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Asturias busca una vía autonómica para abolir la prostitución

La comunidad impulsa una estrategia pionera en España que plantea perseguir al proxeneta y a quienes paguen por sexo: “Es la explotación más antigua del mundo”

Prostitución
Mujer prostituida en una calle de una ciudad española.Andrea Comas
Nacho Poncela

“La prostitución no es el oficio, sino la explotación más antigua del mundo”. Lo dicen desde Apramp, una de las asociaciones que han colaborado en la elaboración de la Estrategia Asturiana para la Abolición de la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual. Esta medida pionera en España se pondrá en marcha con la elaboración de un estudio para conocer la realidad de la comunidad y definir el marco legal, buscando una vía para, dentro de las competencias autonómicas, acabar con todas las formas de proxenetismo e imponer sanciones a los clientes. “Planteamos un camino con las tres P: prevención, protección y persecución”, dice la directora general de Igualdad del Gobierno asturiano, Nuria Varela. La estrategia tiene un enfoque “victimocéntrico”: “Lo que nos preocupa es prevenir, que no haya víctimas y que cuando las haya, obtengan una reparación integral”.

La estrategia está elaborada desde una perspectiva abolicionista. “Pretende acabar con la esclavitud de mujeres en pleno siglo XXI y perseguir todo tipo de violencia contra ellas”, apunta Varela. “Aspira a ser abolicionista desde una perspectiva transversal y multidisciplinar y tiene como objetivos la detección e identificación de los casos de trata, la persecución del tratante o proxeneta y la imposición de sanciones a los clientes”. De momento, se ha puesto sobre el papel un trabajo que tendrá un largo recorrido antes de determinar las acciones concretas que puedan llevarse a cabo, las medidas que se pueden aplicar y qué capacidad tendrá el Gobierno autonómico para establecer, por ejemplo, multas.

El primer paso para el desarrollo de la estrategia será la elaboración de un estudio diagnóstico de la prostitución, trata y explotación sexual en Asturias, para conocer el mapa de estas prácticas, con distribución por zonas geográficas y ámbitos. También se recopilarán los datos relativos a las víctimas, no solo para obtener información sobre sus circunstancias psicosociales sino también para investigar sus necesidades y las principales dificultades a las que se enfrentan para abandonar la prostitución.

Desde Apramp, junto a la Fundación Amaranta y Médicos del Mundo, recuerdan que si bien el perfil del cliente sigue siendo variado, el de las mujeres ha cambiado y ahora predominan las extranjeras. En 2021, última fecha con datos registrados, esta asociación atendió a 557 mujeres víctimas de explotación sexual, aunque se calcula que las personas que la sufren son muchas más.

La iniciativa asturiana representa para Médicos del Mundo un apoyo político sin precedentes para acabar con la prostitución y la explotación sexual. “Esta estrategia pone en el centro a las mujeres que se encuentran en esta situación en Asturias, y pone a su servicio una serie de acciones y políticas públicas para ayudarlas a superar las barreras a las que deben hacer frente y que facilitan salidas viables, justas y dignas a la prostitución”, señala Carmen Natal, presidenta de esta ONG en Asturias.

Revisión de licencias de los locales

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La estrategia asturiana propone 48 medidas, entre las que destacan el diseño de un modelo de intervención pública con carácter integral que incluye también a las menores de edad y a las víctimas en condiciones de mayor vulnerabilidad, como es el caso de mujeres con discapacidad física o psíquica, migrantes o afectadas por problemas de salud o adicciones. “Normalmente, las situaciones en violencia son muy diversas y en trata y prostitución, todavía más complicadas. Ese camino discurre ahora por medios digitales y pisos más que en locales. Y ese es el punto de partida”, explica Nuria Varela.

