La Audiencia Nacional reabre la investigación sobre el atentado contra la Embajada de España en Kabul de 2015

La Audiencia Nacional ha reabierto el sumario sobre el atentado talibán perpetrado el 11 de diciembre de 2015 contra la Embajada española en Kabul (Afganistán), en el que murieron dos policías españoles (Jorge García e Isidro Gabino San Martín) y resultaron heridos otros siete funcionarios. Con el respaldo de la Fiscalía, el juez Alejandro Abascal ha decidido retomar la investigación tras recibir un informe de la Policía Nacional con nuevos datos sobre el ataque terrorista, según han confirmado fuentes jurídicas. La causa se ha declarado secreta.

Según publicó el diario El Confidencial y han confirmado fuentes policiales a EL PAÍS, los investigadores de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía española han recabado nuevos datos sobre el crimen que apuntan a la presunta implicación de altos cargos del actual Gobierno afgano: los ministros del Interior e Información, Sirajuddin Haqqani y Zabihullah Mujahid, respectivamente. El primero, sobre el que ha llegado a pesar una recompensa de cinco millones de dólares, encabezó una milicia semiautónoma dentro de los talibanes que Estados Unidos designó como organización terrorista. El segundo ejerce como portavoz del Ejecutivo del país asiático. En 2021, con la retirada de las potencias internacionales, los talibanes recuperaron el control de todo Afganistán tras 20 años.

Sobre las 14.00, hora peninsular española, del 11 de diciembre de 2015, se produjo una fuerte explosión de un coche bomba junto al recinto de la Embajada en Kabul. El estallido provocó la muerte inmediata del subinspector de la Policía Nacional Jorge García y heridas de gravedad a Isidro Gabino San Martín, que falleció en el traslado al hospital. Según informó la Dirección de Seguridad Nacional, que calificó el atentado como “un ataque contra España”, a la explosión le “sucedió un tiroteo que duró aproximadamente una hora: tres de los integrantes del grupo terrorista entraron en los locales del compound [complejo, recinto] de la Embajada, compuesto por tres edificios”. El resto del personal de la instalación diplomática se refugió en dos búnkeres de la legación española, y fueron liberados ilesos tras una intervención de fuerzas especiales afganas y de unidades norteamericanas que duró varias horas.

Dos causas

La Audiencia Nacional abrió en su día dos investigaciones sobre el atentado, que recayeron en el Juzgado Central de Instrucción 1 —entonces encabezado por el magistrado Santiago Pedraz, y ahora por su sucesor Alejandro Abascal—. La primera (diligencias 142/2015) se centró en el ataque terrorista como tal, y se archivó a instancias de la Fiscalía “a la espera de concreción de datos que pudieran permitir la formulación de [una] querella” contra alguien concreto. Las segundas (diligencias 107/2016) se iniciaron con la presentación de una denuncia por la familia de uno de los fallecidos contra el embajador de Kabul y su segundo, Emilio Pérez de Ágreda y Oriol Solá Pardel respectivamente, por no haber adoptado las medidas de seguridad adecuadas.

Sin embargo, en 2017, también se dio carpetazo a esta segunda causa. Pedraz concluyó que “no se puede hacer recaer una responsabilidad criminal” sobre ambos diplomáticos —“ni aun a título de imprudencia”— “por una posible omisión del Estado, que debió adecuar las correspondientes medidas de seguridad”. En su auto de archivo, el juez instructor destacó que Pérez de Ágreda y Solá Pardel no pueden ser considerados “expertos en seguridad” aunque se constituyan en máxima autoridad de una misión diplomática en el exterior, e incidió en que la Embajada española se encontraba fuera del espacio de seguridad de la capital afgana, lo que suponía que la sede fuera un objetivo “especialmente vulnerable frente a posibles atentados”.

Gemma de los Ríos, viuda del policía Jorge García, afirmaba en 2017 en una entrevista con EL PAÍS: “Tengo la rabia de saber que los embajadores podían haber hecho más por la seguridad. Pero Jorge murió como un héroe, defendiendo los valores y libertades de un país. Me siento orgullosa de poder decirles eso a mis hijos”.