El juez Serrano, investigado por fraude, contacta con la Oficina antifraude de Andalucía para defender un caso

El juez y excandidato de Vox a la Junta de Andalucía, Francisco Serrano, investigado por un juzgado por fraude en subvenciones, acudió ayer en calidad de abogado a la Oficina contra el Fraude y la Corrupción y Protección de la persona denunciante, para informarse de la tramitación de un caso del que nada ha trascendido. Serrano acudió junto a otros dos abogados, que representan a otro denunciante por el mismo asunto, al Parlamento de Andalucía, donde tiene su sede la Oficina antifraude que dirige el magistrado Ricardo Puyol Sánchez desde el pasado mes de octubre. Esta oficina aún no está operativa, ya que aún debe aprobarse su Reglamento de funcionamiento, pero lo estará en breve. Según fuentes parlamentarias, la semana próxima la Mesa de la Cámara tiene previsto dar el visto bueno a la norma y podrá empezar a tramitar casos. Fuentes de la Oficina antifraude aseguran que ya hay una docena de expedientes en la mesa.

La presencia de Serrano este miércoles en el Parlamento no pasó desapercibida. El que fuera candidato en dos ocasiones de Vox a la presidencia de la Junta abandonó la disciplina de su grupo en julio de 2020, y pasó a ser disputado no adscrito, después de que la Fiscalía Superior de Andalucía presentase una querella contra él por un presunto fraude de subvenciones por una ayuda pública de 2,5 millones percibida en 2016. En septiembre de ese año renunció a su escaño y volvió a ejercer de abogado.

Serrano y los otros letrados fueron recibidos por el director de la Oficina Antifraude después de pedir una cita. Los abogados no presentaron ningún principio de prueba por escrito, aunque sí trasladaron verbalmente el caso que afecta a un “conflicto de los denunciantes con una Administración”, según las fuentes consultadas. La reunión tuvo solo “carácter informativo”, pero no se aportó ninguna documentación.

“No estoy autorizado para dar ninguna información”, ha asegurado el juez Serrano a este periódico, quien no aclaró si el caso afecta a la Junta de Andalucía o a otra Administración. “Ha sido una reunión de carácter informativo donde no ha habido denuncia ni se ha presentado ninguna conversación. Ha sido una mera conversación”, aseguraron fuentes de la Oficina Antifraude.

El exlíder de Vox está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla por un presunto delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de 2,5 millones de euros para poner en marcha una fábrica de pellets (prensado a base de madera) en Huelva que nunca llegó a funcionar. Sus socios han asegurado que fue el expresidente parlamentario de la formación ultra en esta comunidad quien realizó personalmente los trámites para obtener los fondos que el Ministerio de Industria les concedió en 2016 y que eludió reembolsar. En su declaración en mayo pasado ante el juez, Serrano negó haber cometido ningún acto contrario a la ley y aseguró haber sido engañado por sus socios, quienes, en su opinión, fueron los verdaderos promotores del proyecto.

La ley de creación de la Oficina Antifraude fue aprobada el pasado mes de junio por el Parlamento de Andalucía. Su cometido es investigar de oficio o mediante denuncia previa actuaciones fraudulentas que la norma define como “engaño intencionado para obtener beneficios mediante el uso ilegal o irregular de fondos o patrimonio público”. También actuaciones corruptas (“abuso de poder, aprovechamiento irregular del uso o la información derivadas de las funciones atribuidas”) o conflictos de intereses.

Su ámbito de actuación abarca a todas las instituciones y entidades instrumentales de la Junta de Andalucía, entidades locales, universidades públicas y personas y entidades privadas cuando hayan sido adjudicatarias de contratos públicos o subvenciones. La ley también regula la protección del denunciante al que se le garantizará la confidencialidad y el “derecho a no sufrir represalias y a la reparación de los perjuicios injustificados sufridos por causa de las denuncias, con asistencia jurídica y psicológica”.