El Constitucional afronta una primera batería de recusaciones contra su nueva mayoría progresista

Poco más de una semana después de su renovación, el Tribunal Constitucional afronta una batería de recusaciones que, si llegan a prosperar, podrían dejarlo inoperante por una falta de quórum. La primera petición realizada este miércoles, de que la nueva magistrada Laura Díez quede apartada de los recursos relativos a la cuota del 25% de clases en castellano en las escuelas de Cataluña, ya ha prosperado. Y la propia Díez ha decidido abstenerse. Ahora es el turno de Vox, que recusó el jueves a cuatro miembros del tribunal alegando su aparente falta de imparcialidad. Se trata del presidente del órgano, Cándido Conde-Pumpido, y de los magistrados Juan Carlos Campo, María Luisa Segoviano, y la propia Laura Díez, que pertenecen todos al sector progresista.

Si la petición de Vox sale adelante, dejaría al pleno del Constitucional reducido a siete magistrados, por debajo del número necesario para adoptar resoluciones, que se sitúa en ocho. Y aunque hay pocas posibilidades de que las recusaciones se admitan, en el tribunal existe un clima de preocupación ante la posibilidad de que se esté al comienzo de una ofensiva de las fuerzas conservadoras para diezmar el órgano de garantías e impedir que la nueva mayoría progresista empiece a dictar sentencias. El objetivo de dicha mayoría era y sigue siendo que se noten pronto los efectos de los relevos, y que el tribunal pueda ponerse al día con rapidez. No obstante, el prólogo de dicha labor será la resolución de las recusaciones presentadas por el partido ultra.

Antes de las recusaciones de Vox contra el presidente y tres magistrados del tribunal, la Asamblea de la Escuela Bilingüe ya cuestionó a Díez. Esta catedrática de Derecho Constitucional y exasesora del Gobierno de Pedro Sánchez no va a tomar parte en la deliberación y resolución del recurso presentado por PP y Cs contra la ley y el decreto ley impulsados por la Generalitat de Cataluña para que no se aplique la sentencia que establece el uso del castellano en las escuelas catalanas en un 25% de las materias.

La preocupación provocada por estas recusaciones tiene que ver con que el Constitucional está viviendo jornadas de reacomodación en esta nueva etapa que comienza. El órgano de garantías ha quedado compuesto por una mayoría progresista de siete magistrados que ha copado los principales cargos y una sólida posición en las cuatro Secciones y las dos Salas en que se subdivide. Ello ha generado un evidente malestar en la minoría conservadora, que ahora cuenta con sólo cuatro magistrados. Por tanto, se esperaba el inicio de una ofensiva por parte de la derecha política, y la iniciativa de Vox ha dado el primero paso.

El arma de las recusaciones es un instrumento útil para cuestionar al tribunal, aunque luego queden en nada. Las de Vox se formulan en términos muy amplios, pero, aun así, se teme que sean solo el inicio. En primer lugar, se pide apartar a Conde-Pumpido del recurso contra la reforma penal de la sedición y la malversación del Ejecutivo central porque el ahora presidente del tribunal fue fiscal general del Estado con un Gobierno del PSOE. Aunque también se aluden algunos hechos subjetivos, como haber sido calificado en diversos medios de comunicación como “el candidato de La Moncloa”, atribuyéndole una “especial relación con el partido de Gobierno”, en alusión a los socialistas.

La recusación de Juan Carlos Campo abre un filón hipotéticamente más amplio. Vox le cuestiona “haber ocupado cargo público, empleo o profesión habiendo participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito, debido a su condición de exministro de Justicia”. En el tribunal se teme que haber ocupado este cargo impida a Campo participar en varios recursos de leyes que se debatieron en el Consejo de Ministros mientras él formaba parte del mismo. Por ejemplo, en el próximo pleno se deliberará sobre la reforma educativa que impulsó su excompañera en el Gobierno, Isabel Celáa. Pero los recursos en los que más puede cuestionarse su intervención son, obviamente, aquellos relacionados con el departamento de Justicia, del que fue titular.

De momento, Vox no ha situado el listón muy alto con los argumentos que escogidos para presentar sus recusaciones. La que presentan contra la magistrada María Luisa Segoviano se basa solo en unas declaraciones realizadas en un medio de comunicación, en las que afirmaba que las apelaciones relacionadas con el derecho de autodeterminación habría que estudiarlas con detenimiento, ya que este es un asunto complejo.

En cuanto a Laura Díez, también recusada por participar en el recurso contra la reforma penal, se le pide que se abstenga únicamente porque intervino en el dictamen del Consell de Garantíes Estatutàries que avaló la constitucionalidad de la legislación de la Generalitat. Ello implica que la magistrada había formado criterio sobre las cuestiones que ahora van a debatirse en el tribunal. Este asunto supuso la presentación de recursos por parte del PP y Cs, y una cuestión de inconstitucionalidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El ponente de esta sentencia, derivada de una consulta del TSJC al Constitucional sobre sus dudas acerca de la legalidad de la actual normativa catalana, es el magistrado conservador Enrique Arnaldo. En el orden del día del pleno de la semana que viene ya figura una deliberación sobre este asunto, en el que se va a decidir si se admite o no la personación de Òmnium Cultural. De ahí la rápida abstención de Laura Díez, que no tomará parte en este punto de dicha sesión plenaria. Y más adelante formalizará también su retirada con respecto a las mencionadas dos normas de la Generalitat, en las que era ponente, al haber asumido todos los asuntos que tenía asignados su antecesor, Antonio Narváez, uno de los relevados en la reciente renovación del tribunal.