Un error judicial anula la causa contra cinco sospechosos de un secuestro en Marbella

La noche del 22 de agosto de 2020 un Audi A3 y un Peugeot 308 con distintivos luminosos cortaron el paso al coche en el que viajaba Jamal B., ciudadano holandés que entonces tenía 31 años, en una urbanización a las afueras de Marbella (Málaga, 150.725 habitantes). Acto seguido, varios hombres que simulaban ser policías y con mascarillas en la cara se bajaron de ambos vehículos. A Jamal le pusieron unas esposas a punta de pistola, lo golpearon y se lo llevaron, dejando allí a su mujer y a su guardaespaldas. Es la última noticia que se tiene de su paradero. Nunca más se supo sobre su destino tras el secuestro. El trabajo policial posterior consiguió identificar a seis sospechosos, dos de los cuales llegaron a ser detenidos. Ahora, un error judicial ha echado por tierra gran parte de la instrucción del caso y ha anulado la causa contra cinco de los investigados, que quedan totalmente limpios y a los que ya será casi imposible enjuiciar.

La sorprendente situación tiene una fecha clave: el 19 de enero de 2022. Ese era el día en el que la jueza que en ese momento estaba a cargo del caso debía prorrogar la instrucción. No lo hizo. Como consecuencia, todas las diligencias de investigación acordadas a partir de entonces “no son válidas”, según indica el auto de nulidad con fecha de la semana pasada firmado por el magistrado que actualmente lleva la causa. Fue después de aquella fecha cuando la investigación policial obtuvo los avances más importantes. Hasta entonces solo había un sospechoso, pero desde entonces se llegó a detener a dos personas y se solicitó la declaración como investigados de tres más. Todos quedaron en libertad con medidas de restricción —firmar de manera periódica en el juzgado, retirada del pasaporte y prohibición de salir del país— aunque ahora serán totalmente libres, puesto que toda la investigación que apunta hacia ellos ha quedado anulada.

La base jurídica para la decisión judicial es el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que, en julio de 2020, estableció periodos concretos para la realización de la instrucción cuando hasta entonces, si la causa estaba declara secreta, como ocurría en esta, los plazos no corrían. A cambio, permite que a instancias del fiscal, de las partes o el juez de oficio se puedan realizar prórrogas. La solicitud de ampliación del caso se hizo el 19 de julio de 2021 y por un plazo de seis meses. Sin embargo, aquel 19 de enero de 2022 nadie lo hizo. Las partes no podían porque la investigación estaba todavía declarada como secreta y no tenían entonces información sobre cómo estaba el procedimiento o si se había acordado algo. “Nadie se dio cuenta. Es algo tan automático que es impensable que ocurra. Es muestra del interés que se ha puesto sobre la causa”, cuenta Javier Muriel, abogado de una parte de la familia de la víctima, sorprendido y visiblemente enfadado por lo ocurrido, que relata que desde que comenzó el caso han pasado por él hasta cinco jueces.

La investigación dejó de ser secreta el pasado 14 de febrero. Entonces el letrado de uno de los investigados encontró el fallo al revisar la documentación: nadie había solicitado aquella prórroga a pesar, incluso, de que se habían pedido la posterior en julio de 2022. “Es el sueño de todo abogado de defensa. A veces ocurre en grandes causas que se convierten en ingobernables, pero este es un caso muy concreto con una vida humana en juego”, subraya Muriel, que dice que la situación es “imposible de entender” a nivel procesal y humano. “Cómo le explicas ahora a la familia, a su mujer y sus cinco hijos, que los sospechosos de secuestrar a su marido ya no lo son por un fallo judicial”, insiste el abogado. “Esto subraya el mal endémico de la Justicia, su falta de medios, las interinidades y los cambios constantes”, señala.

“Es una tragedia porque contra esas personas no se va a poder hacer nada en el futuro”, añade otro de los abogados de la causa, que subrayan que el procedimiento ya solo puede seguir contra solo uno de los acusados, el primero, que fue declarado investigado durante la primera parte del procedimiento (y que se encuentra cumpliendo condena por otro caso en Francia). Esa fase inicial la llevó la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Costa del Sol con ayuda del Grupo de Respuesta contra el Crimen Organizado (Greco) asentado en la zona. No fue hasta marzo de 2022 cuando el caso pasó al grupo II de Crimen Organizado de Málaga, justo cuando se realizaron los mayores avances tras volver a revisar el caso, seguir toda la trayectoria de los tres vehículos involucrados en el secuestro y conocer las tareas de seguimiento que un grupo de hombres había realizado ya previamente a la víctima.

El análisis de los movimientos permitió “confirmar la relación entre una serie de personas” de “la misma organización criminal” que, tras el “acopio de indicios”, se cree que fue la que realizó el secuestro. Dos de ellos fueron detenidos el pasado mes de febrero —dos hombres franceses de 37 y 42 años, que quedaron en libertad provisional, según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)— y otros tres declararon como investigados. Justo los cinco contra los que la causa ha quedado ahora anulada. Mientras, la familia de Jamal pierde la esperanza de volver a verlo con vida casi tres años después del secuestro.