Los socios del juez Serrano lo responsabilizan de la gestión de la subvención por la que está acusado de fraude

Francisco Serrano, que fue dos veces candidato por Vox a la Junta de Andalucía, ha prestado declaración este lunes ante el Juzgado que Instrucción número 16 de Sevilla como investigado por un presunto delito de fraude de subvenciones o alternativamente de estafa con relación a un préstamo estatal de 2,5 millones de euros para poner en marcha una fábrica de pellets (prensado a base de madera) en Huelva que nunca llegó a funcionar. Sus socios han asegurado que fue el expresidente parlamentario de la formación ultra en esta comunidad quien realizó personalmente los trámites para obtener los fondos que el Ministerio de Industria les concedió en 2016 y que eludió reembolsar.

Durante la hora y media que ha durado su declaración —en la que solo ha respondido a las preguntas de su abogado defensor, del juez, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, pero no las de las acusaciones populares que ejercen Rubén Sánchez, secretario general de Facua, y Podemos―, el antiguo juez ha mantenido la que ha sido su línea de defensa hasta ahora: fuentes consultadas que han estado presentes en la declaración señalan que Serrano ha negado haber cometido ningún acto contrario a la ley y ha asegurado que había sido engañado por sus socios, quienes, en su opinión, fueron los verdaderos promotores del proyecto.

Serrano dejó su cargo como diputado no adscrito el pasado mes de septiembre, después de que ya hubiera renunciado a formar parte de Vox cuando se conoció que la Fiscalía Superior de Andalucía se había querellado contra él por el mismo delito por el que ahora se le juzga y que en el Código Penal lleva aparejadas penas de entre uno y cinco años de cárcel. La pérdida de su condición de parlamentario determinó que el caso pasara del Tribunal Superior de Justicia a los tribunales ordinarios.

Su socio en la empresa para la que se solicitó la subvención, Enrique Pelegrín, y Francisco Javier López Ballesteros, “socio encubierto de Bio Wood [la empresa fundada por Serrano y Pelegrín]”, han responsabilizado al exjuez de la solicitud del préstamo y de la gestión financiera del proyecto de la fábrica de pellets objeto de la subvención, que Serrano fundó con Pelegrín en 2016. Este, de acuerdo con las fuentes consultadas, ha asegurado que solo Serrano tenía las claves de las cuentas bancarias, que era quien se relacionaba con los responsables de las entidades financieras. Tanto Pelegrín como López Ballesteros han sido investigados por los mismos delitos.

De la investigación practicada por la Fiscalía de Sevilla en noviembre de 2019 se concluye que “no consta la realización del proyecto comprometido para la fabricación de pellets para la que se solicitó la ayuda ni el reintegro del préstamo”. La Agencia Tributaria también concluyó en un informe comunicado en agosto de 2020 que Serrano había destinado parte de la subvención pública en préstamos a sociedades vinculadas, compraventa de fondos de inversión y comidas en restaurantes, viajes y ocio y que “no había demostrado ninguna voluntad de devolver las cantidades recibidas”. En marzo de este año, Hacienda embargó todos los bienes del exdirigente ultra para tratar de recuperar las cantidades desviadas.