El Tribunal Constitucional rechaza 21 recusaciones en el pleno que debía debatir la ley de eutanasia

El Constitucional ha rechazado este martes un total de 21 recusaciones, presentadas por el PP y Vox, en la misma jornada en la que el tribunal hubiera tenido que estar deliberando sobre la ley de eutanasia, de acuerdo con el calendario que el propio órgano de garantías facilitó en enero último. Estas iniciativas, centradas en el intento de apartar a varios magistrados, han impedido que la toma de decisiones se lleve a cabo en los plazos inicialmente previstos. Con todo, el propósito del presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, es que tanto el recurso contra la norma como el de la reforma educativa de la ley Celáa de educación se resuelvan durante el próximo mes de marzo.

Ninguno de los dos borradores de sentencia ha sido aún repartido a los magistrados. El relativo a la ley de eutanasia se empezará a estudiar en el pleno del próximo 7 de marzo, pero se da por seguro que ese día no quedará cerrada la sentencia, que se aprobaría, en su caso, en la siguiente sesión plenaria, a partir del 22 del mismo mes. En este segundo pleno se deliberará sobre la ley Celáa.

El fallo que avalará la vigente ley del aborto —una vez rechazada la ponencia presentada por el magistrado del sector conservador Enrique Arnaldo— está ahora en fase de nueva redacción, encargada a la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y en fuentes del tribunal se estima que quedará aprobado durante el mes de marzo.

De las 21 recusaciones rechazadas en este pleno, 9 fueron presentadas por el PP contra el magistrado Juan Carlos Campo y 7, con igual procedencia, contra la magistrada Laura Díez. En el caso de Campo algunas habrían sido innecesarias, porque el propio magistrado se ha abstenido de intervenir en relación con 19 asuntos, por estar relacionados con su anterior cargo como ministro de Justicia, o con decisiones adoptadas por la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, que es su actual pareja. El rechazo de otras recusaciones se basó en que eran extemporáneas, por haber sido presentadas fuera de plazo.

La ley da 10 días para que se presenten recusaciones, una vez conocida la causa por la que podrían formalizarse. En este caso, el tribunal ha interpretado que la identidad de los magistrados del tribunal ya quedó establecida el día que tomaron posesión de sus cargos, el pasado 9 de enero. Por tanto, quien quisiera cuestionar su imparcialidad tenía posibilidades de hacerlo hasta el 23 de enero pasado, mientras que los correspondientes escritos se presentaron el 31 de dicho mes. Así, las siete recusaciones presentadas contra Laura Díez se rechazaron por haber sido presentadas fuera de plazo. La propia magistrada ya se ha abstenido de participar en los procedimientos abiertos por la legislación catalana contraria al 25% de presencia del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana.

El tribunal también ha rechazado las cuatro recusaciones presentadas por Vox contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y los magistrados Juan Carlos Campo, Laura Díez y María Luisa Segoviano. En este caso ha primado la consideración de que el Tribunal Constitucional tiene que velar siempre por la continuidad de su labor, que se vería impedida en el caso de que cuatro magistrados tuvieran que apartarse, por supuesta falta de imparcialidad. En su resolución, el órgano de garantías reitera su doctrina jurisprudencial, en virtud de la cual cada recusación de cuatro o más magistrados supondría, en caso de tramitarse, una paralización inaceptable de las funciones del tribunal, por lo que su prioridad debe ser “salvaguardar el ejercicio de su propia jurisdicción”.

Para el próximo pleno, ya en el próximo mes de marzo, quedan aún por resolver otras 44 recusaciones, estas presentadas por Vox contra los cuatro magistrados citados y en relación con once recursos. En principio, tienen el mismo pronóstico negativo que las anteriores, dado que, de prosperar, dejarían al tribunal sin quórum. El Constitucional actúa ahora con 11 magistrados —sigue vacante la plaza de Alfredo Montoya, que dimitió por razones de salud— por lo que en caso de ser apartados cuatro de sus componentes, el pleno se quedaría con siete integrantes, cuando el mínimo para tomar decisiones es de ocho, equivalente a los dos tercios de sus miembros naturales.