El incierto recorrido del recurso del diputado Alberto Casero

Las posibilidades de que un recurso de amparo del PP sobre la votación de la reforma laboral del pasado jueves en el Congreso sea admitido a trámite por el Tribunal Constitucional son muy elevadas, pero las de que llegue a obtener una sentencia favorable son muchas menos, según coinciden los juristas consultados. El único precedente que guarda similitudes con este caso, el de la sentencia del Constitucional que en 2006 anuló una votación del Parlamento vasco por el error en el registro de un voto telemático, no es directamente equiparable a este.

Aquella deliberación se centró en la falta de comprobación de un supuesto fallo en el mecanismo: la diputada Irene Novales —del PSE, entonces en la oposición— aseguró haber pulsado el “no”, pero su decisión no se computó. Los Presupuestos fueron aprobados por 37 votos a 36, y los letrados de la Cámara atribuyeron el problema a un error de la parlamentaria, que sin embargo no pudo ser verificado. El Constitucional concedió en 2006 el amparo a Novales y anuló la votación, pero como ya habían pasado dos años, y los Presupuestos se habían ejecutado, la sentencia no tuvo efectos.

Limitar derechos

En el caso de la votación de la reforma laboral, el sistema instalado en el Congreso requiere por parte del diputado una acción de confirmación, lo que reduce las posibilidades de que se altere el sentido del voto por un fallo técnico. En el episodio del Parlamento vasco no llegó a contabilizarse el voto de la parlamentaria, mientras que en el que ahora plantea conflicto sí se ha comprobado que el popular Alberto Casero votó. Así, las posibilidades de que el recurso prospere se reducen. En todo caso, el Constitucional subrayó en 2006 que las normas que puedan limitar los derechos de los parlamentarios han de interpretarse de forma “restrictiva”.

Tras lo sucedido el jueves en el Congreso, entre los constitucionalistas consultados por EL PAÍS impera el criterio de que, “si bien el voto telemático puede conducir a controversias, la garantía de su funcionamiento es clave para no permitir correcciones a posteriori, máxime si existe un sistema reforzado de control previo”. De otro modo, se abriría un amplio cauce para incidencias de todo tipo, que en lugar de proporcionar mayor seguridad facilitaría la confrontación permanente entre las fuerzas parlamentarias, que podrían pedir revisar cualquier decisión a la vista de los resultados del primer escrutinio.

Ahora bien, entre los expertos también se menciona que “la Mesa del Congreso podría haberse reunido” para examinar antes de la votación de la reforma laboral la alegación del diputado Casero, otro de los aspectos en los que incide el PP.

Al Constitucional se le acumulan los recursos relacionados con materias parlamentarias. Tiene pendientes las impugnaciones del PP y Vox contra los añadidos de diputados de diversos grupos a las fórmulas de juramento o promesa del cargo y de acatamiento de la Constitución, en el acto constitutivo de las Cortes. Y también el recurso del diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la decisión de la presidenta del Congreso, Mertixell Batet, de retirarle el escaño tras ser condenado por el Tribunal Supremo.