Víctimas del franquismo temen que PP y Vox lleguen al Gobierno

Los familiares de las víctimas enterradas en el Valle de Cuelgamuros consultados el miércoles por este diario coincidían en que temían no llegar a tiempo. Pero una vez que los expertos ya habían instalado un laboratorio forense en el interior de la basílica e iniciado los trabajos de exhumación en las criptas, ese miedo ya no tenía que ver tanto con los recursos judiciales de grupos profranquistas que han lastrado el proceso hasta ahora, sino con una fecha: el 23 de julio. “Todos teníamos en mente”, explica Juan Luis González, nieto de una de las víctimas ya identificadas, “que si el PP y Vox gobiernan, este proceso podía frenarse en seco, como ocurrió con el anterior Gobierno del PP”.

Los expertos calculan que necesitarán meses, más allá del próximo 23-J, día de las elecciones generales, para culminar la primera fase de las exhumaciones en el Valle de Cuelgamuros. El equipo multidisciplinar ha comenzado los trabajos por la cripta del Santo Sepulcro, sobre la que se han presentado 78 reclamaciones de restos, entre ellos, la de los hermanos Lapeña, cuya familia obtuvo en 2016 una sentencia favorable que aún no se ha ejecutado. En una segunda fase, prevén intervenir en la cripta del Santísimo, donde se busca a otros 39. Hay también restos de víctimas —hasta alcanzar las 133 solicitudes— en otras criptas donde los técnicos planeaban intervenir más adelante. En Cuelgamuros fueron enterradas, en total, 33.847 personas, el equivalente a los habitantes de la ciudad de Teruel.

Pero las exhumaciones en el Valle, así como la expulsión del recinto de la comunidad benedictina y el plan para convertirlo en un museo de memoria, dependen de quién gane las elecciones. Vox ha convertido el combate a la memoria democrática en una de sus señas de identidad y allí donde ha pactado con el PP para gobernar ha exigido derogar la legislación en la materia.

Víctimas del franquismo temen, además, que ese eventual Gobierno de la derecha y la extrema derecha frene las exhumaciones de fosas comunes en un momento en el que los hijos de los fusilados tienen ya una edad muy avanzada. El forense Francisco Etxeberria asegura que en unos cinco años se podría resolver el problema de los desaparecidos de la Guerra Civil y la posguerra. El asesor del Gobierno y coordinador de las exhumaciones para rescatar cientos de esqueletos de fosas y cunetas en los últimos años explica que muchos de esos enterramientos clandestinos son ya irrecuperables porque han sido sepultados por carreteras y nuevas construcciones, pero insiste en la necesidad de intentarlo allá donde sí sea posible.

Un Ejecutivo del PP y Vox pondría en peligro también el desarrollo de otras medidas de la Ley de Memoria Democrática, como la extinción de la Fundación Francisco Franco por hacer apología del dictador. El comisionado de la ONU Pablo de Greiff ha descrito la permanencia de esa organización como una “anomalía en Europa”. La derogación de la ley, como ha prometido que hará el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, si llega a La Moncloa, también interrumpiría el proceso para adecuar los contenidos curriculares de forma que se imparta en las escuelas el conocimiento de la represión franquista. Un reciente estudio reveló profundas lagunas en estudiantes y trabajadores de 16 a 30 años sobre la Guerra Civil y la dictadura. La norma que el PP y Vox pretenden derogar establece que la ciudadanía tiene “el derecho inalienable al conocimiento de la verdad histórica sobre el proceso de violencia y terror impuesto por el régimen franquista”. Se marca como objetivo fomentar su conocimiento y se recuerda “el deber de memoria de los poderes públicos para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”.