La investigación de la presunta trama de compra de votos por correo en Melilla ha dado un paso más este viernes. Agentes de la Policía Nacional han acudido durante la mañana al Palacio de la Asamblea de Melilla, que alberga la corporación municipal, para requisar documentación informática relacionada con la supuesta red de captación de sufragios iniciada en las pasadas elecciones del 28 de mayo. Efectivos de la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), con apoyo de otros grupos, han registrado varias dependencias del edificio siguiendo una solicitud de volcado de datos emitida por la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Melilla, María del Carmen Prendes. El presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, ha sido informado en la sede de la Asamblea de la operación en marcha, según ha informado el mandatario. La causa, que se encuentra bajo secreto de sumario, está a su vez conectada con otros casos paralelos en la ciudad autónoma, relacionados con el amaño de partidos para manipular apuestas y con el tráfico de drogas. El presidente regional del PP, Juan José Imbroda, futuro presidente de la ciudad tras ganar por mayoría absoluta las elecciones del 28 de mayo, ha pedido al Gobierno en funciones que se retire, “ante la gravedad de los hechos que están ocurriendo” en la ciudad autónoma.

El juzgado número 2 asumió la investigación del caso después de que las peticiones de voto por correo se disparasen en Melilla a principios de mayo y ante los altos indicios por parte de la Policía de la compra de esos sufragios, mediante dinero y otras dádivas, con el partido local Coalición por Melilla señalado como presunto instigador de la trama. Las pesquisas judiciales derivaron, ya en la última semana de campaña de las elecciones, en una operación policial coordinada en la que se detuvo a 10 sospechosos por presunto fraude electoral. Entre ellos, Mohamed Al-Lal, número tres de las listas de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del Gobierno melillense hasta que fue cesado por el actual presidente. Otro de los detenidos fue el yerno de Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla, condenado e inhabilitado por otro delito de compra de votos en 2008.

Después de la proclamación de los resultados definitivos del 28-M, el viernes pasado, Coalición por Melilla impugnó ante la Junta Electoral de Zona (JEZ) la celebración de los comicios y pidió la repetición del proceso electoral. La JEZ rechazó su argumentación jurídica y el asunto está ahora en manos de la Junta Electoral Central (JEC). Los máximos responsables de la formación pretenden llegar hasta el contencioso-administrativo si la JEC niega nuevamente su reclamación.

Fuentes policiales aseguran que el caso de la presunta compra de votos por correo saltó durante las pesquisas sobre el fraude en las apuestas deportivas que tenían como epicentro el CD Huracán Melilla, un equipo de Tercera RFEF (el quinto escalón del fútbol español). Los investigadores interceptaron con orden judicial una conversación telefónica del expresidente de este equipo, Felipe Heredia Núñez, en la que supuestamente presumía de haber conseguido más de 500 votos para Coalición por Melilla. Heredia fue detenido en mayo por el fraude electoral y quedó en libertad con cargos. El martes lo arrestaron nuevamente para requisarle el teléfono “móvil bueno”, según fuentes policiales.

Según detalló el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el decreto del 26 de mayo por el que encargó las pesquisas a la Fiscalía Anticorrupción, Heredia y los otros detenidos, presuntamente “conformarían una estructura organizada, con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando además con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionadas con el partido político indicado en licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones que se habrían adjudicado durante la última legislatura en la ciudad autónoma”. Entre las subvenciones investigadas se encuentra una que recibió precisamente el CD Huracán en abril, supuestamente para financiar sus desplazamientos a la península a disputar partidos oficiales cuando, paradójicamente, la temporada está prácticamente concluida.

Abstención récord

Tras una campaña emponzoñada por la investigación de la supuesta compra del voto por correo, el PP se hizo con la victoria de las elecciones de la ciudad autónoma por mayoría absoluta, al lograr 14 diputados y 15.488 votos (el 54,33%), lo que supuso un aumento de dos diputados respecto a 2019. Coalición por Melilla, por contra, cayó de ocho escaños a cinco, con 5.467 sufragios (18.63 %).

Ante las sospechas de captación de los sufragios, la JEC obligó a presentar el DNI y entregar el sobre con el voto personal e individualmente en la oficina de Correos. La presión policial y judicial provocó que, de las 11.727 peticiones de voto por correo tramitadas en Melilla, emitieron su voto efectivo, finalmente, solo 5.814 personas, el 49,57% de los electores por vía postal, y casi el 10% del censo total. La baja participación se reflejó a su vez durante la jornada electoral: en torno a 30.000 melillenses ejercieron el 28-M su derecho al sufragio, solo el 54,36% del censo, y 10 puntos menos que en 2019, y por debajo de la media española.