Francisco Serrano desvió 438.000 euros de la subvención que recibió en 2016 a facturas ajenas a la empresa

Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía hasta el pasado 1 de julio, y su socio supuestamente desviaron a distintos usos no previstos 438.000 euros de la subvención de 2,5 millones de euros que percibieron del Ministerio de Industria para montar una fábrica de pellets -madera prensada para combustible- en la provincia de Huelva y que nunca llegó a ponerse en marcha. Así consta en la querella que la Fiscalía ha presentado ante el Tribunal Superior de Andalucía, al que corresponde investigar a Serrano, que ha abandonado el partido de extrema derecha pero mantiene al acta en el Parlamento autonómico como diputado no adscrito y sigue aforado.

Según la querella de la Fiscalía Superior de Andalucía, a la que ha tenido acceso este periódico, Serrano, juez en excedencia, y su socio “se concertaron con la intención de obtener fraudulentamente ayudas públicas” a través del programa de ayudas Reindus, convocado en 2016 por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. La sociedad de ambos, Bio Wood Niebla, que iba a levantar la fábrica en ese municipio onubense, “no llegó a ser constituida” y los socios supuestamente se apropiaron de los 2,49 millones de euros de la ayuda, que no ha sido reintegrada. De esta cantidad, 438.000 euros se destinaron a “préstamos a terceros, retiradas en efectivo, pago de facturas y gastos varios, ninguno de ellos relacionados con la finalidad para la que fue concedido”, según el ministerio público, que les atribuye un delito de fraude de subvenciones públicas.

La Fiscalía explica que la empresa fantasma Bio Wood Niebla se constituyó ante notario el 30 de marzo de 2016 haciendo constar en la escritura pública “aportaciones no dinerarias inexistentes”, como una caldera de biomasa, tres granuladoras y un secadero rotativo. Dos meses después, Serrano y su socio presentaron la solicitud de la ayuda pública ante el ministerio, con la firma electrónica de Serrano. En noviembre de ese año obtuvieron la subvención de 2,5 millones de euros, que fue ingresada el 22 de diciembre de 2016 en una cuenta bancaria cuyo titular era el juez en excedencia. El 20 de marzo de 2017 esa cuenta se canceló. Algo más de 2 millones de euros fueron transferidos en dos tandas a otra entidad bancaria y el resto, 438.000, se destinaron a operaciones ajenas a la fábrica fantasma.

La querella de la Fiscalía ha precipitado la salida del partido de Serrano, que concurrió a las elecciones autonómicas andaluzas de 2018 como cabeza de lista por Vox, logrando casi 400.000 votos y 12 escaños. El juez en excedencia se dio de baja de su partido, aunque decidió mantener su acta de diputado y pasar al grupo de no adscritos. Su intención con esta maniobra, que no era la que esperaba su formación, es poder reincorporarse a la fuerza de extrema derecha si se archiva la investigación o sale absuelto en un posible juicio, según confirmó a este diario el propio Serrano. “Ahora mismo mi prioridad es centrarme en mi defensa. Uno de los principales motivos por los que no he abandonado mi acta de diputado es poder reingresar en el partido cuando demuestre mi inocencia”, afirmó.

Desde el partido de Santiago Abascal se le ha insinuado que hubieran preferido que dejara el acta. “Todos los cargos electos de Vox, cuando tomamos posesión, firmamos un documento con el partido en el que nos comprometemos a devolver el acta si abandonamos la formación por la razón que sea”, señaló la semana pasada su portavoz parlamentario en Andalucía, Alejandro Hernández.

En su declaración ante la Fiscalía, Serrano aseguró que él había sufragado todos los gastos de Bio Wood Niebla, pero que no adoptó ninguna decisión empresarial. “No he visto ni un solo euro del crédito y mucho menos tengo responsabilidad alguna en que no haya sido devuelto en los plazos marcados”, aseguró.

Durante su breve paso por la política dentro de Vox, Serrano, en línea con la formación ultra, se ha mostrado muy beligerante con las subvenciones a los “chiringuitos de género” —la terminología con la que la extrema derecha designa a ONG y asociaciones de mujeres o feministas—, a las que se ha solido referir habitualmente como “paguitas”. Al mantener su escaño en el grupo de no adscritos, el juez en excedencia, además del privilegio del aforamiento a la hora de enfrentarse a la querella de la Fiscalía, se garantiza el cobro de los 3.197,58 euros de sueldo base que percibe un representante de la Cámara andaluza, a los que hay que añadir los gastos para viajes y desplazamientos, que oscilan entre los 200 y los 500 euros mensuales.