El Tribunal Constitucional estudia la posible reapertura de la investigación sobre la tragedia del Tarajal

El Tribunal Constitucional va a llevar a pleno la decisión sobre el archivo definitivo o no de la investigación sobre la tragedia de El Tarajal, en la que murieron 15 inmigrantes cuando trataban de llegar a nado a Ceuta. El asunto se ha tratado en la sección cuarta del tribunal, que ha acordado elevarlo a la Sala Segunda, para que esta, a su vez, lo avoque al pleno, ante la relevancia constitucional del caso y su interés social, dado el gran debate que provocaron los hechos. En la sección cuarta no hubo unanimidad sobre la posible admisión a trámite del recurso de amparo presentado y por ello se envió a la sala segunda, donde según fuentes del tribunal se da por seguro que sí pasará el filtro, para que se admita y se mande al pleno, donde volverá a estudiarse el caso para decidir si el archivo de las investigaciones y su posible insuficiencia han supuesto una lesión de derechos de los inmigrantes.

El recurso de amparo que ahora se va a admitir a trámite fue planteado por las oenegés Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR-Refugio) y la Coordinadora de Barrios, quienes consideran que la investigación se cerró en falso y con vulneración de derechos fundamentales de los inmigrantes que trataban de alcanzar la playa del Tarajal, y de los que sobrevivieron.

Los hechos ocurrieron el 6 de febrero de 2014, fecha en que más de 200 inmigrantes intentaron llegar a nado a la playa ceutí y fueron repelidos por 56 agentes de la Guardia Civil desplegados en la costa, que lanzaron 145 balas de goma y cinco botes de humo. Perdieron la vida 15 de los inmigrantes, que en su mayoría procedían del África subsahariana. Otros 23 integrantes del grupo lograron su objetivo de llegar a territorio ceutí, pero fueron inmediatamente devueltos a Marruecos, en una de las conocidas como “expulsiones en caliente”.

Sobre lo acontecido se abrió una investigación judicial que ha conocido diversos avatares. En un primer momento fueron imputados 16 agentes por el presunto delito de homicidio por imprudencia, pero el caso fue archivado al concluir la juez del Juzgado de Instrucción Número 6 de Ceuta que no era objetable el uso que se hizo del material empleado para repeler a los inmigrantes. Las oenegés citadas recurrieron esta decisión y la Audiencia de Ceuta reabrió la investigación, que volvió a archivarse en 2020. Hubo una nueva impugnación de lo acordado, esta vez ante el Supremo, que rechazó el recurso de casación presentado.

Todo ello permitió la presentación de la demanda de amparo que en breve llegará al pleno del Constitucional, que a su vez pedirá nuevos informes sobre el caso, tras un primer debate en la mencionada sección cuarta del tribunal, donde no hubo consenso sobre la admisión a trámite del recurso. Dicha sección está compuesta por tres magistrados, María Luisa Balaguer, Ramón Sáez y Enrique Arnaldo. Los dos primeros pertenecen al sector progresista del órgano de garantías y el tercero al bloque conservador.

Los magistrados Balaguer y Sáez se expresaron a favor de la admisión a trámite, y el magistrado Arnaldo manifestó su deseo de presentar un voto particular en contra. Para ello propuso que el asunto fuera tratado en el órgano superior a la citada sección, la sala segunda del tribunal, y así se acordó. La admisión se da por hecha en el propio tribunal habida cuenta de que la mencionada sala la componen cuatro magistrados progresistas y dos conservadores.

Además de Balaguer y Sáez, forman parte de esta sección las magistradas Inmaculada Montalbán, que la preside, como vicepresidenta del tribunal, y Laura Díez, del grupo progresista. Y además de Arnaldo pertenece a esta sala el magistrado César Tolosa, del sector conservador. La remisión a la sala segunda implica que la decisión sobre la admisión o no a trámite deberá tener carácter de auto, lo que a su vez permitirá que el magistrado que votó en contra, Enrique Arnaldo, presente por escrito los motivos de su discrepancia, en un voto particular. Fuentes del tribunal estiman que el curso que ha seguido el primer debate sobre el caso en el órgano de garantías permite entrever que tampoco habrá unanimidad sobre el fondo del asunto en el pleno.

Junto a esta primera solicitud de amparo de las mencionadas oenegés, el Constitucional tiene pendiente la admisión o no a trámite de otro recurso, presentado por familiares de los fallecidos. En su impugnación plantean no solo su oposición al archivo de las investigaciones, sino también que se adopten las medidas necesarias para que les sean entregados los restos mortales de los inmigrantes que perdieron la vida en el intento de llegar a nado a la playa del Tarajal.

Las fuentes consultadas en el tribunal de garantías consideran que con toda probabilidad se unirán los dos recursos para tramitarse de forma acompasada, dada vinculación existente entre ambas demandas. Sin embargo, no es seguro que el de los familiares se admita ya a trámite, porque aún no ha sido examinado por ninguna sección del tribunal. Algunos magistrados del sector progresista van a plantear que los dos recursos se unan a la mayor brevedad, por su evidente conexión material y por razones de humanidad y atención a las familias de los fallecidos.