Las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, el lunes, —en las que admitió que “todas las personas” que integran “el comité de dirección del partido, y el presidente del partido, tienen un incremento de sus salarios por el partido”—, llevarán al PSOE a emprender acciones legales para que “rinda cuentas” antes de las elecciones generales del 23 de julio. Feijóo insiste en que hará público el importe de esa remuneración, pero una vez deje de ser senador. El plazo en ese caso empieza a contar tras el 16 de agosto, un día antes de incorporarse como diputado al Congreso, fecha en la que se constituirán las nuevas Cortes Generales.

Según el artículo 26 del Reglamento del Senado, y conforme al artículo 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), los senadores “están obligados a formular” una declaración de actividades y otra de bienes patrimoniales. El mismo precepto, en su apartado 2, explicita: “Ambas declaraciones deberán formularse al iniciar su mandato, como requisito para la perfección de la condición de senador y, asimismo, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”.

El 25 de mayo de 2022, cuando Feijóo entró como senador autonómico en la Cámara alta, presentó sendos documentos. En el primer formulario, indicó que prestaba una actividad “por cuenta ajena” como “presidente del Partido Popular”. Pero, en el documento sobre los bienes, no se contemplaba aún la retribución que percibe ahora, tal y como ha declarado él mismo. Unas remuneraciones que fuentes de la dirección nacional del PP califican de “gastos de representación” y que afirman serán actualizadas cuando Feijóo abandone el acta de senador. El PP se acoge así a la primera acepción del artículo 26.2. del reglamento —”en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición”—.

Pero, para el PSOE, Feijóo debería haber actualizado ya estas cantidades al considerar que se cumple la segunda condición —“una modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”—, porque reconoció que hubo un “incremento” de su “salario por el partido” como presidente del PP, cargo que ocupa desde abril de 2022. Entienden, por tanto, que debería haber registrado ya su nueva situación económica. Desde el PSOE se dan de margen hasta el próximo 30 de junio para emprender acciones concretas. La fundamentación, explican, es que para entonces habrá transcurrido un mes desde el último día para presentar la declaración del IRPF en la Agencia Tributaria.

Los socialistas entienden que en la declaración de la renta debería reflejarse lo que Feijóo ha percibido del PP en su calidad de presidente durante el pasado ejercicio. Si tiene voluntad de ser transparente —arguyen—, ahí existe una vía. Aunque —reiteran—, que ya ha transcurrido tiempo más que razonable desde que se han producido “modificaciones significativas”. Es cierto que Feijóo, una vez pierda su condición de senador, dispone de 30 días naturales para hacer su declaración final de bienes. Pero, para los socialistas, tan obligatorio es esto como la obligación de comunicar a la Cámara “la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”. Para el catedrático de Derecho Constitucional Agustín Ruiz Robledo, —en una interpretación pura del artículo 26.2 del reglamento—, “si una persona gana 100.000 euros cuando entra en el Senado, lo declara así y luego cambia su situación, y gana más, tendría que actualizar el documento”. El problema, indica el experto, es que en la “práctica casi nadie lo hace”. Fuentes del Senado apuntan a que es habitual que los senadores, también los diputados, como indican otras fuentes del Congreso, no actualicen los formularios pese a que se produzcan las modificaciones.

Las distintas casuísticas se observan en el compañero de partido de Feijóo, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto. Como avanzó Público, Maroto actualizó su situación el 10 de mayo de 2022. En el documento disponible en la web, se puede comprobar que el senador percibe 23.076,84 euros en concepto de “grupo parlamentario popular” distinto al sueldo que ya cobra como parlamentario. Miembros de la ejecutiva del PP, como Elías Bendodo y Juan Bravo, sí han presentado modificaciones, pero no consta que cobren del partido de momento. En el Congreso, Cuca Gamarra mantiene la declaración de noviembre de 2019 sin actualizar, cuando tomó posesión del acta como diputada, y en la que se especificó entonces que percibía 5.360 euros del Partido Popular. Por su parte, la alcaldesa de Marbella y senadora del PP por Málaga, Ángeles Muñoz, modificó su declaración en noviembre, después de que Eldiario.es publicase presuntas irregularidades en su patrimonio. El PSOE pidió entonces al Senado que investigase a la alcaldesa.

Quien sí ha actualizado su declaración como miembro del equipo de dirección de Feijóo es Esteban González Pons, eurodiputado y vicesecretario institucional del PP. Pons modificó en la página web del Parlamento Europeo su situación el 12 de enero de este año. En el documento, el eurodiputado declara que cobra entre 1.000 y 5.000 euros brutos al mes como vicesecretario institucional del Partido Popular. Fuentes de la cúpula del PP indican que esa retribución también es en concepto de “gastos de representación”, y que no todos los miembros de la ejecutiva los perciben.

Respecto a la posible denuncia contra Feijóo, fuentes del PSOE advierten: “Si concluimos que denunciando podemos clarificar la situación, lo haremos, antes de las elecciones y ante la Junta Electoral Central o ante el Senado, según corresponda. Estamos esperando a ver qué pasa el 30 de junio”. Fuentes del Senado recuerdan que no hay un código sancionador específico a tal efecto.

En 2017, los gastos de representación fueron de 763.720 euros

La denominación de “gastos de representación” por parte del PP no es nueva, pues desde tiempos del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar se recoge como tal. Sin embargo, en el pasado se demostró que esos “gastos de representación” se abonaban en 14 pagas, incluyendo dos pagas extra, como suele ocurrir con los salarios al uso. El informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas (el último disponible es de 2017), sobre el PP, indica que “en relación con la cuenta de ‘gastos de representación’, cuyo saldo al cierre de 2017 ascendía a 763.720,76 euros, se han revisado los justificantes de una muestra por importe total de 541.226,52 euros, consistentes, en su mayor parte, en unos recibos emitidos por el partido en los que figura el importe bruto y neto y la retención aplicada en concepto de IRPF. No se han podido comprobar las cantidades retenidas en una muestra de perceptores al no haber aportado el partido una copia íntegra del modelo 190 Declaración Informativa. Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, lo que ha constituido una limitación al no poder verificar el desglose individual de las retenciones e ingresos a cuenta, como se señalaba en el Informe de fiscalización del ejercicio anterior [...]Dichos gastos de representación corresponden a retribuciones abonadas a cargos del partido, sin que figure formalizado el acuerdo sobre el importe a abonar”.