La reforma fiscal, el mercado energético y las relaciones con América Latina, prioridades de la presidencia española de la UE

La reforma de las normas fiscales de la Unión Europea y del mercado eléctrico europeo y el relanzamiento de las relaciones con América Latina, tras una larga ausencia que ha sido aprovechada por potencias como China para ganar terreno, serán las prioridades de la presidencia española de la UE que se inicia el 1 de julio. Así se deduce del borrador, al que ha tenido acceso EL PAÍS, del informe de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre la Unión, que ya ha sido aprobado por la ponencia y se someterá a votación definitiva el día 18.

El documento responde al encargo que, el 28 de junio del año pasado, recibieron los miembros de la ponencia para elaborar un informe que reflejase las prioridades que, a juicio del Parlamento, deben marcar la presidencia española de la UE, en el segundo semestre de este año. Aunque el texto no es vinculante, tiene un gran peso político, pues ha sido avalado por los principales grupos (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos), incluidos los que integran el Gobierno de coalición. Durante siete meses, altos cargos y expertos han comparecido ante los miembros de la comisión parlamentaria, que han recibido la visita de sus homólogos europeos y han viajado a Bruselas y otras capitales de la UE.

El resultado es un informe de 23 páginas que, una vez aprobado —aún puede sufrir modificaciones, durante el debate en comisión—, se entregará al Gobierno para que lo tenga en cuenta al elaborar el programa definitivo de la Presidencia.

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta España es el fin de la suspensión de las reglas fiscales y la necesidad de volver a disciplinar el déficit a partir del año próximo hasta rebajarlo al 3% del PIB. Aunque hay acuerdo en la meta, no lo hay en el camino para llegar a ella: de manera drástica y uniforme, como pretende Alemania, o de forma progresiva y atendiendo a la situación de cada país, como quiere España y propone el Ejecutivo comunitario.

El Parlamento español apuesta por “una reforma de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad que conjugue de forma equilibrada el rigor presupuestario con las necesidades de la sociedad”. Y aboga por “una nueva gobernanza económica” con “una arquitectura de supervisión fiscal más transparente, simple e integrada, que contribuya a una recuperación económica equitativa, al crecimiento económico, la creación de empleo y a unas finanzas públicas sostenibles y resilientes”. Subraya que los fondos New Generation, de los que España ha recibido ya más de 37.000 millones, “siguen siendo un elemento clave para la recuperación económica” y respalda que se vincule la recepción de los fondos al cumplimiento de las regulaciones de la UE.

La presidencia española de la Unión Europea debe impulsar, según el documento, una “armonización fiscal” que “acabe con los paraísos fiscales dentro de la UE y evite el dumping [abaratamiento irregular] fiscal que hace que algunas empresas tributen en países con reglas más laxas y no allí donde facturan”. Aunque no cita a ningún país concreto, se refiere, entre otros, a Países Bajos, a donde la firma española Ferrovial ha trasladado su sede social para facilitar su cotización en la bolsa de Nueva York, según sus gestores, o beneficiarse de su menor presión fiscal, como sospecha el Gobierno.

La preocupación por la deslocalización de empresas aflora también cuando pide “excluir a los fondos buitre, empresas domiciliadas en el extranjero y empresas que hayan incurrido en evasión fiscal y fraude de los programas de liquidez para atajar las consecuencias sociales y económicas de las crisis”, como los aprobados durante la pandemia de la covid.

El documento apuesta por la “autonomía estratégica abierta”, no solo en materia de defensa, sino también en los sectores energético, tecnológico y alimentario, de forma que la UE se asegure el acceso a suministros básicos —como microchips— sin levantar nuevas barreras proteccionistas al comercio mundial.

A propuesta de varias ONG y asociaciones de la sociedad civil, la ponencia propugna “la adopción de una ambiciosa directiva europea de debida diligencia que acabe con la impunidad de las empresas que vulneren los derechos humanos y medioambientales”; es decir, un código de conducta para las compañías de la UE tanto cuando actúan en territorio comunitario como en terceros países.

Reformar el mercado eléctrico

El documento considera “esencial acometer la reforma del mercado eléctrico europeo”, lo que pasa por “impulsar nuevas alternativas para que ningún Estado miembro tenga dependencia del gas ruso”; “acelerar la transición energética”; y “evitar que se destinen nuevas inversiones a infraestructuras de energías fósiles”; así como promover la salida de los países de la UE de la Carta de la Energía, que protege a los inversores en energías sucias frente a las normas de protección medioambiental.

También apuesta por “relanzar las relaciones con América Latina”, con la que UE mantendrá en julio en Bruselas su primera cumbre desde hace ocho años. De esa cita debe salir una “renovada alianza estratégica” y “un diálogo estructurado y regular” entre ambos bloques, así como la culminación de las negociaciones del acuerdo comercial con Mercosur y la renovación de los acuerdos con Chile y México; aunque, apostilla el texto, realizando “evaluaciones impacto” antes de firmar nuevos acuerdos.

En política exterior también considera prioritaria “la consolidación institucional de la Vecindad Sur” —con la que la UE proyecta una cumbre en Bruselas en noviembre— y exige la “normalización de la relación de España con algunos de los países” de la ribera meridional del Mediterráneo, en alusión a Argelia.

En política social, propone hacer permanente el régimen de reaseguro del desempleo, para paliar los efectos de futuras crisis; convertir en una prioridad la lucha contra por la reducción de la brecha de género o promover la tarjeta europea de discapacidad, además de impulsar el teletrabajo y el derecho a la desconexión. En línea con las leyes españolas del solo sí es sí o de vivienda, pide “garantizar que el consentimiento sea un elemento clave de la directiva [de la UE] contra la violencia machista” o promover una regulación europea que aborde la situación de las zonas con un mercado inmobiliario tensionado.

Además, subraya la importancia de que se avance en un Pacto de Migración y Asilo que garantice el equilibrio “entre los principios de responsabilidad y solidaridad”, promoviendo la integración de los sistemas nacionales de gestión de flujos migratorios en un sistema común europeo que respete la “obligatoriedad del rescate” y el “reparto equitativo de responsabilidades entre Estados”.

También recoge la creación de una Macrorregión Atlántica europea; la reforma de la Euroorden, para que “incluya los delitos contra el orden constitucional”, de los que fueron acusados los líderes del procés; o “el uso en las instituciones comunitarias, durante el semestre español, de las lenguas oficiales del Estado distintas al castellano”. En la misma línea, propone contar con las comunidades autónomas en los eventos de la presidencia europea.

El texto reconoce que la presidencia española se verá afectada por “el retorno de la guerra a territorio europeo” y subraya que supondrá el “cierre operativo” de la legislatura europea, ya que durante la siguiente presidencia, belga, se celebrarán las elecciones europeas. Eso obliga, advierte, a aprobar “el mayor número de expedientes legislativos que sea posible”, pues los que no salgan ahora quedarán paralizados hasta que se constituyan el Parlamento y la nueva comisión.

Con estos condicionantes, el Parlamento apuesta por mantener la unidad en el apoyo a Ucrania, pero urge a “promover en el seno de la UE una hoja de ruta para la paz. […] La presidencia española tiene que servir para resituar a la UE como actor clave en la resolución del conflicto, desde […] la firme creencia de que una paz y un esquema de seguridad en suelo europeo tiene que ser pensado, liderado y acordado desde Europa”. Es decir, la UE no puede ser invitado de piedra en el diseño del nuevo escenario geoestratégico salido de la guerra.