Ayuso acusa al Gobierno de “hacer campaña” con las exhumaciones en Cuelgamuros: “No puedo más que condenarlo”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este lunes el comienzo, adelantado por EL PAÍS, de los trabajos de exhumación de 128 víctimas enterradas en el Valle de Cuelgamuros. “Veo que es un poco más de lo mismo, la utilización por parte del Gobierno, no solo de las instituciones, sino de la historia de España. Y no puedo más que condenarlo. Hacer campaña con esto a mí me parece tremendo”. El operativo impulsado por el Ejecutivo, en el que participan forenses, antropólogos, genetistas y miembros de la policía judicial, responde a las reclamaciones presentadas por descendientes de víctimas de ambos bandos de la Guerra Civil. Fausto Canales, cuyo padre fue fusilado, enterrado en una fosa común y posteriormente trasladado al Valle de los Caídos sin el conocimiento de la familia, lleva 20 años luchando para tratar de recuperar los restos. La familia Lapeña tiene desde 2016 una sentencia autorizando las exhumaciones. El dispositivo obedece al cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y a la ejecución de una resolución judicial.

Purificación Lapeña, nieta de una de las víctimas que los expertos han comenzado a buscar este lunes en las criptas del Valle de Cuelgamuros, comparte que era ahora o nunca. “Un cambio de Gobierno paralizaría todo esto y nos haría volver al principio”. Pide a Ayuso y a quienes critican las exhumaciones que se pongan en su lugar. “Queremos, como cualquiera, que nuestros muertos estén enterrados en un lugar digno. Creo que si hay gente que no lo entiende es porque en este país falta cultura e información histórica, porque esto no se ha enseñado en los colegios”. Lapeña lamenta que su padre, Manuel, no haya llegado a tiempo para ver este momento: murió en 2021, a los 97 años. ”Hoy pienso en tantos que se han quedado atrás, como mi padre o mi marido [Miguel Ángel Capapé, fallecido en 2022], que se volcó en esto”. Si todo sale bien y logran recuperar los restos de su abuelo, Purificación los enterrará con los de su abuela y los de su padre en el panteón familiar del cementerio de Villarroya de la Sierra (Calatayud).

Ayuso acusa al Gobierno de “hacer campaña” con las exhumaciones, pero los trabajos se han retrasado, en primer lugar, por una catarata de recursos judiciales presentados por grupos antimemorialistas y profranquistas, como la Fundación Francisco Franco, y posteriormente, por la negativa de una alcaldesa del PP, la de San Lorenzo de El Escorial, a autorizar la licencia de obra cuando los juzgados ya habían levantado las medidas cautelares. La regidora popular, Carlota López Esteban, llegó a declarar el pasado enero en un juzgado, acusada de prevaricación por esa decisión que retrasó el inicio de las labores forenses para tratar de devolver a sus seres queridos los restos de 128 personas.

Consuelo Ordóñez, hermana del concejal del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, criticó hace unas semanas, en una entrevista en EL PAÍS, a la presidenta madrileña por sostener en campaña electoral que ETA seguía viva y acusó al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, de haber intentado enfrentarles a los represaliados de la Guerra Civil y la dictadura durante el debate en las Cortes de la Ley de Memoria Democrática. “Estábamos en un acto en Valencia y nos llegó un wasap convocándonos prácticamente de un día para otro a una reunión en el Congreso. Luego ya me enteré de que era para utilizar a las víctimas de ETA, para enfrentarnos con las víctimas del franquismo mientras se debatía la ley de memoria democrática. Usar a unas víctimas contra otras es caer muy bajo. Esa fue mi gran decepción con Feijóo. Ya no espero nada de él”, dijo.

El equipo multidisciplinar, compuesto por 15 expertos y miembros de la policía científica, trabaja ya en las criptas del Valle de Cuelgamuros, donde se ha construido un completo laboratorio forense. La operación cumple con la Ley de Memoria Democrática y cuenta con el aval de la justicia. Los trabajos se prolongarán previsiblemente hasta septiembre, más allá de las elecciones generales del próximo 23 de julio, cuando el Ejecutivo estará en funciones. A partir de ese momento su continuidad dependerá del Gobierno que salga de las urnas. Feijóo ha anunciado que derogará la Ley de Memoria Democrática si llega a La Moncloa. Su eventual socio, Vox, ha sido especialmente beligerante contra la norma, que recurrió ante el Tribunal Constitucional. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, de cuyo departamento depende la secretaría de Estado de Memoria Democrática, insistió la pasada semana en que permitir que las familias puedan recuperar los restos de sus seres queridos “no es política, es humanidad”, y subrayó que “un demócrata” no debería oponerse a los avances que ha supuesto la ley. El comisionado de Naciones Unidas Pablo de Greiff, que asesoró al Ejecutivo en la elaboración de la ley, recuerda que las políticas de memoria no son el capricho de un partido político, sino asuntos de Estado y que responden a “obligaciones internacionales”.