Las principales pruebas de contrabando contra el exalcalde gallego ‘Nené' Barral se desmoronan

José Ramón Barral, Nené, el exalcalde del PP que en 2001 tuvo que dejar la alcaldía tras ser detenido por contrabando de tabaco (una tacha que le acompañó durante su larga carrera política), ha ganado la primera partida judicial tras sentarse en el banquillo con, al menos, 15 años de retraso. La causa más antigua de España contra una organización de tabaqueros, con conexiones en EE UU, Golfo Pérsico y Europa, y el último coletazo judicial de las históricas redes gallegas, llegó al fin a juicio, pero se desmoronó antes de que el ya octogenario Nené declarase por un alijo de medio millón de cajetillas por el que afronta una condena de 10 años de cárcel y una multa de 15 millones de euros. El tribunal invalidó los pinchazos telefónicos, prueba fundamental del caso, porque Aduanas inició la investigación tras interceptar la comunicación por radio entre dos barcos, cuando estos supuestamente preparaban una descarga de cocaína, pero sin que mediara una orden judicial.

Desde el origen de aquellas escuchas, ahora anuladas, se perfiló el organigrama de la supuesta organización tabaquera en la que Barral se situaba en su cúspide, dando instrucciones concretas desde el despacho de la alcaldía de Ribadumia (Pontevedra) a sus lacayos y a los cuatro funcionarios (dos guardias civiles y dos aduaneros) que, según la acusación, estaban a sueldo del regidor a cambio de informar del curso de las investigaciones policiales. Ahora, la mayor parte de ese relato acusatorio queda en papel mojado al admitir el tribunal la nulidad de los pinchazos, que se remontan a febrero de 1999.

Los trompicones para que el caso llegara a juicio y ahora el contundente auto de la Audiencia de Pontevedra han dejado desarmada a la Fiscalía. De hecho, el tribunal de la sección cuarta también ha declarado nulos los “datos, hallazgos y pruebas” obtenidos a través de las escuchas telefónicas anuladas, por lo que estos deben ser expulsadas del procedimiento. Pero este nuevo revés en el interminable proceso contra Barral no evitará que la Fiscalía de Pontevedra siga intentando salvar el asunto, ya desinflado por su dilatada instrucción, aunque tendrá que recomponer su escrito de acusación en el que se considera a Barral como el líder de esta organización, entre 1996 y 2001, dedicada a introducir tabaco chino falsificado en territorio europeo, al que acusa de asociación ilícita, contrabando y cohecho.

Después de que el asunto pasase por las manos de tres fiscales y otros tantos jueces, la acusación pública la ha asumido el propio fiscal jefe, Juan Carlos Aladro, que intentó alcanzar un acuerdo de conformidad con los procesados sin lograrlo. Por si fuera poco, el que fuera principal responsable de la investigación, jefe territorial del Servicio de Vigilancia Aduanera y testigo de cargo de la acusación, falleció el pasado año. Con todo, Aladro admite que la causa es compleja, pero está convencido de que hay margen para actuar con garantías procesales. “Todavía hay caso y seguiremos adelante”, ha defendido el responsable de la Fiscalía.

Barral siempre ha negado los cargos que truncaron su cuarta mayoría absoluta como alcalde de su pueblo de 5.000 habitantes. La impugnación de los pinchazos solicitada por su abogada ha tenido un efecto dominó para el resto de las defensas de los 12 acusados. La letrada Carmen Ventoso planteó que la investigación ha sido “prospectiva”, con escuchas a más de 100 teléfonos de unas 70 personas, y durante dos años, que fueron autorizadas al Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) por el juzgado de instrucción número uno de Vilagarcía, que entonces dirigía el juez José Antonio Vázquez Taín. Y aquel alijo de cocaína que se perseguía derivó en otro de tabaco que llegó a Vigo entre palés de madera contrachapada.

Todos los abogados argumentaron que los delitos estarían ya prescritos, mientras el asunto se enredó con otra causa anterior abierta por la Audiencia Nacional, lo que dio pie a plantear incompetencia de jurisdicción para juzgar la causa en Galicia. Ventoso rechazó que Barral haya cometido un delito de contrabando o de cohecho, ya que los cuatro contenedores en tránsito incautados con cajetillas de la marca Magnum Especial, que solo se vendían en el Reino Unido, no llegaron a salir de la zona franca del puerto de Vigo, cuando todavía había posibilidad de declarar la mercancía.

Los abogados defensores de los agentes de Vigilancia Aduanera y de la Guardia Civil acusados de revelación de secretos argumentaron que estos hechos ya fueron juzgados y absueltos por el Tribunal Supremo por el mismo delito, por lo que pidieron anular el proceso. Un argumento que rechazó el fiscal, que aunque admitió que son los mismos actores, aclaró que la causa anterior se refería a una operación de tráfico de hachís y no de contrabando de tabaco, tratando de evitar que la sala tumbase el juicio.

Tras el paréntesis de la pandemia, el juicio arrancó en julio del pasado año, pero la ausencia de uno de los acusados por enfermedad obligó a retrasarlo hasta finales de septiembre. Tras el paréntesis de cinco meses que necesitó el tribunal para pronunciarse sobre la nulidad de las intervenciones telefónicas, se barajó el 15 de mayo como posible fecha para reanudar la vista, aunque fuentes del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) han indicado que todavía no hay señalamiento.

Un sumario de intrigas, traiciones y filtraciones

La mañana del 14 de mayo de 2001, Nené Barral fue esposado en su casa de Ribadumia por agentes de Aduanas que llevaban desde la década de los años ochenta vigilando sus movimientos. Casi al mismo tiempo, también era detenido su hermano Feliciano, entonces presidente de la ejecutiva local del PP. La caída de los hermanos Barral sacudió los cimientos del partido en el que habían militado con las siglas de AP, en plena era de Aznar y de Manuel Fraga. El hombre que llegó a ser uno de los políticos más influyentes de la época en las Rías Baixas, prácticamente gobernada por la marca de la gaviota, y con hilo directo en La Moncloa, tuvo que dimitir convencido de que lo habían traicionado.

En el arranque del juicio, el fiscal describió la doble vida de Barral salpicada de intrigas, traiciones y filtraciones que ha quedado reflejada en una investigación que comenzó en 1996, un año después de morir su mentor, el empresario Vicente Otero, considerado el padre del contrabando gallego y también miembro destacado de los populares. En su argumentario, el fiscal enfatizó la personalidad de Nené como un jefe que daba órdenes desde su teléfono de la alcaldía y recibía filtraciones desde la misma sede del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en A Coruña, y por parte de dos agentes de la Guardia Civil, a cambio de suculentas cantidades de dinero. Pero para alguno de estos aduaneros no era suficiente la nómina y reclamó todavía más a Barral bajo amenaza de desvelar sus supuestos negocios.

La información que estos funcionarios supuestamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia llegó incluso a suspender dos operaciones programadas por la organización en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusación. Barral tenía que lidiar con una extensa organización integrada por ciudadanos portugueses, holandeses, croatas, suizos, británicos, polacos y griegos, además de las conexiones que la red tenía en Norteamérica y el sultanato de Omán para el embarque y tránsito de los alijos. Una reconstrucción de los hechos de la Fiscalía, propia de un guion cinematográfico, que el tribunal ha dejado fuera de un caso que comenzó con 43 imputados y que ha quedado reducido a 12.