La Fiscalía presenta cientos de recursos contra las rebajas de penas por la ‘ley del solo sí es sí’

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha contabilizado ya más de 700 rebajas de penas a agresores sexuales en aplicación de la ley del solo sí es sí, pero de ellas apenas una decena, las dictadas por el Tribunal Supremo, son, en principio, firmes. El resto pueden ser recurridas ante los tribunales superiores de justicia o ante el propio alto tribunal y la Fiscalía está impugnando la mayoría de esas resoluciones, según confirman fuentes del ministerio público. La Fiscalía General no dispone de datos concretos porque no todas las fiscalías provinciales y autonómicas están informando de sus recursos, pero fuentes de este órgano aseguran que ya se han presentado “cientos” de impugnaciones. Solo en Madrid se han recurrido 62 revisiones de sentencia dictadas por la Audiencia Provincial, según los datos facilitados este miércoles a EL PAÍS por el ministerio público.

El goteo de reducciones de condena derivadas de la ley de libertad sexual no ha parado desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la reforma del Código Penal. Los jueces y fiscales consultados prevén que estas rebajas sigan produciéndose en los próximos meses porque todavía quedan por revisar muchas de las sentencias firmes dictadas con la ley anterior sobre delitos cuya pena ha sido rebajada en la ley de libertad sexual. Aunque jueces y fiscales comparten en algunos casos su criterio —a favor o en contra de las rebajas de pena—, las interpretaciones de unos y otros discrepan en muchos casos desde el inicio del proceso. Así, mientras que la mayoría de los tribunales, incluido el Supremo, están apostando por reducir el castigo siempre que la ley del solo sí es sí lo permita, el fiscal general, Álvaro García Ortiz, ordenó oponerse a la rebaja cuando la pena impuesta en la sentencia también fuera susceptible de imponerse con la nueva ley.

Este es el criterio que está llevando a la Fiscalía a impugnar la mayoría de las reducciones dictadas hasta ahora, señalan fuentes del ministerio público. En el caso de Madrid, donde hasta este miércoles se habían recurrido ya 62 revisiones de sentencias, las fuentes consultadas señalan que la mayoría de las rebajas de penas se han impugnado porque los jueces reducen el castigo impuesto en primera instancia a pesar de que esa pena sigue dentro de la horquilla prevista por la nueva ley para ese delito.

Uno de los casos más habituales de discrepancia entre los tribunales y la Fiscalía se da en aquellos supuestos en los que el agresor había sido condenado a la pena mínima prevista con la anterior legislación, pero la ley del solo sí es sí ha reducido esa pena mínima y los jueces han optado por reducir el castigo para imponer el nuevo mínimo legal. En esos casos, la Fiscalía está recurriendo la rebaja, salvo que la primera sentencia motivara expresamente que había que imponer el menor castigo posible, debido, por ejemplo, a la escasa entidad de los hechos. Pero si, como ocurre en muchos otros casos, el tribunal se limitó a fijar el castigo mínimo sin incluir una motivación reforzada, la Fiscalía está apostando por pelear contra esta rebaja y recurrirla, según fuentes del ministerio público madrileño.

Entre los recursos presentados por la Fiscalía hay también otra casuística habitual que no se refiere a la rebaja de pena, sino a otra previsión incorporada por la ley del solo sí es sí y que no ha sido tenida en cuenta por muchos tribunales: la obligación de retirar la patria potestad a los agresores sexuales de menores, una pena accesoria recogida en el artículo 192 del nuevo Código Penal, pero que muchos jueces han obviado en sus primeras resoluciones. Los fiscales de Madrid, por ejemplo, están recurriendo sistemáticamente estos casos y, aunque todavía no se han resuelto estos recursos, sí que hay tribunales que en sus primeras sentencias no aplicaban esta pena y posteriormente han empezado a hacerlo.

Los recursos presentados por el ministerio público se refieren en la mayoría a revisiones de sentencias dictadas por las audiencias provinciales. Las que se refieren a casos juzgados antes de 2015 van directamente al Tribunal Supremo, ya que la ley no preveía entonces la posibilidad de apelar las sentencias dictadas en primera instancia por las audiencias provinciales. Una reforma legal instauró ese año una doble instancia penal, lo que implica que las revisiones de sentencias posteriores a esa fecha se impugnan en apelación (ante los tribunales superiores de justicia) antes de llegar al Supremo. En el caso de Madrid, la Fiscalía ha presentado esta misma semana el primer recurso ante el TSJ contra una rebaja de pena dictada por la Audiencia Provincial.

Al margen de los cientos de recursos contra las revisiones de sentencias, el ministerio público está impugnando también algunas reducciones de pena que aplican los tribunales en procesos que aún siguen vivos porque no tienen todavía sentencia firme. En estos supuestos, la rebaja se dicta al resolver el recurso de la acusación o la defensa contra la sentencia que condenó al agresor. Esa primera condena se dictó con el antiguo Código Penal, pero al haber entrado en vigor la ley del solo sí es sí antes de que la sentencia sea firme, los tribunales están teniendo que adaptar las penas a la nueva norma. A estos supuestos se refieren todas las rebajas dictadas hasta ahora por el Supremo, donde todavía no ha llegado ningún recurso sobre revisiones de sentencias firmes, pero que tenía sobre la mesa decenas de recursos de casación sobre condenas a agresores sexuales pendientes de resolver. A los tribunales superiores autonómicos están también llegando muchos supuestos similares y, en algunos casos, la Fiscalía está recurriendo la decisión adoptada por los jueces.