La iniciativa plantea revisar las licencias administrativas municipales y autonómicas de los locales y el cumplimiento de la normativa vigente en su actividad, con el fin de evitar que se promueva la explotación sexual. También insta al Gobierno central a desarrollar el abordaje y acceso a los espacios privados donde se encuentran las mujeres que pudieran ser víctimas de explotación en pisos de contactos o domicilios particulares.

Para Médicos del Mundo, el modelo de intervención pública que propone la estrategia asturiana supone “un avance de la Administración autonómica”, que “asume acciones que hasta el momento desarrollaban en exclusiva las entidades sociales”. “Para una organización como la nuestra, que lleva 30 años apoyando a mujeres en situación de prostitución, supone un gran hito en Asturias por su abordaje integral, involucrando a diferentes administraciones y actores públicos, como justicia, educación, salud o bienestar social”, apuntan desde la ONG.

Becas de reinserción socioeducativa

La estrategia ha generado rechazo entre organizaciones de mujeres que aseguran ejercer la prostitución de forma voluntaria. Advierten de que el plan del Gobierno asturiano no es más que un documento que persigue algo imposible. “¿Y qué van a hacer con las 250.000 mujeres que llevan a cabo estas prácticas en España y a las que van a dejar sin trabajo? Muchas personas no queremos dejar la prostitución, sino una regularización”, apuntan desde la Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex) y la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRAS).

Estos colectivos defienden que no se puede equiparar a una mujer que decide ejercer la prostitución con una que se encuentra en situación de trata. Para estas últimas, proponen que se les reconozca el estatus de víctima y piden que se cree una ley que las proteja y que les asegure el acceso a una vivienda social, papeles y una formación.

Esther Rodríguez, coordinadora asturiana de Apramp, esgrime que la decisión de dedicarse a la prostitución “nunca es del todo libre”: “Está condicionada por diferentes aspectos económicos, sociales, vitales... Si no hubiese necesidad no recurrían a ese dinero que es rápido, pero no fácil”. Uno de los puntos que incorpora la estrategia para la abolición de la prostitución en el Principado de Asturias consiste precisamente en el impulso de becas que permitan la reinserción socioeducativa de las víctimas.

El ocio nocturno impulsa medidas contra la violencia sexual

Fotografías sin consentimiento, comentarios, burlas o un acercamiento físico excesivo no consentido que genere incomodidad son algunas de las situaciones de acoso o de riesgo crítico de violencia sexual ante las que la hostelería asturiana ha decidido plantarse. El presidente de la patronal hostelera Otea, José Luis Almeida, y la directora general de Igualdad del Principado de Asturias, Nuria Varela, han firmado un protocolo de prevención y actuación frente a la violencia sexual contra las mujeres en espacios de ocio nocturno con el que se pretende formar y orientar al personal frente a este tipo de agresiones, además de hacer un expreso pronunciamiento de no tolerar esas acciones. “Se busca generar espacios seguros eliminando conductas y comportamientos que generan daño a las mujeres”, señala el documento. A los locales que quieran adherirse se les ofrecerán cursos formativos para todo el personal, desde camareros a jefes de sala, de seguridad o encargados, y dispondrán de distintivos para reconocer sus compromisos.

El pacto incluye que los establecimientos que lo suscriban evitarán "criterios sexistas o discriminatorios tanto en el control de acceso como en las actividades que hagan o en la publicidad". Este punto supone eliminar los precios diferentes para hombres y mujeres, la prioridad de acceso en función del aspecto o la sexualización de la imagen femenina. El local tendrá material de información y sensibilización y colocará cartelería alusiva a la campaña "en los lugares potencialmente más peligrosos, como los baños", con la difusión del número del centro de crisis para víctimas de violencia sexual con el que cuenta el Principado. El pub o discoteca desplegará "especial vigilancia y seguridad en las zonas más peligrosas, pero respetando siempre la intimidad y con el compromiso de guardar las imágenes de las cámaras de seguridad durante tres meses". Se compromete además a "preservar la identidad de cualquier víctima".

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