Robles advierte de que Defensa no cederá gratis el suelo para construir 20.000 viviendas sociales
La ministra asegura que la ley le obliga a cobrar un “justiprecio” por los terrenos que ya no tienen interés militar
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha advertido de que su departamento no puede ceder gratuitamente el suelo en el que se construirán las 20.000 viviendas públicas nuevas para alquiler social, que anunció este martes en el Senado el presidente Pedro Sánchez. Robles ha recordado que la ley impide a Defensa la cesión gratuita de los terrenos que han dejado de tener interés militar, por lo que ha aclarado que el Misterio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana deberá pagar un “justiprecio” acorde con el valor fijado por una empresa de tasación.
En realidad, el Instituto de la Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Inviev) lleva meses negociando con la Sepes (Sociedad Pública Empresarial de Suelo) y ya se ha cerrado un acuerdo en torno a un precio a tanto alzado por el lote completo de terrenos. Robles no ha querido revelar el precio total de la operación, pero este asciende a cientos de millones de euros, a juzgar por los acuerdos cerrados últimamente por Defensa: 260 millones por la Operación Campamento de Madrid (con 12.000 viviendas), 35,4 millones por 214.000 metros cuadrados de la base aérea de Getafe (1450 viviendas) y 43 millones por el cuartel de Son Busquets, en Palma de Mallorca (800 viviendas). Tampoco se conoce la localización de los terrenos, aunque fuentes de Defensa aseguran que están en “toda España”.
El acuerdo con la Sepes debe ser aprobado próximamente por el Consejo de Ministros. La titular de Defensa ha subrayado las ventajas que la operación tiene para su departamento, ya que le permitirá ingresar fondos con los que impulsar la modernización de las Fuerzas Armadas (acelerando el crecimiento del gasto militar hasta el 2% del PIB comprometido para 2029 con la OTAN) y deshacerse de unos terrenos que ya no tienen interés militar y cuyo mantenimiento le obliga a gastar cuantiosos recursos. El acuerdo permitirá a Defensa, además, cobrar, sin tener que esperar a la recalificación urbanística de los terrenos, la demolición de los inmuebles que los ocupan y la construcción de las nuevas viviendas, tareas todas ellas que corresponderá acometer a la Sepes.
Según la memoria del Invied de 2021, última publicada, a 31 de diciembre de ese año estaban a disposición de dicho organismo, para su venta o subasta, 546 inmuebles que habían sido desafectados de la defensa; es decir, que habían dejado de tener interés militar. Se trata principalmente de “carreteras, pistas, caminos y ramales, acuartelamientos, aeródromos en desuso, campos de tiro y maniobras, parcelas urbanas y rústicas y edificios singulares”, agrega el documento. La mayor parte de los inmuebles estaban en Andalucía (150), seguida de Ceuta (71), Madrid (65), Galicia (63), Castilla-La Mancha (39) y Castilla y León (29). A la cola, Cantabria (1), La Rioja (2) y Navarra (3). En Cataluña había nueve inmuebles en venta y en el País Vasco seis, como en la Comunidad Valenciana y Asturias.
Actualmente, el Invied tiene 11 solares en venta directa en ocho provincias, por haberse declarado desierta la correspondiente subasta, con una superficie de más de 900.000 metros cuadrados en conjunto y un valor superior a los 20 millones de euros, sin contar las operaciones ya mencionadas (Campamento, base aérea de Getafe y Son Busquets), así como 25 locales en 13 provincias que están a la venta por 5,5 millones. En total, este organismo autónomo dependiente del Ministerio de Defensa gestiona 11.173 propiedades, de las que 9.620 son viviendas militares y 206 solares o parcelas. En 2021 ingresó 53,1 millones de euros por la enajenación de inmuebles.
El presidente del Gobierno anunció este martes la intención de promover la edificación de 20.000 pisos más para alquiler social y asequible en suelos del Ministerio de Defensa, sin dar más precisiones sobre ubicación de las mismas o el plazo de construcción. Se trata de una operación adicional a las anunciadas hasta ahora, que sumaban un total de 163.000 viviendas, y elevan el compromiso del Gobierno en la materia hasta las 183.000 viviendas sociales. Las anunciadas se suman a las 12.000 ya proyectadas en la Operación Campamento, en una zona que ocupaban antiguos cuarteles al oeste de Madrid. Todos estos anuncios coinciden con la tramitación de la Ley de la Vivienda pactada por los dos partidos del Gobierno de coalición y que se vota este jueves en el Congreso.
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