de manera acusada. Solo dos semanas después, el 27 de marzo, eran 50.272 presos, y el 3 de abril el número había bajado a 49.995. El 22 de mayo, último día del que hay estadísticas, los reclusos eran solo 48.184, incluidos los más de 7.000 que cumplen la pena en sus domicilios. En total, 2.501 reclusos menos en poco más de dos meses.

Menos nuevos presos

Para Miguel Ángel Vicente, en este descenso han intervenido dos elementos fundamentales: “Ha influido tanto la disminución de la criminalidad durante el confinamiento [cifrada por Interior en un 73,8% menos durante la primera quincena del estado de alarma] ralentización de la justicia por la pandemia. Muchos jueces dictan sentencia, pero aplazan el ingreso en prisión del condenado, lo que ha hecho que se reduzca de manera importante el número de personas que ingresan en prisión”. Mientras, se han seguido excarcelando a los internos que cumplen sus condenas.

El resultado es un descenso muy acusado del número de personas que ingresan en prisión. Así, en enero fueron 2.025 (la media mensual se sitúa entre 1.800 y 2.200) y en marzo, ya con el estado de alarma, 1.632. En abril, último mes con datos, fueron 806. “Es previsible que cuando acabe el confinamiento se vuelvan a dar cifras similares a las que se registraban antes de la pandemia, pero probablemente se mantenga la tendencia descendente en el número de reclusos de los últimos años”, vaticina el asesor penitenciario.

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