PP y Vox presentan un total de 65 recusaciones contra cuatro magistrados del Constitucional

El PP y Vox han presentado en total 65 recusaciones dirigidas contra cuatro magistrados del Tribunal Constitucional, todos ellos pertenecientes a la nueva mayoría progresista. El órgano de garantías tiene el propósito de evitar el atasco que esta cadena de iniciativas de las fuerzas políticas del centroderecha puede suponer para la actividad que tenía previsto desarrollar en las próximas semanas. No obstante, van a ser inevitables varios retrasos, porque la existencia de recusaciones implica la paralización de los procedimientos a los que estas se refieran hasta que se haya decidido aceptarlas o rechazarlas. Por ejemplo, los recursos presentados contra la ley de eutanasia, que debían ser analizados en el pleno del próximo día 21, no han podido mantenerse en la agenda del tribunal, lo que impedirá que pueda pronunciarse en breve sobre este hecho.

Para tratar de favorecer una resolución escalonada de las recusaciones y evitar, así, grandes aplazamientos y demoras, el Constitucional se dispone a discutir y resolver en este próximo pleno 17 escritos de los formalizados por el PP y cuatro de los que provienen de Vox. En el caso del PP, nueve de sus recusaciones se dirigen contra el exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y ocho contra la exasesora de la Presidencia del Gobierno y de la Generalitat, Laura Díez. Los populares cuestionan su imparcialidad debido a sus anteriores cargos. En función de dichas responsabilidades pudieron haber conocido y formado criterio sobre los recursos que presentaron contra diversas leyes o decretos-leyes. Los recursos de Vox, por su parte, se dirigen contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y contra Campo, Díez y la magistrada María Luisa Segoviano. Por tanto, son 21 las recusaciones que el Constitucional tiene el propósito de resolver en el pleno de la próxima semana.

En el previsto para el 7 de marzo, se debatirán las impugnaciones presentadas por Vox en relación con 11 de sus recursos. Como los recusados son cuatro magistrados en cada caso, en total las recusaciones se elevan a 44, todas ellas dirigidas nuevamente contra Conde-Pumpido, Campo, Díez y Segoviano. En dos plenos consecutivos, por tanto, el Constitucional pretende resolver las 65 recusaciones.

A pesar de la rapidez con la que el tribunal quiere afrontar esta ofensiva de recusaciones, las previsiones del órgano de garantías se van a ver alteradas. El Constitucional pretendía resolver antes de Semana Santa recursos tan relevantes como los relativos a la ley de eutanasia y a la reforma educativa de la ley Celáa, que incluye entre los asuntos impugnados el tratamiento de las lenguas cooficiales en la escuela.

Esta cuestión se plantea también en los recursos presentados por el PP y Ciudadanos contra la legislación de la Generalitat que persigue evitar el uso del 25% de castellano como lengua vehicular en la actividad docente en Cataluña. Fuentes del Constitucional subrayan que como, a veces, las recusaciones se repiten sobre un mismo asunto, se calcula que en este momento la paralización afecta a unos 25 recursos y que, dados los efectos suspensivos de este tipo de iniciativas, cada uno de estos procedimientos no podrá continuar hasta que se resuelvan las respectivas impugnaciones.