El Constitucional aprobará un plan de choque frente a los 8.000 recursos de amparo que recibe cada año

El Constitucional está ultimando un plan de choque para hacer frente al alud de recursos de amparo que se presentan cada año, alrededor de 8.000. El objetivo es que la respuesta sobre su admisión a trámite o su rechazo pueda darse en un plazo máximo de dos meses. El tribunal tiene ahora mismo acumuladas más de 6.000 impugnaciones de este tipo —en las que se denuncia la vulneración de derechos fundamentales—, y el tiempo de respuesta es muy irregular, puede ser de meses o incluso de años, porque no hay un plazo máximo prestablecido. El propósito del plan de choque —que se pondrá en marcha el próximo día 15 de marzo— no es crear un filtro rápido para rechazar recursos, sino incrementar la seguridad jurídica de los demandantes de amparo, y que reciban una primera respuesta sobre su solicitud sin largos períodos de espera e incertidumbre.

De los 8.000 recursos de amparo que se registran anualmente, sólo se admiten a trámite alrededor de 200. Esta primera decisión, la de la admisión para el estudio del caso denunciado, es muy importante, porque en cierto modo supone un pronóstico favorable al demandante. Al asumir que el asunto planteado requiere un estudio más a fondo, el tribunal está lanzando un mensaje importante, ya que revela que en una primera aproximación ha detectado que la decisión recurrida ha podido lesionar, efectivamente, uno de los derechos que la Constitución proclama en su capítulo primero. Se trata de una parte esencial del texto constitucional, que recoge, entre otros, desde el derecho de reunión y manifestación al derecho a la igualdad, pasando por los relativos a la presunción de inocencia, la inviolabilidad del domicilio, a la información y la libertad de expresión, o a la participación política y el acceso a cargos públicos, o el derecho a la educación y a la tutela judicial efectiva.

En muy buena medida, el Constitucional nació para la mejor protección de estos derechos. Por tanto, el tribunal ha sido siempre muy consciente de su relevancia, lo cual no ha impedido que en algunas fases se haya visto literalmente desbordado por la avalancha de recursos de amparo, en ocasiones al borde del abuso, porque a veces se plantean con plena conciencia de que existen muy pocas, por no decir nulas posibilidades de que prosperen. Frente a ello, el órgano de garantías ha actuado con una política de manga ancha, registrando cuantas peticiones llegan, pero con la consecuencia indeseada de que se producen cuellos de botella que retrasan la primera y básica decisión sobre cada recurso, es decir, sobre la admisión del caso para estudio o el rechazo de plano.

La mayor parte de las demandas que pasan el primer filtro obtienen luego el amparo solicitado, que se traduce en una sentencia favorable. Ello implica la nulidad de la decisión que provocó la vulneración de alguno de los derechos fundamentales del recurrente. Ahora bien, los 200 recursos que el tribunal asume al año suponen poco más del 3% de los presentados. El plan de choque del Constitucional para agilizar si asume o rechaza de plano las solicitudes de amparo no va a significar que prospere un mayor número de ellos. Pero reducirá al máximo el tiempo de espera para esta primera respuesta. El propósito es que la segunda decisión —la relativa a la efectiva concesión o no del amparo, una vez estudiado el fondo del asunto—, no tarde en llegar más allá de un año.

El caso de Alberto Rodríguez, diputado de Podemos que perdió su escaño tras ser condenado por dar una patada a un policía en una manifestación, es un ejemplo de los problemas que genera el tapón existente sobre los recursos de amparo. Rodríguez recurrió en amparo al Constitucional hace más de un año, el 5 de enero de 2022. El tribunal decidió admitir a trámite sus dos recursos —contra la condena penal y contra la pérdida de su escaño, decidida por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet— casi cinco meses después, el 29 de mayo siguiente. Y desde entonces no se ha resuelto ninguna de sus dos impugnaciones. Rodríguez había pedido medidas cautelarísimas para seguir como diputado. El tribunal las rechazó pero abrió una pieza específica para estudiar si adoptaba esa medida una vez oídas las partes. El Constitucional no ha respondido nada al repecto, y ha pasado más de un año y medio desde que Rodríguez tuviera que dejar el Congreso, en octubre de 2021.

Esto ha sucedido en un caso que podría haber afectado gravemente a los equilibrios y a decisiones clave del Parlamento. La reforma laboral, por ejemplo, se aprobó por un solo voto de diferencia, y prosperó porque el diputado Alberto Casero (PP) —ahora procesado por el Supremo por otro asunto— se equivocó al formular telemáticamente el suyo. Casero, a su vez, también recurrió en febrero de 2022 porque no le dejaron cambiar su voto una vez emitido y ratificado por vía telemática. Su recurso fue admitido a trámite cinco meses más tarde, el último julio. Y de momento tampoco se ha dictado sentencia.

La dinámica de retrasos en recursos de esta importancia es lo que pretende evitar el plan de choque. Lo que el tribunal persigue es concentrarse en la elaboración de una doctrina clara sobre asuntos de relevancia constitucional. Para ello se van a simplificar los requisitos de admisión, tomando como referencia los métodos que emplea el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). El expresidente de este organismo, Robert Spano —que terminó su mandato en octubre pasado—, visitó el Constitucional el febrero pasado y mantuvo una reunión de trabajo en la que explicó los métodos que puso en marcha para evitar el colapso de la institución que presidió, un tribunal que recibe decenas de miles de denuncias al año. Basándose en este modelo, el Constitucional va a poner en marcha una nueva herramienta informática. La persona que pida amparo tendrá que rellenar espacios clave de la página, para exponer sucintamente los hechos y citar qué derecho fundamental considera que le fue lesionado.

El tribunal pretende acabar en seis meses con su actual cuello de botella, y que a partir de octubre próximo pueda cumplir su propósito de tardar sólo dos meses en admitir o rechazar los recursos, y un año en dictar sentencia. Nada de esto ocurre ahora. Sin salir del ámbito parlamentario, siguen pendientes de sentencia los recursos del PP y Vox sobre las fórmulas de juramento alternativo utilizadas por diputados de varios grupos para tomar posesión de su escaño en diciembre de 2019. El tribunal admitió a trámite las impugnaciones en abril de 2021, y ahora, cuando se está acabando la legislatura, se sigue a la espera de sentencia.