La Fiscalía pide seis años de cárcel para Francisco Serrano, exlíder de Vox en Andalucía, por una estafa

La Fiscalía de Sevilla solicita seis años de cárcel para el exlíder de Vox en Andalucía, el juez en excedencia Francisco Serrano, por una estafa cometida supuestamente tras recibir en 2016 una ayuda de 2,4 millones del Ministerio de Industria. Serrano y sus dos socios, Enrique Pelegrín y Javier López, recibieron la subvención para una fábrica de pellets en Huelva que nunca vio la luz.

“Con ánimo de enriquecimiento injusto, se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas, para lo cual decidieron participar en el programa de ayudas para actuaciones de reindustrialización”, censura el ministerio público en su escrito de calificación. Para el polémico exlíder andaluz del partido de ultraderecha, la Fiscalía pide seis años de prisión y 5.470 euros de multa por estafa. Como alternativa, por si el tribunal que juzgue el caso no aprecia este delito, el fiscal reclama ocho años de prisión por dos delitos de fraude de subvenciones y una multa de 14,8 millones.

En ambos casos, el ministerio público le pide al tribunal que imponga a los tres empresarios, como responsabilidad civil, una indemnización de 2,4 millones destinada al Ministerio de Industria, que concedió la ayuda hace siete años.

“No se ha podido determinar el destino de 1,9 millones del total de fondos recibidos por Bio Wood Niebla [sociedad de Serrano], sin que se haya llegado a desarrollar la totalidad de las actuaciones para las que se concedió el préstamo”, concluye el fiscal en su escrito. Los empresarios afirmaron haber comprado tres granuladoras para fabricar pellets, lo que devino en un capital social de 1,2 millones, pero todo era un montaje, según la Fiscalía.

“Las máquinas no existían en realidad, puesto que no habían llegado a ser fabricadas, entregadas ni adquiridas en forma por ninguno de ellos; así pues, la aportación de las mismas al capital social fue fraudulenta y se empleó como artificio para simular una solvencia inexistente”, reza el escrito de calificación del fiscal. El secretario general de la organización en defensa de los consumidores Facua, Rubén Sánchez, que actúa como acusación popular, ha pedido una pena para los acusados de 10 años de cárcel.

Mientras que Serrano actuaba como socio inversor y estaba encargado de los aspectos jurídicos de la operación, Pelegrín era socio inversor y el encargado de la parte técnica del proyecto, y López, gerente del despacho de Serrano, se encargó de los aspectos financieros, gestión y localización del proyecto.

El expolítico andaluz, ahora apartado de Vox y famoso por sus agresivas declaraciones contra el feminismo, mantuvo un plan para invertir un millón, “tras aparentar una solvencia financiera que no tenía y lograr la concesión del préstamo de forma indebida”, recogió el auto de procesamiento del caso, dado a conocer en enero. Los tres socios que se sentarán en el banquillo sabían que el dinero no se iba a destinar para el fin otorgado en la subvención, sino para saldar deudas de clientes del político ultra, según el magistrado que instruyó el caso, Juan Gutiérrez. Más de la mitad de la subvención pública (1,3 millones) se destinó supuestamente a crear un fondo de inversión.

En su escrito de calificación, el fiscal abre la puerta para que Serrano y sus socios alcancen un acuerdo de conformidad antes de llegar a juicio.