La última leyenda del contrabando en Galicia y exalcalde del PP se sienta en el banquillo

Nené Barral será juzgado en julio por mover supuestamente alijos de tabaco desde su despacho consistorial de Ribadumia hace más de 20 años

Nené Barral, durante un juicio por fraude fiscal en 2016.
Nené Barral, durante un juicio por fraude fiscal en 2016.OSCAR CORRAL

La investigación de Vigilancia Aduanera por contrabando de tabaco contra el influyente alcalde de Ribadumia (Pontevedra) José Ramón Barral, Nené, por la que acabó detenido y forzado a dimitir en 2001, languideció durante 23 años en un juzgado de Vilagarcía de Arousa. Cuando el caso parecía abocado al archivo, después de que el número de acusados quedase reducido a menos de la mitad, con tres de ellos ya fallecidos, la Audiencia Provincial de Pontevedra abre juicio contra Barral y la organización que supuestamente dirigía desde la alcaldía para mover los alijos.

Tras el intento frustrado de la Fiscalía de alcanzar un acuerdo, la causa por contrabando llega a juicio como la más antigua de España. El tribunal de la sección cuarta de la Audiencia sentará al presunto alcalde contrabandista en el banquillo el próximo 26 de julio, con al menos tres jornadas de juicio previstas, según confirmaron fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Barral, de 78 años y que cumplió 18 años con el bastón de mando, es una de las leyendas vivas del contrabando de tabaco en Galicia y la supuesta prueba de los viejos vínculos de la política con los tabaqueros. Su juicio cierra tres décadas de historia en la que las redes de contrabandistas consiguieron enormes fortunas, amparadas por la corrupción policial y en un ambiente político propicio. En 2004, la Fiscalía de Pontevedra dio por agotado el negocio en Galicia.

El exalcalde del PP, que siempre ha negado su relación con el contrabando, afronta una condena de 10 años y medio de prisión y una multa de 15 millones de euros por presuntos delitos de contrabando, cohecho y asociación ilícita. Aunque la acusación llegó a implicar a familiares directos del expolítico, el fiscal retiró la acusación contra todos ellos excepto su hermano Feliciano Barral, que entonces era presidente de la ejecutiva local del PP, para quien solicita una condena de seis años de cárcel.

La parte económica del caso se centró en Suiza, donde la Agencia Tributaria buscó la supuesta hucha que Barral guardaba en bancos del país helvético y en los que presuntamente lavaba dinero del contrabando, pero finalmente no se encontró. Esta investigación retrasó años la instrucción hasta que, en 2016, llegó el escrito de acusación del fiscal. El ministerio público mantuvo los cargos contra el expolítico gracias a que se evitó la prescripción por la existencia de un delito de cohecho.

Las pruebas de contrabando que esgrime la acusación, entre ellas decenas de pinchazos telefónicos, sitúan a Barral en su despacho de la alcaldía. Ni en los años dorados para los tabaqueros, ni en pleno estallido de la redada que desmanteló el mayor cartel de contrabandistas de la ría de Arousa (del que salieron los históricos narcotraficantes), habían aparecido datos contundentes para incriminarlo en el negocio. De hecho, en la histórica huida de contrabandistas a Portugal para escapar de una redada en diciembre de 1983, Barral ocupaba la alcaldía de su pueblo. Entonces ya varios informes policiales deslizaban su posible doble vida.

Fue su cuarta mayoría absoluta la que se le atragantó al alcalde. En 1996, Aduanas logró judicializar la investigación que llegó a atribuir a Barral la propiedad de dos pesqueros y un buque mercante para introducir en España y otros países de la UE tabaco de procedencia extracomunitaria. Los investigadores situaron al alcalde en la cúpula de un entramado integrado por personas de nacionalidad portuguesa, holandesa, suiza, croata, norteamericana, inglesa y polaca, una actividad con la que en dos años habría defraudado 4,3 millones de euros.

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Aduanas documenta al menos tres operaciones cuya organización atribuye al que en aquellos momentos era el todopoderoso regidor de Ribadumia y miembro destacado del PP de Manuel Fraga en la provincia de Pontevedra gracias a sus vínculos con el empresario Vicente Otero, Terito, amigo personal del entonces presidente de la Xunta. La investigación detalla cómo el 25 de febrero de 1999, un avión de Aduanas avista el barco nodriza y el pesquero que iba a alijar el cargamento.

Soplos en la alcaldía

La Fiscalía sostiene que Barral “mantenía estrechos lazos de amistad con guardias civiles, y simultáneamente disponía de información sobre las actuaciones de Vigilancia Aduanera”. La información que estos funcionarios supuestamente facilitaban al exalcalde para garantizar el traslado de los alijos a Galicia llegó incluso a suspender dos operaciones programadas por la organización en los meses de febrero y octubre de 1999, sostiene la acusación.

Cuando ya había un auto de abordaje dictado por la Audiencia Nacional, Barral recibió supuestamente una filtración de dos funcionarios aduaneros y suspendió el transbordo. El fiscal señala llamadas que los informadores hacen a su despacho del Ayuntamiento y en las que también le advierten de que sus comunicaciones han sido interceptadas. Aun así, el regidor emprende otro intento con Aduanas pisándole los talones. En octubre de 2000 aborta de nuevo la operación cuando sus lugartenientes identifican unos vehículos Aduanas que vigilaban una reunión de Barral en una de sus bodegas.

La investigación de Vigilancia Aduanera consigue su objetivo el 14 de mayo de 2001, cuando llega al puerto de Vigo el buque que transportaba cuatro contenedores con 432.000 cajetillas de la marca Magnum Especial, camufladas entre madera contrachapada. Horas después, los agentes detuvieron al alcalde en su casa de Ribadumia y, aunque quedó en libertad provisional, Barral se vio forzado a dimitir tras 18 años en el cargo. “Nadie bajo sospecha puede regir los destinos de un pueblo, que está por encima de todo”, proclamó sobre su marcha en un pleno extraordinario abarrotado de seguidores.

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