Exteriores suspende la inspección de la Embajada de España en La Haya por su posible ilegalidad

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha suspendido “por prudencia” la inspección que tenía previsto realizar en la Embajada de España en La Haya (Países Bajos), después de que los sindicatos del departamento hayan advertido de su posible ilegalidad. La inspección debía realizarse este mes de marzo, a pocas semanas de conocerse que todo el personal laboral de la Embajada se había solidarizado con una auxiliar que renunció a su empleo denunciando sus condiciones de trabajo. Según Exteriores, la inspección no tenía relación con este conflicto, pues era “de carácter ordinario y estaba programada desde el año pasado e incluida en el plan de inspecciones para 2023″.

Sin embargo, la Subsecretaría del departamento suspendió a última hora la inspección ante la advertencia de Comisiones Obreras, UGT, CSIF (Central Sindical Independiente de Funcionarios) y Sisex (Sindicato Independiente del Servicio Exterior) de que los inspectores responsables de esta tarea carecían de la acreditación necesaria para realizarla. El pasado 3 de marzo, dichos sindicatos remitieron una carta al subsecretario Luis Cuesta en la que le recordaban que el real decreto por el que se regulan las inspecciones generales de servicios de los departamentos ministeriales, de julio de 2005, determina, en su artículo 15, que los inspectores serán seleccionados, mediante concurso de méritos, entre quienes cumplan una serie de requisitos. Entre ellos, el de disponer de una certificación acreditativa de haber superado el curso selectivo sobre el desarrollo de la función inspectora impartido por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP). Al no obtener respuesta, los mismos sindicatos enviaron la nota al ministro, José Manuel Albares, el 17 de marzo. Esta vez, la hicieron llegar, en forma de comunicado, a todo el personal del Ministerio, cerca de 5.000 personas. Por su parte, UGT advirtió de la posibilidad de que el subsecretario, “al no haber tenido en cuenta la advertencia”, pudiera incurrir en un delito de prevaricación administrativa y los funcionarios que participasen en la inspección, “en el de usurpación de funciones públicas”.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores ha asegurado a EL PAÍS que la tarea que realizan los inspectores es puramente asesora, pues su informe contiene una serie de conclusiones y recomendaciones en ámbitos diversos (patrimonio, prevención de riesgos, gestión económico-administrativa y de personal), “que se elevan a los distintos órganos de los que depende la unidad inspeccionada, que a su vez dictan las directrices oportunas para mejorar los servicios. Es decir, la inspección, en sí misma, no tiene consecuencias administrativas directas”, subraya.

El criterio que ha seguido hasta ahora Exteriores, avalado por sus servicios jurídicos, según el mismo portavoz, ha sido que “la función inspectora, como tal, corresponde al órgano que la realiza, la Inspección General de Servicios, a través del personal que tiene en su plantilla”, no a los inspectores. No obstante, agrega, “ante algunas dudas expresadas a la Subsecretaría, se consultó a los servicios jurídicos del Ministerio y se decidió, de momento, suspender la inspección prevista en la Embajada en La Haya para revisar los protocolos de actuación”.

El problema desborda el marco de la Embajada de La Haya, ya que Exteriores no tiene ni un solo inspector con la preceptiva acreditación, a pesar de que el decreto de 2005 daba un plazo transitorio de tres años para resolver esta carencia. Las consecuencias no se limitan a la paralización de las nuevas inspecciones, advierten las fuentes consultadas, sino que se extienden a una probable cascada de recursos de diplomáticos y funcionarios que en los últimos años han sido cesados o sancionados como consecuencia de inspecciones cuya nulidad podrían decretar ahora los tribunales.

En una reunión con los sindicatos, el pasado 23 de marzo, el subsecretario Luis Cuesta reconoció que el Ministerio no contaba con ninguna persona con la acreditación del INAEP y advirtió de la dificultad de tenerla a corto plazo, pues la cobertura de la plaza debe hacerse por concurso público, según fuentes sindicales. No obstante, el alto cargo de Exteriores rechazó la posibilidad de que se declaren nulas las inspecciones realizadas en los últimos años alegando que los afectados no las impugnaron en su momento.

El asunto lo ha destapado, casi de manera colateral, el conflicto en la Embajada en los Países Bajos. Su titular es la diplomática Consuelo Femenía, y el pasado febrero se supo que una auxiliar administrativa, de nacionalidad francesa y con cinco años de servicio, había presentado su renuncia voluntaria. Lo hizo el 31 de octubre después de haber reclamado repetidas veces a sus jefes que no la enviasen a reuniones de alto nivel de organismos internacionales. Se refería al Consejo Ejecutivo de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), un organismo que consideraba de carácter político y fuera de sus competencias como administrativa. El revuelo causado por la renuncia quedó reflejado en una carta de solidaridad del personal laboral, firmada por unanimidad, que mostraba su “profundo malestar” por el “autoritarismo anacrónico” de la cúpula de la legación diplomática.

El 21 de marzo, la embajadora Consuelo Femenía, comunicó de palabra al personal de la legación que la visita del inspector había sido cancelada. Cinco empleados de la Embajada han enviado ya sus declaraciones a la Inspección General de Servicios. Aunque se suspendió la inspección en Países Bajos no sucedió lo mismo con otra realizada, entre el 14 y el 16 de marzo, en la Representación Permanente de España ante la Oficina de Naciones Unidas y otros Organismos internacionales, con sede en Ginebra (Suiza). El diplomático que la hizo tampoco tenía la preceptiva habilitación.