Redada en las oficinas de las ‘Big Four’: ¿impulso de la fallida desconexión digital?

La actuación de la Inspección de Trabajo para controlar las jornadas maratonianas de los profesionales puede ser un acicate para reorientar el modelo de las firmas de servicios profesionales

El Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho al descanso de los empleados.
El Estatuto de los Trabajadores recoge el derecho al descanso de los empleados.Luis Alvarez (Getty Images) (Getty Images)

El pasado 15 de noviembre, la Inspección de Trabajo lanzó una actuación simultánea en las oficinas de Madrid de Deloitte, PwC, EY y KPMG, las cuatro grandes consultoras también conocidas como Big Four, según adelantó este lunes El Confidencial. El departamento de Yolanda Díaz buscaba comprobar si se respetan las jornadas laborales de los empleados y si se les pagan o compensan las horas extraordinarias. La redada sorprendió a las firmas y ha generado revuelo en el sector de los servicios profesionales, incluidos los grandes despachos de abogados.

Es “vox populi”, señala Adrián Todolí, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Valencia, que “estas grandes marcas no tienen en cuenta los límites legales sobre jornada máxima”. Los sindicatos lo han denunciado públicamente. Según cuenta Raúl de la Torre, responsable del sector de consultoría y TIC de CCOO, los afiliados se quejan de jornadas maratonianas sistemáticas de 12, 14 y “hasta 20 horas”. “Desde 2008, las condiciones no han hecho sino que empeorar en el sector y también en estas empresas”, afirma. “Con el caramelo de que puede suponer un salto en su carrera, algunos parten de 16.000 euros anuales”.

Una consecuencia colateral de la actividad de la inspección es el impulso del derecho a la desconexión digital, opina Javier Mourelo, director de personas de RSM Spain, una firma de auditoría y asesoría de empresas. La ley que prohíbe molestar a los trabajadores con llamadas o emails fuera de su jornada es de hace más de cuatro años, pero, según una encuesta de Adecco de junio de 2022, el 45% de los empleados se lleva trabajo a casa una media de tres días a la semana. “Tenemos una norma de desconexión digital que prácticamente no se cumple”, afirma Todolí. Sobre el papel, una infracción que afecte al descanso puede suponer una multa de hasta 7.500 euros. Además, la inspección requerirá o sancionará por las horas de más no pagadas.

La Ley Orgánica de Protección de Datos y el Estatuto de los Trabajadores (ET) consagran el derecho a no tener que conectarse fuera del horario laboral para blindar el descanso y la intimidad del empleado. “Si se le obliga a contestar un email o una llamada, eso es una hora extra que tiene que compensarse o pagarse, y que cotiza a la Seguridad Social”, agrega Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y de Seguridad Social. Cuando el empleado sigue trabajando en casa a la vuelta de la oficina, puntualiza la inspectora, “es una prolongación de jornada”. Para demostrarlo, apunta, se puede comprobar la conexión VPN a la red de la compañía o los correos electrónicos y mensajes por WhatsApp.

Los tribunales van poco a poco dibujando el contenido y los límites de este derecho a la vez que cada vez más convenios colectivos incluyen protocolos para garantizarlo. Por ejemplo, promoviendo la configuración de envío retardado de los correos electrónicos. Entre la casuística analizada, la justicia madrileña ha puntualizado que hacer un curso de formación online fuera del horario normal no vulnera la desconexión si es parte del tiempo de trabajo. Ahora bien, las horas laborales tienen un tope.

El Estatuto de los Trabajadores limita las horas extraordinarias a 80 al año (descontando las compensadas con descanso). Además, hay que respetar los reposos mínimos, que entre jornadas es de 12 horas. El incumplimiento continuado de la normativa sobre jornada laboral no solo puede afectar a la salud de los empleados, sino que tiene una derivada económica. Como expone Ercoreca, con las comprobaciones del registro horario “se han podido aflorar horas extra no remuneradas ni cotizadas”. Un agujero en el bolsillo del asalariado y de la Seguridad Social. Además, apostilla Todolí, lo suyo es que, si la carga de trabajo rebasa, se contrate a más personal y se cotice por él.

Más allá del temor a las posibles multas por incumplir la legalidad vigente, el sector de los servicios profesionales se enfrenta al reto de adaptarse a las condiciones que reclaman los trabajadores para conseguir atraer y retener al mejor talento. La lucha en este terreno, reconoce Javier Mourelo, “es cada vez mayor”. Desde hace dos o tres años hay “más ofertas de empleo cualificado que demandantes con el perfil de competencias y conocimientos necesarios”.

Conciliar

Las compañías deben asimilar que las nuevas generaciones de trabajadores no están dispuestas a vender su alma por un sueldo más o menos elevado. Quieren poder conciliar. Como señala Marta del Coto, responsable de la oficina de Barcelona de Iterlegis, una firma especializada en el reclutamiento de abogados para despachos y empresas, “las largas jornadas repelen en gran parte al talento joven, mucho menos alineado con esta tradición ancestral de lo que lo están las secciones más altas de la pirámide, que ya son rehenes de sus altas remuneraciones, y la promesa de un cada vez más complicado acceso al partnership”.

Las firmas que no se adapten a este cambio estructural, opina Mourelo, “tendrán enormes dificultades”. Para posicionarse, señala, deben ser atractivas y ofrecer flexibilidad “de verdad” y premiar a sus mejores profesionales. El director de personas en RSM también advierte de que hay que “vigilar muy de cerca los niveles de rotación”. Con este horizonte, Mourelo augura que la desconexión digital real llegará al sector antes de cinco años. Del Coto, en cambio, se muestra “moderadamente escéptica” sobre un cambio drástico, pues “lo que subyace bajo esta cultura es una rentabilidad por profesional inigualable”.

Fuga de talento

Según una encuesta de la International Bar Associaton (IBA) de 2022, un 54% de los 3.000 abogados menores de 40 años consultados manifestaron su intención de cambiar de puesto de trabajo. De ellos, el 33% quería moverse a otra área, y el 20% valoraba abandonar la práctica legal. Entre los motivos destacados, la falta de conciliación. “En España constatamos una importante fuga de abogados a departamentos legales de empresa”, afirma Marta del Coto. Esta migración supone una pérdida crítica para estas firmas de talento de “cuatro a seis años de experiencia”. Una de sus motivaciones es poder disfrutar de “una jornada laboral más racional, sin restar interés y exigencia a sus funciones”.

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