La investigación por contrabando más larga de España

El 14 de mayo de 2001 el Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) logró el más ansiado trofeo en la larga batalla contra el contrabando de tabaco que se libró en Galicia durante dos décadas. La detención del entonces alcalde José Ramón Barral Martínez, Nené, por un alijo de casi medio millón de cajetillas falsificadas en China y embarcadas en el sultanato de Omán, constató las sospechadas conexiones políticas en ese negocio en el que germinó el narcotráfico, y la caída del regidor más influyente del PP en la era de Manuel Fraga en la provincia de Pontevedra que hasta entonces parecía intocable.

Pero 20 años después, el traspié de Barral por el que tuvo que dimitir de su sillón en la alcaldía de Ribadumia (Pontevedra), revalidado desde 1989 con mayorías absolutas, ha resultado una zancadilla para el caso, hasta el punto de convertirse en el proceso de contrabando más antiguo de España y aún sin fecha para el juicio. Esta anomalía procesal deja atrás cuatro implicados ya fallecidos, entre ellos dos guardias civiles y un aduanero, y una causa que se ha desinflado con el paso del tiempo, al pasar de 43 a 11 imputados.

El expolítico, de 78 años, se enfrenta a una condena de 10 años y medio de prisión y una multa de 15 millones de euros por presuntos delitos de contrabando, cohecho y asociación ilícita, aunque él siempre defendió que sus actividades eran legales al encontrarse la mercancía incautada en Vigo en tránsito hacia el Reino Unido.

Ahora, el último intento de la Fiscalía por llegar a juicio con unas mínimas expectativas es alcanzar un acuerdo de conformidad con los acusados, lo que supondría el reconocimiento del delito, pero el fiscal jefe Juan Carlos Aladro ha admitido que por el momento no se ha logrado. Barral lo ha rechazado, al igual que su hermano Feliciano y otros implicados. Si el caso sigue vivo a efectos de prescripción es por los delitos conexos de cohecho, y por esa vía se pretende lograr una colaboración in extremis con algún guardia civil o aduanero dispuesto a pactar una condena de mínimos.

Además, en el obituario del caso Barral la Fiscalía de Pontevedra ya no podrá contar con un testigo primordial y coordinador de la investigación, Lino Alonso, el responsable de operaciones especiales del SVA y el aduanero más veterano en las investigaciones de contrabando en Galicia.

Las dilaciones de este proceso en un juzgado de Vilagarcía de Arousa se han producido, sobre todo, por las trabas para investigar cuentas del principal acusado en Suiza. En 2012 parecía que se habían cumplimentado las últimas comisiones rogatorias enviadas al país helvético, cuando funcionarios aduaneros españoles interrogaron en Lausana a Denis Beuret Hugunin, el presunto gestor de las finanzas de Nené Barral en el extranjero, pero no fue así.

Mientras el sumario iba engordando con reclamaciones informativas del juzgado y las negativas suizas, otros frentes se abrieron contra Barral y sus tres hijas por delito fiscal y blanqueo de dinero. Por ocultar a Hacienda los ingresos que obtuvo de sus negocios eólicos y acuícolas en China y Chile en los ejercicios de 2006 y 2007, el exalcalde pagó una multa de un millón de euros para librar a su familia del caso. Sin embargo, Nené sigue imputado en la Operación Cebra por dirigir un supuesto entramado de sociedades y testaferros en Macao, Bahamas y Luxemburgo y empleados bancarios de Andorra, Suiza y Portugal.

El nombre de Barral estuvo siempre vinculado a su mentor y socio, el empresario Vicente Otero, Terito, amigo personal de Fraga y apoyo incondicional en todas sus campañas en la ría de Arousa donde el PP arrasaba. Ambos aparecían en todo informe policial hecho en las épocas doradas del contrabando de los que salieron indemnes, incluso el que desencadenó la redada de diciembre de 1983 que desmanteló las tres principales organizaciones.

Leyenda viva del contrabando

El exalcalde era en 2001 la penúltima leyenda viva del contrabando que, según las investigaciones del SVA, seguía en activo y en paralelo a otro histórico personaje del transporte ilegal del tabaco americano, Marcial Dorado, el último en caer. Este fue detenido en 2003, y sus conexiones con personajes afines al PP lo colocaron a mediados de los noventa en el círculo de amistades del que acabó siendo presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

La Fiscalía también sienta en el banquillo al hermano menor de Nené, Feliciano Barral, expresidente local del PP hasta su detención, y le sitúa como supuesto número dos de la organización. Pide para él una condena de tres años por contrabando, otros tantos por asociación ilícita y una multa idéntica al que fuera su presunto jefe en los negocios tabaqueros.

En la causa también están procesados dos funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera, para los que el fiscal solicita hasta cuatro años y medio de prisión por revelación de secretos y pertenencia a una organización criminal, así como un guardia civil para el que la condena solicitada es de tres años y nueve meses.

Dice el fiscal que José Ramón Barral contaba con una potente infraestructura para introducir la mercancía ilegal y que este cargamento por el que está implicado era uno más en su intensa actividad como tabaquero. Nené había abandonado los viejos métodos del contrabando y su mercado ya no estaba en España sino en el Reino Unido. La acusación dice que había vertebrado una sofisticada organización con dos sistemas de transporte: los contenedores y otro que se realizaba por vía marítima, con barcos como el North See, que utilizaban los puertos de Cork (Irlanda) y el de Róterdam (Países Bajos) y también empleaba una flota de camiones.

Los cargamentos de cajetillas que se falsificaban en China luego se embarcaban en el sultanato de Omán, donde se simulaba su origen en Senegal, y después llegaban a la Península para ser enviados a Gran Bretaña. Uno de estos cargamentos de medio millón de cajetillas de la marca Magnum fue intervenido en Vigo con destino al mercado británico.

Alejado de la presión mediática, Barral sigue negando con rotundidad su implicación en el contrabando y siempre ha declarado que él era un simple intermediario legal. “Este caso es un calvario para la familia Barral y solo piden que esta espera acabe cuanto antes”, comentan a EL PAÍS fuentes cercanas al exalcalde.